Puigdemont revela en una cena que ya tienen las urnas para el 1-O

El presidente de la Generalitat también aseguró que la ley catalana para ampararlo será registrada esta misma semana en el Parlament

El nuevo planteamiento del Govern pasa por imponer la ley del silencio en todo lo referente a los preparativos del referéndum anunciado para el 1 de octubre con el objetivo de no dar pistas al Gobierno, y que, por ende, pueda frustrar los planes independentistas. No obstante, todo apunta a que, precisamente, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha sido el primero en saltarse esta directriz. Según avanzó ayer el diario «Ara», en una cena junto a analistas y políticos, el president confesó que su Ejecutivo ya dispone de las urnas.

La información, además, no fue desmentida por el portavoz del Govern, Jordi Turull, en la rueda de prensa semanal que se hace tras la reunión del Consell Executiu. «No nos pasaremos el día desmintiendo o no cosas. El president dice lo mismo de siempre. El 1 de octubre tendremos urnas. Se trata de trabajar al máximo para llenar estas urnas y no por otras cuestiones», explicó el también conseller de Presidencia, sin aclarar si ya disponen de los recipientes. Al encuentro, según se detalla en la información, acudieron el delegado de la Generalitat en Madrid, Ferran Mascarell; el catedrático en Derecho Constitucional, Javier Pérez Royo; el secretario general del Diplocat, Albert Royo; el escritor Suso Toro y el politólogo, Ramon Cotarelo –todos ellos favorables al derecho a decidir de Cataluña–.

Asimismo, el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, se alineó con la tesis de Turull, y tampoco desdijo la filtración. «Habrá urnas y haremos todo lo posible para que estén llenas de votos. La democracia es el único camino posible», aseguró. Si bien, Turull dejó un margen para la duda al respecto, ya que precisó que cuando se complete el itinerario de la compra de las urnas, el Govern lo informaría. Además, en este sentido, el Gobierno catalán todavía no ha abierto ningún proceso administrativo para llevar a cabo esta adquisición, aunque tiene vías para hacerlo sin tener que publicitarlo. Este sería el caso si iniciase un proceso negociado, que permitiría mantener el contrato sin publicidad.

De confirmarse esta noticia, el Govern podría tachar un elemento capital de su listado de cosas pendientes, y que se había ido complicando, después de que fracasara el proceso de homologación de empresas, tras declararse desierto el concurso. Pese a este revés, le costó una querella a la consellera de Gobernación, Meritxell Borràs, y al secretario general del departamento, Francesc Esteve. Si bien, el Gobierno catalán todavía tiene pendiente aclarar cómo conseguirá elaborar un censo electoral.

Por otro lado, en la misma cena, Puigdemont también reveló que a lo largo de esta semana registraría en el Parlament la Ley del referéndum, aunque esto no significaría que se admita a trámite. Y es que precisamente, la agenda independentista llega cargada estos últimos días de julio. En primer lugar, hoy se votará la reforma del reglamento del Parlament, que permitiría aprobar vía «exprés» las leyes de desconexión. Esta reforma, que contará con los votos de Junts pel Sí y la CUP, posibilitará que las proposiciones de ley se puedan aprobar por lectura única, y por tanto, los independentistas confían en que pueda impedir que el Tribunal Constitucional pueda suspenderlas, ya que servirían para transitar de la legalidad española a la catalana.

En segundo lugar, según han ido dejando entrever algunos dirigentes independentistas estos días, la Ley de transitoriedad jurídica –la que generará un marco legal catalán en caso de que gane el «sí» a la independencia el 1-O– se presentará a finales de esta semana o a principios de la próxima. En todo caso, será antes de que concluya el mes de julio.

Ahora bien, al respecto de esta norma existen divergencias notables entre el separatismo, ya que ERC y la CUP apuestan por aprobarla antes del 1 de octubre, mientras que el PDeCAT prefiere que sea después. Republicanos y anticapitalistas abogan por tramitarla previo al referéndum para que así no haya margen para modificarla según los resultados que se den en el plebiscito. De esta forma, ambas formaciones precisan que la ley entraría en vigor en caso de que ganara el «sí» el 1de octubre.