«¿Querido mío, tiene agua el cántaro?»

Las conversaciones entre el ex gerente del PP de Madrid y un empresario revela parte del «modus operandi» de la presunta financiación ilegal de las campañas de 2007 y 2011.

«Querido mío, tiene agua el cántaro? Mis obligaciones me aprietan Ab.» «ya se puede escuchar el rumor del agua. Espero que esta semanilla. Te llamo». Estas frases corresponden a una conversación, mantenida el 30 de noviembre de 2010 a través de correos sms, entre Beltrán Gutiérrez, ex gerente del PP de Madrid y Óscar S. M., administrador único de dos empresas que habrían contribuido a financiar a los populares para los comicios autonómicos de 2011, y donde se pondría de manifiesto «demandas de dinero y entregas del mismo», según consta en un informe policial del sumario del «caso Púnica».

Con ello, se trataría de facturar por servicios inexistentes al objeto de «enmascarar gastos ocasionados» por ese partido en campañas electorales. Pocos días después apareció la «lluvia». Así, el empresario interpela al ex gerente popular el día 2 de diciembre: «¿Llueve? Pq la sequía es importante a día de hoy», a lo que el interlocutor responde con un significativo: «Ven a por agua». Se habría producido en ese momento el pago por facturas inexistentes.

Esto vendría a formar parte del «modus operandi» de la presunta financiación ilegal de este partido en distintas campañas electorales, en concreto, las de 2007 y 2011, donde se superaba ampliamente el máximo permitido por la Ley y donde una parte sustancial de lo destinado a los gastos electorales se obtenían de un modo opaco y sin declararlo a Hacienda. Los documentación incautada a Beltrán Gutiérrez ha sido decisiva para establecer los parámetros que se seguía.

Con los datos obtenidos, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha establecido una especie de metodología que habría seguido el PP para esa financiación ilegal, según consta en uno de los informes del «caso Púnica», al que ha tenido acceso LA RAZÓN. Así, la UCO parte de que el análisis de Ia documentación incautada a Beltrán Gultiérrez revela «numerosas irregularidades de la normativa electoral y de financiación de los partidos políticos y ha evidenciado una contabilidad B de gastos e ingresos relacionados con la celebraciôn de numerosos comicios electorales».

Esas irregularidades se producirían a través de cuatro apartados bien diferenciados. Así, una parte para esos gastos electorales procedería de ingresos en efectivo de procedencia desconocida y abonos en efectivo a proveedores de campana por encima del millón de euros. Junto a ello, el PP de Madrid contaría con una «caja B» para pagar a proveedores de servicios electorales.

Un papel relevante lo habría desempeñado la Fundescam, la fundación vinculada al PP de Madrid, donde los «donantes» realizaban ingresos que se destinaban, al menos una parte de ellos, a las campañas electorales de los populares. De esta forma, señala el informe policial, se habría utilizado la mencionada fundación «para pagar a proveedores de servicios electorales, contraviniendo que los partidos no pueden aceptar que terceros asuman de forma efectiva el coste de sus adquisiciones de bienes, obras o servicios o cualesquiera otros gastos que genere su actividad. La fundación, a su vez, para financiar estos pagos se habría servido de aportaciones de empresarios a la misma por un importe cercano a los 350.000 euros, así como desvío de fondos dimanantes de subvenciones públicas concedida par Ia Comunidad de Madrid, así como, en alguna ocasión, dinero procedente de un Convenio con la Fundación Caja Madrid.

Junto a lo anterior, se alude igualmente al uso de la cuenta «de funcionamiento del partido para pagar de manera encubierta gastos electorales por un importe cercano a los 600.000 euros», así como al pago de deudas a proveedores de campaña cuatro meses después de Ia finalización de los comicios electorales, por encima de los 800.000 euros, que era el tope máximo fijado.

Así, en relación con Fundescam no son pocas las referencias a ingresos que, posteriormente, se desviarían para gastos electorales. Como ejemplo, la UCO considera «muy significativas» las referencias de importes abonados con facturas que serían emitidas a otras entidades que no serían el Partido Popular de Madrid, en concreto a la fundación vinculada al mismo, por un importe total de 37.700 euros, «pero que, sin embargo sirve para reducir Ia deuda del Partido con el proveedor».

La «caja» reveladora

Junto a ello, los investigadores localizaron otro archivo contable, denominado «caja 07-08» eI cual reflejaría a juicio policial, la existencia de una «caja B» controlada por el gerente del partido, el mencionado Beltrán Gutiérrez –en cuyo domicilio se incautó el pendrive que contenía esos datos–, que se nutre de fondos opacos y que se destina al pago de proveedores de campaña».

Ese archivo contable llega a cuantificar más de un millón de euros en entradas de dinero en efectivo –1.014.375,00 euros– , así como un pequeño fragmento donde aparece consignado la salida de 200.000 euros, asociadas a una siglas que podrían corresponder a una empresa de comunicación.

La conclusión a la que llega la UCO tras analizar toda esas documentación contable es más que significativa: «Sería demostrativo de cómo personas vinculadas con el Partido Popular de Madrid estuvieron abonando gastos electorales bien a través de empresas interpuestas o lo hicieron en efectivo directamente a los proveedores de campaña, llevando la contabilidad de esos ingresos y de esos pagos el por entonces gerente del Partido Popular de Madrid –Beltrán Gutiérrez Moliner–, el cual figura como autorizado en numerosas cuentas corrientes del Partido Popular y también de Ia Fundación para el desarrollo económico y social de Ia Comunidad de Madrid (FUNDESCAM)».

El secretario general del PP de Madrid tenía en esos años a Francisco Granados como secretario general eIgnacio González fue director de campaña.