miércoles, 16 agosto 2017
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España

«Constitución» es la palabra que más pronuncia a lo largo de toda la entrevista, tanto para rechazar de plano la vorágine independentista en que se encuentra inmerso el Gobierno catalán de Artur Mas, como para resaltar la validez de la «doctrina Parot» y definirla como un «instrumento magnífico que para reformarlo es imprescindible un consenso y una estabilidad política que no se da en la actualidad. Y elogia al tribunal Supremo y al Constitucional por la citada doctrina: «Han prestado un gran servicio a la lucha antiterrorista».

–Artur Mas parece decidido a continuar con su propuesta secesionista. ¿Cómo actuará el Gobierno para frenarla?

–Como ha dicho el presidente del Gobierno, defendiendo la Constitución sin ningún tipo de fisuras. El poder de la Generalitat de Cataluña nace del Estatuto de Autonomía, que, a su vez, nace de la Constitución. Y, por tanto, todo lo que fuera separarse de la Constitución significaría perder la legitimación, que nace de la misma. Nosotros hemos demostrado que cualquier acto que pensamos que sea contrario a la Constitución lo impugnamos, lo llevamos al Tribunal Constitucional que lo suspende, como hizo con la declaración parlamentaria –la declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Cataluña–, y cualquier acción que el Ejecutivo catalán o cualquier otra comunidad hiciese contraria a la Constitución, seguiría absolutamente el mismo camino.

¿Qué consecuencias jurídicas puede tener una posible declaración unilateral de Cataluña, tal y como amenazó recientemente Josep Antoni Duran Leida?

–Al margen de que se pudiese defender que carecería de efectos jurídicos, lo cierto y verdad es que sería una declaración absolutamente contraria a la Constitución española, y, por lo tanto, susceptible de impugnación ante el Tribunal Constitucional.

–¿Cree que existe ese riesgo o que la situación se puede reconducir sin llegar a ese choque de trenes?

–Creo que quien está en estos momentos en una situación de angustia política es Artur Mas y el sector de Convergència que se ha entregado en manos de Esquerra Republicana de Catalunya, e intenta trasladar el todo o parte de esa angustia al Gobierno, para que nosotros le resolvamos un problema que ellos mismos han creado. Pero lo que tenemos es que ser conscientes de que este problema lo tiene que resolver quien lo ha creado. Mantendremos siempre la actitud de diálogo, de disposición a adoptar todas las medidas que dentro del interés general sean buenas para Cataluña y el resto de las comunidades autónomas; pero nunca una amenaza de incumplir la Constitución puede traer como consecuencia una modificación del régimen económico distinto a aquel que se aplica al resto de las comunidades autónomas que se han mantenido siempre en la lealtad constitucional.

–Usted ha gestionado la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento y ahora es ministro. ¿Qué se debería hacer para evitar esas insatisfacciones de las comunidades, alcaldes y ahora también del Gobierno?

–Paradójicamente, la insatisfacción nace de escalar posiciones de progreso. El error conceptual es pensar que el principio de solidaridad, recogido en nuestra Constitución, se tiene que aplicar entre los territorios, cuando lo que establece la Constitución es que es un principio aplicable a los españoles. ¿Por qué Madrid, como Cataluña, aporta más a la solidaridad nacional de lo que pueden aportar Andalucía o Extremadura? Única y exclusivamente porque hay más madrileños y catalanes con un nivel de renta más alto, que lo que hacen es, en base a ese principio de solidaridad, transferir renta no a los extremeños o andaluces, sino a aquellos españoles que, habiten donde habiten, tienen un nivel de renta más bajo.

–¿Usted cree que Artur Mas verá una Cataluña independiente?

–Estoy seguro de que no. La independencia de Cataluña es imposible desde el análisis jurídico, político y económico. No hay viabilidad para un Estado catalán, ni dentro ni fuera de la Unión Europea, porque hay que recordar que aunque es rotunda la declaración de la UE de que cualquier secesión de una parte de algunos de los estados miembros lo sitúa fuera de la Unión, eso no significa por sí mismo que se adquiera la condición de Estado. Para ello hace falta un reconocimiento expreso por parte de Naciones Unidas, informado por el Consejo de Seguridad. Ninguna de las grandes naciones apoyan procesos de secesión, que son distorsionantes de la estabilidad que, en estos momentos, necesita Europa y el mundo.

