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Rafael Catalá: «Si son 700 alcaldes los que cometen un delito serán 700 los que irán a juicio»

El ministro de Justicia insiste en que el 1-O no habrá referéndum en Cataluña y hace un llamamiento a la Generalitat para no crear tensiones «enfrentando a unos catalanes con otros».

  • Rafael Catalá
    Rafael Catalá / Cipriano Pastrano
F. Marhuenda/ R. Coarasa. 

Tiempo de lectura más de 10 min.

17 de septiembre de 2017. 18:51h

Comentada
F. Marhuenda/ R. Coarasa.  17/9/2017

A sólo dos semanas del 1-O, el ministro de Justicia recibe a LA RAZÓN unas horas después de la oferta de diálogo que ha hecho llegar Puigdemont al Gobierno, en pleno desafío contumaz a la legalidad, y de que el Consejo de Ministros haya dado luz verde a la intervención de los pagos de la Generalitat. Rafael Catalá insiste en que el referéndum soberanista no se celebrará y asegura que la mano del Gobierno está tendida, salvo para negociar una votación para trocear España.

–Tras los reiterados incumplimientos de la legalidad, ¿cómo califica la oferta de diálogo de Puigdemont?

–Si algo hemos intentado desde el Gobierno es abrir líneas de diálogo con la Generalitat. Nos hemos ocupado de los problemas reales de los catalanes: de pagar las pensiones, las nóminas, las facturas y de garantizar que los servicios públicos se siguen prestando durante este tiempo en el que la Generalitat ha abandonado sus responsabilidades con el único objetivo de trabajar por la independencia. Por lo tanto, en este momento en el que se ha impedido el diálogo y la negociación en el Parlament, cuando están incumpliendo todas las obligaciones que como gobernantes tienen, que se invoque al diálogo, si no fuese un asunto tan importante yo diría que es una broma. Es el intento de buscar una salida y blanquear una posición contraria a la democracia y al interés de todos los catalanes.

–¿Se ha continuado dialogando con la Generalitat incluso durante estos últimos días de mayor crispación?

–Siempre. Permanentemente. Pero si el diálogo está asociado a hacer un referéndum nunca vamos a poder dialogar. El Gobierno de España, sea el que sea, tiene la obligación de cumplir la Constitución y el resto del ordenamiento y eso significa que no se puede celebrar nunca un referéndum por la independencia. Dialogar exigiendo que del diálogo forme parte ese referéndum es hacerlo imposible desde el inicio. Estamos dispuestos a dialogar de todos los problemas. Hasta hemos abierto la hipótesis de una reforma de la Constitución y del Estatuto de autonomía, ¿por qué no? Pero siempre y cuando esté dentro del marco constitucional.

–¿Por qué se permitió el acto de inicio de campaña pese a la suspensión del referéndum acordada por el Constitucional?

–Hemos dicho desde el primer día, y creo que lo estamos acreditando, que vamos a hacer uso de toda la fuerza que tiene el Estado de Derecho para impedir que se cometan delitos. Nuestra firmeza va a ser absoluta. Dicho esto, lo que no vamos a hacer es caer en ninguna trampa de provocación de altercados de orden público o cualquier tipo de revuelta ciudadana. Esto tiene un cauce jurídico, pero también hay que apelar a la responsabilidad de la Generalitat y del Parlamento de Cataluña para no provocar enfrentamientos entre catalanes. No nos parece que ésa sea la solución.

–El anuncio que ha hecho la alcaldesa de Barcelona de facilitar la votación, ¿puede acarrear también consecuencias penales?

–Todavía no hemos sido capaces de entender qué significa esa colaboración. Si supone ceder locales estará incurriendo en una ilegalidad. Si se reduce a hacer un discurso favorable, eso es libertad de expresión. Si a todos los alcaldes ya se les ha notificado que no pueden colaborar con un referéndum que ha sido declarado ilegal, la alcaldesa de Barcelona, como uno más, no puede colaborar con la comisión de una acción delictiva y, si lo hace, tendrá que asumir las responsabilidades que se deriven.

–A día de hoy, ¿cree que hay motivos para que el Gobierno inste al Tribunal Constitucional la suspensión de Puigdemont?

–Las opciones que nuestro ordenamiento prevé son varias y se puede llegar incluso a la inhabilitación. Hay una escala gradual y no hay que descartar ninguna medida para garantizar algo tan básico y esencial en una democracia como que la ley se cumpla y las sentencias se apliquen.

–¿Hasta donde está dispuesto a llegar el Gobierno?

