Santamaría sitúa la filtración sobre el «caso Rato» fuera del Gobierno

El «caso Rato» volvió ayer a estar en la agenda de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, negó rotundamente que haya salido de dentro del Ejecutivo popular la filtración sobre la investigación del ex vicepresidente de Aznar por presunto blanqueo de capitales, una noticia que antecedió al registro y a su detención durante unas horas para llevar a cabo esas investigaciones en marcha tanto en su domicilio como en su despacho.

Sáenz de Santamaría negó la teoría que alimentan desde la oposición, y desde algunos satélites próximos al PP, sobre el supuesto «fuego amigo», y apuntó hacia fuera del Gabinete de Rajoy, bajo la advertencia de que todas las personas que tienen acceso a la información sujeta al principio de confidencialidad deberían respetar este principio y cumplir los procedimientos. «Aunque es una tarea que no siempre se puede controlar», se quejó.

Aunque esa filtración a un medio digital, muy crítico con el Gobierno, está siendo uno de los focos de la controversia, la actuación contra Rato, a raíz de las investigaciones de la Agencia Tributaria y del Seplac, Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales y de Infracciones Monetarias, se hubiese producido en todo caso. En ese sentido, la vicepresidenta insistió ayer en el discurso de que el Gobierno no interfiere en los procesos judiciales ni en los de otras instituciones, y que el principio de que se cumple la ley se aplica siempre.

También negó que el Gobierno interviniese con una decisión política en la detención del ex vicepresidente de Aznar. «El Gobierno ni autoriza ni desautoriza ninguna actuación de la Agencia Tributaria, la Fiscalía o los tribunales. Hasta ahí podíamos llegar», proclamó. Desde la tribuna de Moncloa, Sáenz de Santamaría defendió que los Gobiernos están para cumplir la ley y hacer que la ley se cumpla, y no para tomar decisiones que suponer injerencias sobre las que adoptan otras instituciones.

En la comparecencia también salió el debate sobre las compatibilidades de los diputados, abierto en canal después del revuelo por los trabajos de asesoramiento que se han conocido que realizaron el diputado Vicente Martínez-Pujalte y el ex ministro de Defensa Federico Trillo, actual embajador de España en Londres, cuando también ocupaba un escaño en el Congreso. El PP no va a introducir ningún cambio en el régimen en vigor, pero Sáenz de Santamaría sí planteó la conveniencia de reflexionar sobre la necesidad de que la entrada en la vida pública «no se lleve por delante» la carrera profesional de quienes ocupan un escaño. «La cuestión es cómo lograr que personas con prestigio y experiencia profesional entren en política, no limitar con determinadas medidas ese interés; y también es importante ver cómo organizar la reincorporación al sector del que procedían. Este debate hay que hacerlo conjuntamente porque lo que todos queremos es que haya responsables públicos con la mayor experiencia posible», argumentó. Esta reflexión la desvinculan desde el Gobierno del debate sobre los sueldos de los diputados.

«Hay que ordenar bien que quien entra en política para gestionar no corra el riesgo de que esta decisión se lleve por delante su propia capacidad profesional, su carrera profesional, incluso su prestigio en el sector al que pertenece. Aportar a lo público no puede ir en detrimento de quien decide dar ese paso», manifestó Sáenz de Santamaría.