–¿De esto es consciente Artur Mas?

–Sí. Lo sabe Artur Mas y los dirigentes de Esquerra. Lo saben quienes están promoviendo un discurso independentista, de que su propuesta no es viable, y ellos son los que tendrán que asumir la responsabilidad de explicarles a aquellos ciudadanos a los que han engañado con una quimera que saben que no es alcanzable, con una ilusión que no se va a poder convertir en realidad, por qué no se les dijo la verdad desde el primer momento. Y no podrán decir Madrid lo impidió, porque aunque Madrid quisiera, entendiendo por Madrid el resto de España, no se podría alcanzar la fórmula que pretende el independentismo catalán dentro de la Constitución.

–El PSOE aboga por avanzar hacia un Estado federal, lo que supondría modificar la Carta Magna. ¿Considera positiva esta propuesta?

–Al PSOE lo veo absolutamente desnortado, contradictorio en sus propuestas y desvertebrado en su propio pensamiento. Hoy, el PSOE tiene discursos contradictorios en Cataluña y otras comunidades autónomas. Oír al secretario general de los socialistas catalanes y a la presidenta de la Junta de Andalucía traslada más la impresión de oír a dos personas de dos partidos distintos que a dos compañeros de partido. Hay quien, desde dentro del PSOE ha propuesto incluso una refundación del PSC. Creo que es una situación grave, no solamente para ellos, sino para la estabilidad política, esta contradicción permanente en la que está viviendo el PSOE.

–En todo caso, ¿usted cree que sería beneficioso avanzar hacia un Estado federal?

–Me gustaría que me explicasen de verdad cuáles son las diferencias entre un Estado federal y el Estado de las autonomías en el que vivimos. Desde luego, no lo serán en competencias, porque las autonomías españolas tienen muchas más que los estados federados dentro de los estados federales clásicos, como pueden ser Alemania o Estados Unidos. La diferencia más importante es que un Estado federal exige la igualdad absoluta entre competencias y sistemas de financiación de todos los estados miembros. Y por eso califico muchas veces de contradictoria las propuestas del PSOE de decir que hay que hacer reconocimiento de singularidades de determinadas comunidades autónomas de forma paralela a avanzar a un sistema igualitario, como es el federal.

–¿Piensa que ha llegado el momento de revisar y reformar algunos aspectos de la Constitución?

–No soy partidario de sacralizar los textos, incluida nuestra Constitución, que ha sido reformada en algunas ocasiones para adecuarla a la realidad. Dicho esto, sólo puede ser reformada con un consenso absoluto entre las grandes formaciones políticas españolas. Una de las muestras de honestidad intelectual que he apreciado últimamente en algún dirigente del PSOE, concretamente en Ramón Jáuregui, es el reconocimiento de que fue un error modificar el Estatuto de Cataluña sin buscar y alcanzar el consenso con el PP. Lo que él dice respecto de Cataluña, yo lo digo de todos los estatutos de autonomía y de la Constitución. Tenemos que ser conscientes de que, aunque tengamos mayorías absolutas, nosotros heredamos de la transición las bases del consenso para las grandes realidades de España, y eso significa que para cualquier modificación estatutaria, y por supuesto para la modificación de la Constitución, sería necesario siempre el acuerdo de los dos grandes partidos, que son partidos de Gobierno en España, que son el PP y el PSOE.

–La pregunta es si usted cree que hay que modificar la Constitución, y, en su caso, qué aspectos.

–Creo que la Constitución es un magnífico instrumento, que en un análisis teórico podríamos convenir en que algunos artículos podrían tener ahora una redacción más actualizada; pero pienso que el valor político del consenso es superior a la mejora técnica que podría suponer en estos momentos la modificación de algunos artículos. Para conseguir esos acuerdos, esos consensos, hacen falta unas situaciones de estabilidad política que en estos momentos no tenemos en España, por lo que creo que no es el momento políticamente adecuado de iniciar un proceso de reforma de nuestra Carta Magna.

