Cataluña

Puigdemont se plantea regresar a España si es investido «president»

De ese modo, el Estado debería detener a un presidente elegido por el Parlament si fuera el caso

El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. EFE/ Stephanie Lecocq
El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. EFE/ Stephanie Lecocqlarazon

El expresidente de la Generalitat se plantea regresar a Cataluña después de una investidura telemática sin moverse de Bélgica, opción que ha vetado hoy la oposición al soberanismo.

El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, se plantea regresar a Cataluña después de una investidura telemática sin moverse de Bélgica, una opción que ha vetado hoy la oposición al soberanismo, sin descartar recurrir al Tribunal Constitucional si fuera necesario.

A nueve días del pleno de constitución del Parlament, los soberanistas mantienen contactos discretos para configurar la Mesa del Parlament, cuya presidencia no quieren dejar en manos de Ciudadanos -ganador de las elecciones-, y el Govern de la Generalitat, con la voluntad de volver a investir a Carles Puigdemont.

Al presidente cesado le espera una orden de detención cuando pise territorio español, por lo que JxCat baraja la posibilidad de una investidura telemática.

Fuentes del entorno de Puigdemont han aseverado que estaría dispuesto a regresar, como ya prometió durante la campaña electoral, pero querría hacerlo como presidente electo, después de la investidura, consciente de que en ese contexto su detención tendría mayor repercusión internacional.

Desde ERC, el dirigente Roger Torrent ha dicho que son los letrados del Parlament los que deben definir si una eventual investidura de Puigdemont a distancia, por vía telemática, se ajusta al reglamento de la Cámara.

Sin perjuicio de que pueda pedirse un informe a los letrados, JxCat considera en todo caso que la decisión última debe recaer en al Mesa del Parlament que se escogerá el próximo día 17 de enero.

Por su parte, el coordinador general del Partido Popular, Fernando Martínez-Maíllo, ha asegurado que su formación recurrirá a la Justicia cualquier modificación o interpretación del Reglamento del Parlament que tenga como fin hacer viable una investidura telemática de Carles Puigdemont, algo que supondría un “absurdo, un sinsentido y una barbaridad”.

“Es tan surrealista como todo lo que se ha hecho últimamente, pretender hacer una investidura telemática es un absurdo y es reírse del conjunto de los ciudadanos”, valoró el coordinador general de los populares, al tiempo que sentenció que si Puigdemont no vuelve a España es porque “no quiere”.

Además, remarcó que el Reglamento de la Cámara no permite esta posibilidad y advirtió de que si se modifica o interpreta infringiendo su propio articulado, “el PP estará muy atento” y recurrirá “a donde tenga que recurrir” para anular cualquier decisión que tenga como objetivo el incumplimiento de este texto.

Maíllo defendió que en este momento corresponde a la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, cumplir con “la obligación” de hablar y negociar con el resto de formaciones tras haber ganado los comicios autonómicos. “¡Se tiene que mover, tiene que mover ficha!”, exclamó, al tiempo que celebró que “parece que ha empezado a rectificar”.

En su opinión, sí hay “posibilidades” de que se conforme un Gobierno constitucionalista, habida cuenta de que hay 8 diputados “que no se sabe si van a asumir su acta o no o si van a ir al Parlament porque están en prisión o fugados”. Por ello, insistió en que “mientras las haya (posibilidades), hay que intentarlo”.

Además, avisó de que sería un “desastre” para Cataluña y el resto de España que haya que convocar nuevamente a los catalanes a las urnas y recordó que el artículo 155 de la Constitución finalizará cuando se constituya un nuevo Gobierno. “Si es constitucionalista mejor, y se puede ser independentista, pero por los cauces legales”, comentó.

“Lo que sí sabe todo el mundo es que el Estado en su conjunto tiene capacidad para defenderse, para defender el Estado de Derecho y tomar decisiones que garanticen la igualdad de todos los ciudadanos”, dijo sobre la aplicación de este precepto de la Constitución.

También el líder del PSC, Miquel Iceta, ha rechazado la posibilidad de una investidura "telemática u holográfica", ya que el próximo presidente de la Generalitat debe estar en Cataluña.

Tampoco Ciudadanos aprueba la investidura telemática y hoy su presidente, Albert Rivera, ha reivindicado la presidencia de la Mesa del Parlament para su candidato, José María Espejo-Saavedra, a quien el PSC no tendría inconveniente en apoyar.

Ciudadanos tratará de recabar el apoyo de los comunes en una reunión prevista para mañana, aunque Rivera ya ha reconocido que será prácticamente imposible contar con su respaldo.

Además, para JxCat es clave que el independentismo tenga el control de la Mesa, más aún cuando consideran que debe interpretar el reglamento para la eventual investidura telemática, por lo que apuestan por que repita Carme Forcadell.

La actual presidenta del Parlament y diputada electa de ERC aún no ha confirmado que desee repetir en el cargo pero, si al final rechazara, le corresponde a su partido proponer otro candidato.

Mientras, los apoderados realizan estos días los trámites para que los diputados obtengan el acta, un trámite que no necesariamente tiene que hacerlo presencialmente el electo, en un momento en el que tres están en prisión -Oriol Junqueras, Joaquim Forn y Jordi Sànchez- y cinco en Bélgica -Carles Puigdemont, Clara Ponsatí, Lluís Puig, Meritxell Serret y Antoni Comín-.

En este contexto, el portavoz de Demòcrates y diputado electo de ERC, Toni Castellà, ha afirmado que vería "lógico"que los exconsellers en Bruselas que han sido elegidos diputados renuncien a su acta, con la excepción de Carles Puigdemont, para así asegurar la mayoría independentista en el Parlament.

En una entrevista en el programa "Els Matins"de TV3, Andreu Van den Eynde, abogado de Oriol Junqueras, ha asegurado que el líder de ERC "asumirá la credencial de diputado"del Parlament y tiene el propósito de pedir su traslado a una cárcel catalana para poder ejercer sus responsabilidades políticas.