El TSJC cree que el Govern usó «arbitrariamente» sus potestades al convocar el 1-O

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ve indicios de que los miembros del Govern "habrían utilizado arbitrariamente"sus "potestades"al convocar un referéndum de independencia que, además, "va a incidir en el ámbito del gasto público".

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ve indicios de que los miembros del Govern "habrían utilizado arbitrariamente"sus "potestades"al convocar un referéndum de independencia que, además, "va a incidir en el ámbito del gasto público".

En un auto, la sala civil y penal del TSJC argumenta los motivos por los que el pasado viernes acordó admitir a trámite la querella que la Fiscalía presentó contra el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el resto de miembros del ejecutivo por los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación.

La sala que admitió la querella, compuesta por tres magistrados, sostiene que existen indicios de que los miembros del Govern pudieron incurrir en un delito de malversación, que lleva aparejado penas de cárcel, dado que los decretos por los que se convocó el referéndum "suponen a la vez el inicio de un procedimiento que va incidir en el ámbito del gasto público", con varias partidas presupuestarias para gastos de procesos electorales y consultas.

El auto, que establece tres días no suspensivos para presentar recurso, sostiene que los dos decretos que acordaron la convocatoria del referéndum y las normas para organizarlo «responderían indiciariamente a la voluntad de llevar adelante» la declaración de ruptura que el Parlament aprobó el 9 de noviembre de 2015.

En opinión de la sala de admisión, los decretos que firmaron todos los miembros del gobierno catalán «presentan toda la apariencia de desarrollar las resoluciones parlamentarias» que fueron suspendidas por el Constitucional «y de contradecir mandatos y requerimientos expresos (...)».

El TSJC recuerda que todos los querellados firmaron «de puño y letra» los decretos suspendidos, en un acto que tuvo lugar en el Parlament el pasado 6 de septiembre, pese a ser «conocedores, presuntamente, de la injusticia» de los mismos, por lo que «habrían utilizado arbitrariamente las potestades que tienen como miembros del Govern de Catalunya».

Tras insistir en que los decretos han sido suspendidos por el Constitucional, la sala admite que el Govern puede haber incurrido en un delito de malversación, dado que ambas resoluciones «suponen a su vez el inicio de un procedimiento que va a incidir en el gasto público (...)».

Recuerda también el tribunal que la Ley de presupuestos de la Generalitat, aprobada el pasado 28 de marzo, «establece a lo largo de su articulado varias partidas presupuestarias para gastos de procesos electorales y consultas populares» e incluye una disposición expresa que el Constitucional suspendió en abril del año pasado, en una resolución que fue notificada personalmente a Puigdemont y a los miembros de su gobierno.

En ese sentido, el TSJC insiste en que las partidas aprobadas para el referéndum fueron declaradas inconstitucionales y recalca que el delito de malversación «puede ser sancionado en las fases previas de provocación, conspiración y proposición».

La sala ha acordado acumular la causa abierta contra Puigdemont por la convocatoria del referéndum a la que ya instruye la magistrada del TSJC Mercedes Armas, a raíz de la querella que la Fiscalía presentó contra la consellera de Gobernación Meritxell Borràs por la licitación de las urnas para el referéndum.

En el marco de esa investigación, será la instructora la que decida sobre las medidas cautelares que la Fiscalía solicita en su querella contra Puigdemont, entre las que figura imponer fianzas a los miembros del Govern, cerrar las webs sobre el referéndum y advertir a los medios de comunicación de que no publiciten la consulta. EFE