–¿Tampoco ve necesario modificar lo relativo a la sucesión en la Corona?

–El día que se aborde una reforma constitucional se debería considerar ese aspecto. En todo caso, hoy no es en modo alguno nada que requiera urgencia.

–Es partidario, como se propone desde distintos sectores, de la aprobación de un específico Estatuto del Príncipe Heredero?

–En contra de lo que mucha gente sostiene, la Constitución no prevé ni exige ningún tipo de desarrollo legal del título correspondiente a la Corona. Se malinterpreta muchas veces el artículo que hace referencia a la exigencia de una ley orgánica para las abdicaciones y las renuncias; no se refiere a una regulación en abstracto, sino que ese articulo se refiere a una regulación en concreto, para cada supuesto de renuncia o para supuesto de abdicación. Hemos estado durante muchos años con una aplicación directa de la Constitución y de las leyes que han ido dictando, y que, sin perjuicio de que se puede estudiar si es necesario aprobar alguna norma nueva, el funcionamiento de la normativa actual lo califico de absolutamente suficiente para que la Corona pueda desarrollar, como hace, con entrega admirable, su servicio a España.

–¿Coincide con el fiscal general del Estado en que la Infanta doña Cristina no recibe ningún trato de favor dentro del «Caso Nóos»?

–Nadie en este país recibe trato de favor en ningún procedimiento. Si tal cosa ocurriese, el Ministerio Fiscal lo corregiría. Por tanto, coincido y apoyo plenamente la declaración del fiscal general del Estado.

–Mañana se conocerá la sentencia del Tribunal de Estrasburgo sobre la «doctrina Parot». ¿Que supondría rechazar el recurso de España?

–Esa doctrina no es un proyecto legislativo del Gobierno de España. Lo que se está cuestionando es una resolución judicial, varias y coincidentes resoluciones judiciales, es decir, la interpretación que hizo el Tribunal Supremo, y que validó después el Tribunal Constitucional, sobre cómo se tenían que aplicar las redenciones de penas por el trabajo. La «doctrina Parot» significa algo tan sencillo de entender para cualquier ciudadano como que quien ha matado a 23 personas no puede ni debe tener el mismo reproche penal que quien ha matado a una persona. Y, por lo tanto, el límite de 30 años de cumplimento de las penas debe ser aplicado en todos aquellos casos en que la cantidad de delitos cometidos merezcan llevar a este límite el castigo de los asesinos. Hasta mañana no conoceremos el fallo de la gran Sala, pero lo que hoy quiero decir es que el TS y el TC han prestado con esta doctrina un gran servicio a la seguridad jurídica española y a la lucha contra el terrorismo, y no deseo que ningún tribunal europeo desautorice a nuestros dos máximos órganos judiciales y constitucional.

–Permítame que insista. ¿Que efectos tendría un posible revés judicial por parte de Estrasburgo?

–Me va a permitir que no admita ni siquiera como hipótesis la posibilidad de que se produzca una desautorización de nuestro Tribunal y nuestro Tribunal Constitucional; pero sí le puedo contestar en sentido contrario: ambos han prestado un gran servicio a la lucha contra el terrorismo, porque han establecido un mecanismo de Justicia en el reproche merecido a la comisión de asesinatos en España.

–En todo caso, ¿supondría un agravio para las víctimas del terrorismo?

–Todo lo que fuera para una víctima del terrorismo contemplar que, como consecuencia de distintos mecanismos penitenciarios, matar a una persona en España trae como reproche un año de cárcel por cada una de las víctimas, entiendo que produciría indignación.

–¿Usted cree que el Tribunal de Estrasburgo es consciente de lo que se juega España con esta sentencia?

–Hay un magistrado español en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Luis López Guerra). Esa consciencia por la que me pregunta, obviamente, es a él a quien le tiene que haber correspondido trasladar.

–¿Podría hacer algo la Justicia ante una hipotética resolución negativa para evitar una posible excarcelación masiva de terroristas y otros delincuentes a los que se les aplicó la citada doctrina?

