lunes, 05 diciembre 2016
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Rajoy valora hacer gestos hacia el «sentimiento catalán»

  • Santamaría asegura que la Constitución se puede reformar pero con el consenso de todos.

Soraya Sáenz de Santamaría y Francesc Homs, ayer en el Congreso
Soraya Sáenz de Santamaría y Francesc Homs, ayer en el Congreso

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha ajustado su estrategia en Cataluña a la nueva situación política. Dentro de la legalidad, está dispuesto a hacer gestos que «combatan» el discurso nacionalista. Y prueba de ello es el giro que supone el nombramiento de un político, de la órbita de la antigua Convergència, como delegado del Gobierno, Enric Millo, y el nuevo perfil en la relación con la Generalitat que ha impuesto la vicepresidenta, ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, Soraya Sáenz de Santamaría. Hoy comparece en el Congreso de los Diputados para explicar su programa de gobierno en el ámbito de sus responsabilidades, y ahí entra el desafío independentista.

El Ejecutivo de Rajoy en minoría no se va a apartar del eje que marcó su acción política durante la legislatura con mayoría absoluta, y que no es otro que el de defender a ultranza la legalidad vigente, recurriendo ante el Constitucional todas las decisiones de la Generalitat o del Parlamento catalán que afecten a ese marco.

Pero el Gabinete popular también trabaja ya con la idea de que en esta legislatura se van a poner en marcha los trabajos de reforma de la Constitución en el Congreso. En subcomisión o en el formato que los grupos consideren finalmente más oportuno.

Ayer, la vicepresidenta insistió en defender la vigencia de la Carta Magna y resaltó la necesidad de que esta reforma sólo se abra con ideas claras y con el convencimiento previo de que hay margen para conseguir un consenso tan amplio como el que alumbró a la Ley Fundamental de 1978. Pero en paralelo hay voces dentro del Gobierno que admiten la posibilidad de que en esta batalla para poner sordina al discurso independentista se puedan hacer nuevos guiños en el reconocimiento del sentimiento de identidad catalana, desde el punto de vista cultural, sin valor jurídico. Además de en materia de financiación autonómica. En la mesa de estudio de la reforma constitucional estarán las propuestas del Consejo de Estado sobre sucesión de la Corona, comunidades autónomas y Senado, por ejemplo. Pero también entrarán otras propuestas en materia de sistema electoral, diputaciones, investidura... Además de las que se le pueda ocurrir a la izquierda en lo que toca a la defensa de derechos sociales o Poder Judicial. El Gobierno cree que su obligación es intentar avanzar con pequeños pasos para intentar generar confianza.

Por ejemplo la recepción del derecho europeo y cambiar la fórmula de investidura «son dos asuntos aparentemente fáciles», precisan fuentes del Ejecutivo. Y también ven factible hablar de las elecciones locales y las diputaciones. Pero, en su conjunto, unir posiciones se antoja prácticamente imposible. Y a esta diferencia de criterios es a la que ayer se refirió la vicepresidenta ante el Pleno del Congreso.

A preguntas del portavoz de Unidos Podemos, Íñigo Errejón, advirtió de que la reforma constitucional es un trabajo que va más allá de «minorías ruidosas, como ustedes se califican a sí mismos, o de mayorías transversales». Sáenz de Santamaría defendió que para cambiar la Carta Magna es necesario saber antes qué se persigue porque no se puede hacer sin consenso y tiene que servir para dar cobijo a todos. Hay algunos que «quieren cambiar la forma del Estado» y otros que buscan estrechar derechos, como el relativo a la libertad de expresión, puntualizó.

La «número dos» del Gobierno también afeó a la izquierda su defensa del derecho de autodeterminación porque supone liquidar la esencia de la Nación. Sobre la Constitución le preguntó, asimismo, la diputada socialista catalana Meritxell Batet, quien ofreció al Gobierno una modificación de la Carta Magna como solución para encontrar un mejor encaje de Cataluña en España.

La vicepresidenta ratificó su compromiso de trabajar para ensanchar los cauces de diálogo y de buscar el consenso dentro de la legalidad institucional. Y atendiendo las «necesidades reales» de los catalanes. También tendió la mano al PSOE para trabajar juntos en este objetivo, porque éste es un tema en el que no caben equidistancias, y los dos principales partidos deben estar siempre juntos en el respeto de la ley y del marco de convivencia.

«El éxito de la Constitución de 1978, que no es un parapeto (en alusión a las declaraciones de la portavoz socialista) sino nuestro marco constitucional, es que protege a todos. Fue un producto de todos, servía para dar cobijo a todos y eso es lo que tenemos que buscar», argumentó.

Sólo si se mantiene la «concordia» del 78 se podrá fortalecer el modelo y no debilitarlo. «Cataluña es muy plural, y el Gobierno va a trabajar por ensanchar los cauces de diálogo».

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