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Puigdemont prepara la asamblea de cargos electos por si le suspenden

Alcaldes independentistas serían los encargados de asumir la celebración del 1-O

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Toni Bolaño Barcelona.

Tiempo de lectura 4 min.

10 de septiembre de 2017. 05:37h

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Presión. Esta es la consigna de los soberanistas de aquí al 1 de octubre. El pistoletazo de salida lo dio el viernes por la noche el propio Carles Puigdemont cuando hizo un llamamiento a «mirar a los ojos» a los alcaldes que se han negado a ceder locales para el referéndum ilegal. El presidente catalán instó a los ciudadanos «a no dejarse engañar por aquellos que no moverán un dedo para que puedan votar». Lo hizo en un acto de la Asamblea Nacional Catalana en Sant Joan Despí, un municipio que no cederá locales. En ese mismo acto, intervino Xavier Vendrell, ex secretario de organización de ERC, en el que lanzó amenazas a los alcaldes. Miquel Iceta, el primer secretario del PSC, criticó estas declaraciones y auguró que esto «acabará en insultos y amenazas». Esto es lo que le sucedió ayer a José Montilla, ex presidente de la Generalitat que tras una entrevista en Cataluña Radio fue calificado de «traidor» en las redes sociales por no dar cobertura al referéndum.

El primer movimiento de la presión tuvo un objetivo muy claro: Ada Colau. A través de change.org, los independentistas reclaman «alcaldesa, queremos poder votar el referéndum en Barcelona». En la misiva, los peticionarios afirman que «están llamados a votar en un referéndum de autodeterminación» porque «votar es democracia y no dejar votar con normalidad es otra cosa, que una alcaldesa de Barcelona, escogida democráticamente, no se puede permitir». Para concluir exigiendo a Colau que «no dé más excusas y ponga en marcha todos los procedimientos y medios para la realización del referéndum».

Este es el criterio de la presión: o dejas votar o no eres demócrata. Esto es lo que han tenido que escuchar algunos de los alcaldes que se han pronunciado contra el referéndum como el de Mataró, Guimenells, Lleida, Tarragona, y un largo etcétera. Unos ayuntamientos junto al de Barcelona que concentran más de la mitad de la población catalana. De hecho, esta campaña no es nueva. «Señalémoslos» ha sido una constante por parte de la CUP, y en las redes sociales los dirigentes constitucionalistas han sido objeto de insultos y ataques, al igual que los periodistas que han osado no plegarse al pensamiento único y oficial. «Los que piden señalar a los que no participamos del Govern, estarán contentos. Mucho ánimo compañeros», decía ayer en un tuit, Inés Arrimadas, la líder de Ciudadanos.

Tras la aprobación de la ley del referéndum y la de transitoriedad, y la firma del decreto de convocatoria, el gobierno las ha recurrido. El Constitucional ha suspendido la convocatoria y las normas que le daban cobertura. Por su parte, la Fiscalía ha presentado querellas contra el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y todos los miembros de su gobierno y contra miembros de la mesa del Parlament. En paralelo, la Fiscalía también ha ordenado a Mossos, Guardia Civil y Policía Nacional que impidan el referéndum ejerciendo funciones de policía judicial interviniendo los objetos que puedan ser constitutivos de delito.

En este contexto, los independentistas están a la espera. Mantendrán un tono bajo ante la ofensiva judicial del Estado, porque todavía no se han concretado las querellas ni se han producido inhabilitaciones, priorizando su actuación en torno al 1-0. Por un lado, ejerciendo presión a los alcaldes díscolos y, por otro, garantizando tener el operativo –urnas, papeletas, censo– preparado para la fecha marcada. Por eso, ayer cuando la Guardia Civil entró en el diario El Vallenc, el independentismo se movilizó contra la Benemérita, «un cuerpo de jerarquía militar», afirmó La Vanguardia, obviando que actuaba como policía judicial. El movimiento independentista se lanzó a las redes sociales considerando el registro una injuria y de «cercenar la libertad de expresión». Sin embargo, el movimiento más criticado fue la posición del Colegio de Periodistas que condenó el registro del diario cuando afirmó en un tuit que «la información y el periodismo es un derecho fundamental para la democracia». No debió pensar lo mismo el Colegio al no abrir la boca tras el linchamiento público del director de El Periódico tras publicar la información en la que afirmó que la CIA había informado a los Mossos de la posibilidad de atentado.

En este contexto, Puigdemont ha decidido seguir agitando al movimiento independentista centrando todos sus esfuerzos en la celebración de una gran Diada para «desbordar» al Estado, mirando de reojo al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que lo investiga por desobediencia, malversación de caudales públicos y prevaricación. Las penas a las que se enfrentan van desde el pago de fianzas hasta la suspensión cautelar en sus funciones, e incluso la inhabilitación de un máximo de 20 años. Pero, mientras estas actuaciones no se concreten los soberanistas van a primar la presión a los alcaldes y al conjunto de la sociedad no partidaria del referéndum. Si el TSJC actúa y el movimiento soberanista es descabezado, se recuperará lo previsto: la convocatoria del consejo de electos, que sustituirá al Parlament de Cataluña convirtiéndose en una cámara paralela.

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