–Cuando salga la sentencia, la estudiaremos en profundidad. No todas las sentencias del TEDH se dictan en los mismos términos, no sólo en su parte declarativa, sino también en su forma de ejecución.

–¿Cómo valora el que más de 50 magistrados se hayan presentado para ser vocal del Consejo? ¿Supone una desautorización a los que critican el nuevo sistema?

–Ha sido un auténtico éxito del sistema aprobado por las Cortes. Lo que se ha conseguido es despertar el interés de un número muy importante de jueces y magistrados para estar en su órgano de gobierno, y, además, abrir las puertas a que no sean solamente las asociaciones judiciales, sino ese 50 por ciento de la Carrera que no está asociado el que se ha encontrado con un mecanismo real para poder acceder al Consejo. Con toda sinceridad, no solamente por el número de candidatos, ni por el número de avales, sino por el tono que todos hemos detectado de participación de los miembros de la Carrera Judicial, creo que, al margen de cuál sea la decisión del Congreso y del Senado, ya el nuevo sistema ha sido un éxito. Ahora, el Congreso y el Senado deben estar a la altura de la responsabilidad que ya han demostrado los jueces y magistrados, no acatando las consignas de quienes propusieron boicotear el sistema, y legitimando su entrada en el Consejo, no solamente por la decisión de las Cortes, sino también por el aval de sus propios compañeros.

–¿Es optimista de cara a un próximo acuerdo PP-PSOE para la renovación del Consejo?

–Veo muy conveniente ese acuerdo para la estabilidad del CGPJ. Pero mi deseo es que se alcance un acuerdo, por supuesto con el PSOE, que considero imprescindible al ser el primer partido de la oposición, pero que sea lo más amplio posible en el arco parlamentario, y me gustaría que ese acuerdo no fuese un reparto de cuotas, sino que fuera un consenso sobre la totalidad de los miembros del CGPJ, de tal forma que acabásemos con las adscripciones políticas de los futuros vocales.

–Pero, al final, la imagen de politización seguirá ahí, porque hay una intervención directa y decisiva de los partidos políticos, de la negociación que lleven a cabo, y todos van avalados por algún grupo.

–No es ésta la forma de trabajo en la que estamos ahora mismo. En primer lugar, la decisión de las Cortes no es arbitraria, puesto que, respecto a los vocales judiciales, sólo puede pronunciarse respecto a aquellos candidatos que previamente han tenido el aval de sus propios compañeros, lo que les da una doble legitimación a esos futuros vocales: la de la propia Carrera Judicial y la de los representantes del pueblo español. Se suman las dos legitimidades. Y, en segundo lugar, le puedo asegurar que en las conversaciones que tenemos con los grupos políticos no estamos en un intercambio de cromos, no estamos en un intercambio de nombres, estamos en buscar entre todos los mejores vocales para gobernar el Poder Judicial durante los próximos cinco años.

–¿Para cuándo prevé que se pueda lograr el consenso para renovar el Consejo?

–Es más importante alcanzar el acuerdo que no la perentoriedad de los plazos, pero, razonablemente, ese acuerdo tiene que llegar en las próximas dos semanas.

–¿Para cuándo el anteproyecto de la nueva ley del aborto?

–El Gobierno aprobará el anteproyecto de ley muy pronto. Nos comprometimos antes de verano a que fuese en este trimestre, vamos a mantener ese compromiso.

–¿Se mantendrá lo relativo a la prohibición del aborto eugenésico?

–Creo que, a las alturas en que el Ministerio de Justicia tiene elaborado el proyecto, mi obligación ya es trasladárselo al Consejo de Ministros antes que hacer ningún tipo de revelación sobre el contenido.

–Al margen de ello, ¿qué le parece la postura de la izquierda sobre este tema?

–Cuando el otro día en el Congreso vi que algunos diputados de la izquierda aplaudieron la interrupción de una sesión , por parte de unas personas que sustituyeron el argumento por el alegato y el razonamiento por el grito, al la voz de «el aborto es sagrado», comprendí que la izquierda en este debate antepone su dogmatismo ideológico a la necesidad que tiene el legislador de resolver el conflicto, siempre dramático, entre los derechos de la mujer y los del niño.

