Susana Díaz tendrá que elegir: la Junta o los cara a cara con Rajoy

La ley le impide compatibilizar la presidencia de Andalucía con un escaño en el Senado.

Después de un fin de semana frenético de campaña oficiosa en Castilla y León, la concurrencia de Susana Díaz a las primarias del PSOE se da por hecho y desde su entorno se apunta que esperará hasta que se convoque formalmente el 39º Congreso para hacerlo público. Sin embargo, sobre el desembarco de la líder andaluza en Madrid todavía se ciernen algunas incógnitas que deberá despejar en caso de hacerse con las riendas de Ferraz en las primarias. De los eventuales contendientes a los que se enfrentaría en la pugna por el liderazgo, la presidenta de la Junta es la que asume más riesgos. Frente a un Pedro Sánchez que no tiene nada que perder en lo orgánico y un Patxi López sin más responsabilidades que las de diputado –que además le otorgan un plus para ser voz de la oposición en el Congreso de los Diputados–, a Díaz «sólo le vale ganar» y se juega su sillón al frente de la Junta en la contienda. No obstante, su intención es mantenerlo y por ello, la presidenta ya ha defendido públicamente la compatibilidad de este cargo con el de secretaria general –una tesis apoyada esta misma semana por el ex secretario general del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba– y que le permitiría imprimir cierto sosiego a los tiempos de la sucesión en Andalucía, antes de dar el paso para disputar la Presidencia del Gobierno: su objetivo final.

Aunque en lo interno pueda imponer cierta armonización, este patrón no se reproduce a nivel externo. Si Díaz da el salto a Madrid, necesitará un altavoz institucional desde el que hacer la oposición al Gobierno. Dado que no es diputada y no puede ejercer este rol desde el Congreso, se abre la posibilidad de que sea nombrada senadora por designación autonómica, por el Parlamento andaluz, para tener los martes un cara a cara con Mariano Rajoy en la Cámara Baja y poder intervenir en el Debate sobre el Estado de la Nación. Sin embargo, esta posible solución, que aumentaría su visibilidad pública, está vetada doblemente por la legislación andaluza, que obligaría a Díaz a renunciar a la Junta para poder confrontar con Rajoy. Una renuncia que a día de hoy no parece estar en los planes de la presidenta y que abriría la vía de la reforma legislativa para esquivar el cortafuegos de las incompatibilidades.

Las normas que impiden el salto a Madrid como senadora de la presidenta andaluza son tres: dos autonómicas y una nacional. En primer lugar la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que en su artículo 16 establece que «el ejercicio de la Presidencia de la Junta de Andalucía es incompatible con cualquier otra función o actividad pública que no derive de aquélla, salvo la de diputado o diputada en el Parlamento de Andalucía. También es incompatible con el ejercicio de toda actividad laboral, profesional o empresarial, siéndole igualmente de aplicación el régimen propio de las incompatibilidades de las personas altos cargos de la Junta de Andalucía».

Si Díaz renunciara a la Presidencia de la Junta, pero quisiera mantener su vinculación al Parlamento andaluz como diputada, todavía quedaría otro escollo por salvar, que le obligaría asímismo a dejar su acta en la Cámara. Aunque la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) no impide explícitamente que diputados autonómicos sean senadores, la Ley 1/1986, de 2 de enero, electoral de Andalucía sí lo hace. En su artículo 6.3 explica que «el mandato de los Diputados del Parlamento de Andalucía se ejercerá en régimen de dedicación absoluta, y será incompatible con el desempeño, por sí o mediante sustitución, de cualquier otro puesto, profesión o actividad, públicos o privados, por cuenta propia o ajena, retribuidos mediante sueldo, salario, arancel, honorarios o cualquier otra forma». Como esta «dedicación exclusiva» de los parlamentarios –que también recoge la LOREG en su artículo 157.1– no se cumple en muchas ocasiones, el artículo 6.4 de la ley electoral andaluza puntualiza que «la condición de Diputado del Parlamento de Andalucía es incompatible con el ejercicio de la función pública y con el desempeño de cualquier otro puesto que figure al servicio o en los presupuestos de los órganos constitucionales, de las Administraciones públicas, sus organismos y entes públicos, empresas con participación pública directa o indirecta mayoritaria, o con cualquier actividad por cuenta directa o indirecta de los mismos».

Con la legislación en la mano, Díaz se enfrenta a la disyuntiva de tener que abandonar precipitadamente la Junta para ocupar un escaño en el Senado y confrontar su proyecto con el de Rajoy como líder de la oposición o buscar consensos en el Parlamento con las diversas fuerzas que lo componen para revocar el régimen de incompatibilidades que impera actualmente en la Junta de Andalucía y a nivel estatal. Todo esto, dando por hecho que la presidenta decida presentarse finalmente a las primarias y logre imponerse en ellas a sus contendientes: Patxi López, Pedro Sánchez y una posible cuarta candidatura.