España

Tres jueces insisten en que España puede juzgar a narcos apresados en el mar

Tres jueces de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska, Concepción Espejel y Ángel Hurtado, insisten en que, a pesar de la reforma de la justicia universal, los tribunales españoles son competentes para juzgar a narcotraficantes extranjeros apresados en barcos fuera de las aguas territoriales.

Los mismos magistrados que ya emitieron un voto particular contra la liberación de trece narcotraficantes marroquíes decretada por el pleno la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, han escrito un segundo voto oponiéndose también al archivo por parte del pleno de un caso contra siete ciudadanos sirios excarcelados tras ser apresados en un barco a más de 12 millas de las costas españolas, fuera por tanto de sus aguas territoriales.

Si bien la antigua Ley Orgánica del Poder Judicial permitía a la justicia española perseguir a estos presuntos narcotraficantes aunque fueran extranjeros, con la reciente reforma aprobada por el Congreso es necesario que sean nacionales españoles o que la droga tenga como destino España, cosa que no ocurre en el caso de los siete sirios, apresados en septiembre de 2013 en el buque "Moonlight"con 479 fardos de hachís que tenían como destino Egipto.

En su voto anterior los tres jueces interpretaban una conjunción disyuntiva ("o") de la frase de la reforma que se refiere a los delitos de narcotráfico de manera que se podrían juzgar en España, pero en este alegan otras razones.

En concreto, consideran que la reforma mantiene la jurisdicción española en espacios marinos en caso de delitos, como el de narcotráfico, que cuentan con una regulación internacional, ya que, a diferencia de los espacios terrestres, los marinos "son ajenos a las soberanías territoriales estatales, rigiéndose por un estatuto puramente internacional".

Mencionan también los tratados internacionales que imponen el deber de cooperación de los estados para reprimir el tráfico de estupefacientes, como la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar, y se refieren por último a la doctrina del Tribunal Supremo que avala la competencia de la justicia española para conocer estos delitos.