–Vamos a utilizar todos los mecanismos que una democracia tiene para garantizar que la ley se cumpla. ¿Qué leyes se cumplen y cuáles no se cumplen? ¿Es que hay leyes o sentencias de los tribunales que si no se cumplen se puede mirar para otro lado? Eso no puede ser. Estamos en presencia de delitos de desobediencia, prevaricación y malversación ¿Cómo no vamos a actuar?

–Tras tomar las riendas de las cuentas de la Generalitat, ¿el artículo 155 es un tema menos tabú?

–En el debate político lo hemos identificado con unas medidas extraordinarias que sólo pueden adoptarse en casos de emergencia nacional. Sin embargo, cuando el fiscal general ordena a las Fuerzas de Seguridad que se pongan al servicio de la Justicia, el efecto es que los Mossos se están poniendo, lógicamente, al servicio de los jueces y tribunales y de la Fiscalía. No hay ninguna alteración de las competencias de la Generalitat en materia de Interior, pero sí una atribución de responsabilidades a los Mossos. Y cuando la comisión delegada del Gobierno para asuntos económicos decide establecer un sistema de control e intervención de la actividad de pagos de la Generalitat para garantizar que se siguen financiando los servicios públicos y no se despilfarra el dinero de los catalanes, también se está interviniendo en ese sentido. Hay muchos mecanismos para garantizar que en Cataluña se cumplen las leyes y para eso no necesariamente hay que recurrir al 155.

–¿Está convencido de que los Mossos actuarán para impedir el referéndum?

–Estoy plenamente convencido. Una persona que decide hacerse policía me parece que es alguien que cree firmemente en el Estado de Derecho, en la ley y el orden. Creo que los mossos tienen ese mismo perfil sociológico. Su trabajo cotidiano es garantizar los derechos de los ciudadanos y mantener el orden público. ¿Cómo no vamos a estar seguros de que van a seguir así?

–A sólo dos semanas del 1-O, ¿el Gobierno garantiza que no habrá referéndum?

–No va a haber referéndum en absoluto. Un referéndum es un proceso que se basa en una convocatoria, que no existe porque ha sido suspendida por el Tribunal Constitucional, y trae consigo un conjunto de elementos materiales: censo, urnas, papeletas, locales donde votar, tarjeta censal, una administración electoral... Ninguno va a existir en este proceso, por lo tanto no habrá referéndum.

–¿Teme que se produzcan altercados? ¿Cree que el frente independentista busca la imagen de los agentes retirando las urnas?

–Confiamos en el buen sentido de los catalanes y, también, de los gobernantes, para no crear tensiones. En los últimos días la Generalitat está creando unas tensiones innecesarias, enfrentando a unos catalanes con otros, a los catalanes buenos, que son los que quieren votar, con los demás, que parece que o no son catalanes o no son buenos. Este tipo de planteamientos es lo último que debe hacer un gobierno, que debe atender el interés general de los ciudadanos y nunca enfrentarlos. Confío en que eso no se produzca.

–¿Qué les diría a los funcionarios y cargos públicos a quienes la Generalitat está situando entre la espada y la pared?

–Que tienen todo el apoyo de la ley y las instituciones. Deben estar muy tranquilos y confiados en que si actúan, como han hecho siempre, dentro del marco de la ley, no tendrán ningún problema. No es legítimo atender órdenes ilegítimas.

–¿Cree que es posible que ese referéndum se lleve a cabo en el futuro de forma legal?

–En este momento nuestra Constitución establece un principio tan importante como la soberanía nacional, que reside en el pueblo español, en todos, por lo tanto no es posible que una parte decida por la totalidad. ¿Esto se puede cambiar? A mí me parece que es un pilar de nuestro modelo de convivencia y veo muy difícil alterar esos principios básicos. No sé donde estaremos dentro de veinte años, pero leo las constituciones europeas centenarias y ninguna prevé que una parte de la nación pueda separarse del resto. No parece que los tiempos vayan por ahí.

–¿Qué vías políticas está dispuesto a explorar el Gobierno a partir del 2-O?

–No sé si es el mejor momento para hablar de reformas de la Constitución. Estos son días para apelar a la unidad de los demócratas, que es lo que estamos haciendo el PP, Partido Socialista y Ciudadanos. ¿Qué vamos a hacer en el futuro? Vamos a tener la mano tendida al diálogo.

–¿La reforma de la Constitución es un tema tabú?

