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Colau se suma a las mentiras del procés

Firma con Puigdemont y Junqueras una carta llena de trampas para pedir diálogo al Rey y Rajoy

M.E. /R.E./ A.M. .  Barcelona.

Tiempo de lectura 5 min.

16 de septiembre de 2017. 02:19h

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La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha pasado en las últimas horas de mantenerse al margen del desafío soberanista a plasmar su firma en una carta donde -junto al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el vicepresidente de la misma, Oriol Junqueras- pide diálogo al Rey Felipe VI y al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy con argumentos falsos y saltándose la debida lealtad institucional, pues ha sido remitida previamente y publicada en un diario extranjero («Financial Times»). Además, hoy recibirá a los 700 alcaldes citados bajo amenaza de detención y cruzará con ellos la plaza Sant Jaume hasta el Palau de la Generalitat, donde serán recibidos por Puigdemont. «Contra la intimidación y la judicialización, todo el apoyo desde Barcelona a los 700 alcaldes investigados por el #1-O. Hacen falta soluciones políticas ya», sostenía en su cuenta Twitter la alcaldesa. El acto, organizado por la Asociación de Municipios por la Independencia (ACM) y la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), ambas querelladas, recuerda al que protagonizó Artur Mas, antes del 9-N. Estas son algunas de las falacias de las que se valen los líderes pro referéndum para blanquear el 1-O de cara a la opinión pública internacional.
«El Tribunal Constitucional tumbó el Estatuto»

La misiva hace referencia al actual Estatuto de Autonomía de Cataluña como si fuese una ley que después de haber sido votada por todos los ciudadanos –algo que sí ocurrió– hubiera sido posteriormente «tumbada» en su totalidad por el Tribunal Constitucional. Sin embargo, el Estatut sigue vigente, cuenta con el respaldo de la Carta Magna y sólo 14 de sus artículos fueron declarados inconstitucionales por el Alto Tribunal.

«Amenazas a medios de comunicación»

Todos los medios de comunicación pueden informar con libertad sobre las cuestiones relativas o que rodean el referéndum. Sin embargo, según la literalidad de la carta pudiera parecer que se ha coartado el derecho de información desde el Estado, al que se le acusa de una «ofensiva de represión sin precedentes». La realidad es que la Fiscalía ha exigido explícitamente a todos los medios catalanes que no den difusión a la publicidad institucional relativa al referéndum, por ser considerado un acto de desobediencia y por hacer público un acto declarado ilegal por el Tribunal Constitucional.

«Detención del 75% de los alcaldes de Cataluña»

Puigdemont, Junqueras y Colau aseguran que se ha producido «la detención del 75% de los alcaldes de Cataluña», un hecho que no se ha llevado a cabo. Por el contrario, la Fiscalía ha dado instrucciones de citar a declarar a los regidores que están a favor de participar en el 1-O. La mayoría de estos ediles ha mostrado su disposición de acudir a explicar su vinculación con el referéndum, a excepción de los de la CUP. Por ello, es inverosímil que se plantee la detención del «75% de los alcaldes», una actuación que sólo se llevaría a cabo en caso de que no se presenten en la sede judicial en la que han sido requeridos.

«El Estado impide actos públicos»

El Gobierno mantiene una política permisiva en cuanto a los actos en favor del referéndum, enmarcándolos en la libertad de expresión y sólo ha intervenido cuando estos estaban previstos en locales de titularidad pública. En recintos privados, como la apertura de la campaña el jueves en Tarragona o el acto previsto en Madrid el domingo no se ha intervenido. El único acto público que no se ha podido celebrar ha sido una conferencia de la portavoz de la CUP, Anna Gabriel, en Vitoria, que fue impedido por un juzgado de la ciudad por entender que daba continuidad a la comisión de un delito y que, en todo caso, se produjo con posterioridad al envío de la misiva, por lo que no se conocía en el momento de su redacción.

«Politización del Constitucional y el Poder Judicial»

Puigdemont, Junqueras y Colau afirman que el Gobierno «ha politizado órganos que tendrían que ser independientes», citando al Tribunal Constitucional y «otros estamentos del Poder Judicial» como ejemplos de esta práctica. Cabría puntualizar que el Constitucional no forma parte de un estamento del Poder Judicial y que el Gobierno no ha adoptado ninguna medida que afecte a este órgano. El Ejecutivo tampoco ha «politizado» otros órganos judiciales, pues en España rige la separación efectiva entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial.

«Convocar un referéndum no es nunca un delito»

Los firmantes de la carta señalan que «el Código Penal español confirma que convocar un referéndum, aunque sea sin acuerdo, ya no es delito». Sin embargo, lo que se les imputa a los responsables catalanes no es la convocatoria en sí, sino el incumplimiento de la ley en el que han incurrido –delitos de desobediencia, prevaricación y malversación– para llevarla a cabo.

«Apoyo incuestionable de la sociedad al referéndum»

Puigdemont, Junqueras y Colau se vanaglorian en su misiva de que «el apoyo de la sociedad catalana a la celebración de un referéndum es incuestionable desde todos los puntos vista». Sin embargo, según el último CEO catalán (la encuesta del Centre d’Estudis d’Opinió de la Generalitat) la independencia pierde adeptos: 49,4% de catalanes rechaza la independencia de Cataluña, por el 41,1% que la avala. Solo un 67,5% participaría en el referéndum.

«Un diálogo abierto y sin condiciones»

Los firmantes demandan «un diálogo abierto y sin condiciones al Estado», pero la celebración de un referéndum de autodeterminación es un requisito al que la Generalitat no está dispuesta a renunciar en su interlocución con el Gobierno, lo que ha impedido que el diálogo se produzca de una forma normalizada y fluida. Además, Moncloa invitó al propio presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a acudir al Congreso de los Diputados para exponer su proyecto independentista. Sin embargo éste declinó acudir, ya que su comparecencia debía llevar aparejada, según el reglamento de la Cámara Baja, una votación posterior en la que los grupos parlamentarios se pronunciaran sobre si están o no a favor del referéndum.

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