–¿Cuándo se presentará el anteproyecto de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal?

–Me gustaría que el Consejo de Ministros lo pudiese aprobar a finales de este año o principios del próximo. Ello nos daría tiempo en esta legislatura para tener ese debate profundo que requiere esa transformación tan ambiciosa.

–En el texto de la Comisión de Expertos había unos preceptos que fueron muy criticados por entender que se atacaba la libertad de expresión. ¿Se van a modificar?

–En el proyecto que presente el Gobierno no se introducirá ninguna limitación a la libertad de expresión. El reproche no ha de ser para quien publique, sino para quien filtre información reservada.

–En la nueva Ley se otorgará al fiscal la investigación de los procesos penales. ¿Se van a reforzar las medidas para garantizar la independencia del fiscal general respecto al Gobierno?

–En primer lugar, el fiscal no podrá establecer ninguna restricción de medidas de derechos fundamentales; las podrá proponer, pero cualquier limitación de derechos fundamentales tendrá que ser acordada por el juez de garantías. Luego, por lo tanto, la tutela de los derechos sigue perteneciendo al Poder Judicial. Y, contestando a la pregunta, el Ministerio Fiscal es un órgano de relevancia constitucional que se integra con autonomía en el Poder Judicial. Con esto quiero decir que la autonomía del Ministerio Fiscal está plenamente garantizada, en nuestra Constitución y en el Estatuto Orgánico. La relación del Gobierno con el Ministerio Fiscal es una relación transparente, en el sentido de que no autoriza ningún tipo de instrucción reservada, sino solamente establece criterios de política criminal, que jamás pueden afectar a casos concretos.

–¿Qué le han parecido los ataques que ha sufrido la jueza Alaya recientemente?

–La independencia de los jueces y evitar cualquier tipo de presión que pueda alterar su trabajo es algo a lo que estamos obligados todos los poderes públicos, y de forma muy especial el CGPJ y la Fiscalía. Estoy seguro que tanto el Consejo como la Fiscalía garantizarán la independencia en su actuación de esta magistrada y de cualquier juez en España.

–El PSOE ha anunciado que llevará en su programa electoral la revisión de los acuerdos entre el Estado y la Santa Sede.

-Los acuerdos con la Santa Sede han sido muy positivos para España durante todos estos años de vigencia. Cuando oigo al PSOE hacer este tipo de propuestas, sólo les pediría que mirasen los 14 años de Gobierno de Felipe González, para aprender cómo desde la izquierda se pueden adoptar medidas que favorezcan el interés general antes que el dogmatismo ideológico.

–En el «caso Faisán», ¿son los que están pero no están todos los que son?

–El Gobierno en general, y el ministro de Justicia en particular, ante una resolución judicial, que además no es firme, no puede manifestar ningún tipo de opinión.

–¿Considera necesario modificar la actual Ley Electoral?

–Pienso que sería conveniente introducir reformas en nuestra Ley Electoral, pero también pienso que, aunque se tenga la más absoluta de las mayorías, como la que tenemos nosotros, jamás debe ser reformada si no es con el consenso de la oposición. La Ley Electoral es una extensión del consenso constitucional, y, por lo tanto, un partido, aunque pueda, debe renunciar a modificarla si no tiene el pleno acuerdo de la oposición.

–¿En qué línea sería conveniente esa modificación?

–Todo lo que fuera reducir la distancia entre el elector y el elegido sería positivo. En este sentido, introducir mecanismos que permitiesen incrementar la participación de los electores en las propuestas de los partidos políticos sería positivo; pero, insisto, nada sin consenso de la oposición.

–Como dirigente del PP, ¿piensa que la investigación judicial acreditará que no hubo contabilidad B en su partido?

–Estoy absolutamente convencido de que la investigación exhaustiva que se realiza –por parte del juez Ruz– acreditará que todas las declaraciones que han hecho los responsables del partido durante la misma han sido plenamente veraces.

El Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardon
El Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardon
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