–No, no, en una democracia no puede haber temas tabú. En el Gobierno y en el PP sabemos muy bien la España que queremos y en la que creemos, y no es una España que trocea la soberanía popular, que diferencia los derechos de los españoles. ¿Se puede hablar de esto? Sí, pero ya anticipo que vamos a estar en esos valores, que son los que han caracterizado a nuestra democracia.

–La Fiscalía quiere que se cite como investigados a 714 alcaldes soberanistas. ¿Qué coste político puede acarrear tener imputados al 75% de los regidores catalanes?

–Es una declaración inicial y veremos qué resultados se producen después de ese trámite procesal. Colaborar con la comisión de un delito tiene una responsabilidad penal. Celebrar un referéndum ilegal después de lo que ha pasado es un delito y la Fiscalía y las Fuerzas de Seguridad deben impedir que se produzcan delitos, pese a que las fuerzas políticas que están por la independencia quieren banalizar este proceso. Un referéndum contra la Constitución no puede ser democrático. Es un delito y tiene una responsabilidad penal. Y si son 700 los que cometen un delito, serán 700 los que tendrán que someterse a un enjuiciamiento y si 700 alcaldes son inhabilitados hay miles de concejales que cada día ejercen la política con responsabilidad para sustituirles.

–¿Se siente el Gobierno respaldado por la comunidad internacional?

–Absolutamente. El presidente del Parlamento Europeo, de la Comisión Europea... A lo largo de los últimos meses todas esas declaraciones salen al paso de otra mentira que se ha intentado transmitir, que al día siguiente no pasa nada, cuando tendría unas consecuencias nefastas para Cataluña: la salida de Europa y del euro, la pérdida de un 30% de la riqueza de la economía y, para los agricultores, de las subvenciones de la política agraria común... Eso no se ha querido explicar porque parece que sólo hay un ensoñamiento de que en la república independiente de Cataluña todos seríamos más felices. Es un infantilismo absoluto y una irresponsabilidad. Todas las instituciones, en España y en el resto de Europa, vienen poniendo reiteradamente de manifiesto que al margen de la Constitución no hay democracia y que no existe posibilidad de que Cataluña sea independiente de España con el marco que tenemos.

–¿Cree que la actuación de la Generalitat y el Parlament es equiparable a un golpe de Estado?

–No creo que sea razonable utilizar un lenguaje belicista en este momento. El desafío que está llevando a cabo la Generalitat está generando una fractura importantísima en la propia Cataluña y es uno de los episodios más relevantes de nuestra historia reciente, pero no es comparable.

–¿Es legítimo que Cataluña reclame un derecho a la autodeterminación?

–Entre las múltiples falsedades que han manejado los partidos independentistas una de ellas es introducir el derecho de autodeterminación, que no existe ni en nuestra Constitución ni en el Estatut y es propio de países colonizados que surgen de una independencia frente a una metrópoli. En el ámbito de las Naciones Unidas no existe reconocido como tal. En Europa, en las democracias avanzadas es inaplicable porque no existen los supuestos que lo justificarían. Es un argumento que no resiste el más mínimo análisis ni jurídico ni político y así lo han declarado todos los expertos en la materia. Es una falacia más de las muchas que se vienen repitiendo.

–¿A qué atribuye la deriva soberanista en Cataluña? ¿El recurso contra el Estatut fue un punto de inflexión?

–La sentencia del año 2010 del Tribunal Constitucional sobre el Estatut declaró inconstitucionales algunos artículos y otros los dejó en vigor. Fue un análisis de mera constitucionalidad. No creo que nadie pueda derivar de ahí ninguna consecuencia anómala. Creo que más bien tiene que ver con la actuación del Gobierno de la Generalitat, presidido todavía por Artur Mas, ante una crisis tan profunda y con unas consecuencias tan graves como la que se vivió en España, fruto de la mala gestión del Gobierno socialista. Entonces un Gobierno responsable como el de Mariano Rajoy empezó a abordar reformas muy duras, y hemos sido muy criticados por ellas. Pero la Generalitat puso todo el foco político en torno a la independencia. Hoy, es una administración quebrada que no puede salir a los mercados porque nadie le fía y es gracias a la acción del Estado como se está financiando para poder pagar las nóminas, las pensiones, las facturas, las farmacias... Y eso es gracias a que un Gobierno supo dar la cara y otro se agarró a una ensoñación soberanista que es la que lamentablemente nos ha traído hasta aquí.

–¿Cree que la Generalitat ha utilizado sus competencias en educación para abonar las tesis independentistas entre las nuevas generaciones de catalanes?

–La Generalitat tiene competencias en materia de educación desde hace muchos años. Los distintos gobiernos han ejercido una labor de inspección y coordinación para garantizar unos contenidos mínimos en las enseñanzas, pero creo que es sin duda uno de los problemas y estamos trabajando por un Pacto por la Educación para fortalecer un modelo de enseñanzas comunes. Hemos conocido muchos ejemplos de libros de texto con manipulaciones de la historia, así como conflictos en la escolarización de niños en Cataluña, sin existir apenas oportunidades de escolarización en castellano. Creo que sí ha habido en la educación un elemento de tensión por el cual los partidos nacionalistas, luego independentistas, han ejercido una cierta ingeniería social en esta materia.

–Con Mas inhabilitado, Puigdemont coqueteando con la suspensión y en un escenario donde ERC ya es hegemónica, ¿es cada vez más complicado que el PDeCAT recupere la moderación?

–La evolución de la antigua Convergencia es bastante incomprensible, incluso para sus militantes. Ha abrazado las tesis independentistas en un proceso de transformación que ha llevado a una situación de orfandad, me consta, a muchos de sus votantes. Si ahora va a evolucionar a las tesis de ERC, manifiestamente de izquierdas, va a tener un problema muy importante para encontrar su espacio político. El mapa político en Cataluña es ahora muy incierto.

–Al hilo de la moción de censura que plantea Cs, ¿la solución en Cataluña pasa por unas nuevas elecciones?

–Las mociones de censura son un instrumento para lograr un cambio de gobierno, por lo que presentarlas como un elemento de debate político-parlamentario sabiendo que el fin no se va a conseguir no es muy útil. Quizá cuando pase el 1-O y haya un proceso de reflexión sea el momento de ir a unas elecciones para ver qué fuerzas políticas surgen y cuál es el escenario a medio plazo.

–¿Utilizó el frente soberanista la manifestación tras los atentados del 17-A como una caja de resonancia para su causa?

–Estuve en esa manifestación y, paradójicamente, los organizadores consiguieron que no pareciese que era una manifestación contra el terrorismo ni de solidaridad con las víctimas. No había una pancarta en la cabecera contra el terrorismo, ni con las víctimas ni por la democracia, sino contra la venta de armas, la Monarquía y el Gobierno. Me parece de una bajeza moral absoluta que cuando había 16 muertos fruto de un atentado terrorista ése fuese el enfoque. Yo no sé si fue la Generalitat o quién fue, pero el resultado final fue ése. Fue una iniquidad ética y desconocida. Nunca en España ni en Europa en una manifestación por un atentado alguien ha hecho una utilización así.

–¿Están justificadas las críticas a Ada Colau por no instalar bolardos en la Rambla pese a las recomendaciones policiales?

–En seguridad ciudadana hay que atender siempre las recomendaciones de los expertos. Si no lo hizo tendrá que explicar cuáles fueron sus motivos. Aquí no hay opinión, no es un tema de debate político.

–El presidente del CGPJ reclamaba hace unos días más medios para la Administración de Justicia. ¿Cuentan los jueces y fiscales con suficientes medios?

–Vamos a presentar en las próximas semanas un decreto de creación de 89 plazas, que junto a las 16 que creamos en primavera serán 105. Vamos a crear plazas de fiscales también. Esto es un trabajo permanente. Tenemos una magnífica judicatura profesional e independiente con 5.500 jueces que generan una justicia de calidad. Seguramente la planta judicial es mejorable, pero no me parece que tengamos un problema grave. Tenemos más problemas con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, una ley del siglo XIX que genera una justicia muy antigua, o con la incorporación de las nuevas tecnologías a la Justicia.

–Está a punto de cumplir tres años como ministro de Justicia, ¿qué balance hace?

–Tuve un primer año de extraordinaria intensidad, un ciclo final de legislatura en el que pudimos aprobar 14 reformas legislativas importantes: Código Penal, Ley de Enjuiciamiento Criminal, Estatuto de la Víctima, reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Ley Orgánica del Poder Judicial... El segundo año, sin embargo, fue peculiar con el Gobierno en funciones y nos dedicamos mucho a la gestión. Y ahora, desde noviembre pasado, hemos intentado relanzar un gran acuerdo de Justicia con los partidos políticos, con las asociaciones, con las comunidades autónomas. La subcomisión que se creó va a alcanzar sus conclusiones en octubre y espero que desde entonces haya un impulso para promover reformas legislativas muy importantes que tenemos pendientes, como las de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley Orgánica del Poder Judicial para revisar el funcionamiento del Consejo o la Ley de Enjuiciamiento Civil para hacer realidad las nuevas tecnologías.

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