Tribunal Constitucional

Unos Mossos comprometidos con el 1-O, clave para el éxito del referéndum

Junts pel Sí y la CUP saben que el papel de la policía autonómica catalana es clave para el triunfo de la consulta ilegal

Los Mossos d'Esquadra en una operación policial en Barcelona.
Los Mossos d'Esquadra en una operación policial en Barcelona.larazon

El Govern de la Generalitat es plenamente consciente de la importancia del papel que jueguen los Mossos d’Esquadra el próximo 1 de octubre. Su “lealtad” al proceso soberanista es fundamental tanto para Carles Puigdemont como para Oriol Junqueras, razón por la cual el nuevo consejero de Interior nombrado el pasado viernes ha forzado la dimisión del director de los mossos, Albert Batlle.

Junts pel Sí no quieren una policía “neutral”, sino comprometida y leal y necesita que sus dirigentes den las órdenes oportunas a los agentes para permitir sacar las urnas a las calles y dar a la jornada electoral visos de normalidad democrática.

A sabiendas de que la aplicación del artículo 155 de la Constitución no contaría con el beneplácito de partidos como el PSOE y menos aún Podemos o PNV, el Gobierno busca otras posibilidades con la ley en la mano y una de las que se barajan es aplicar la Ley de Seguridad Nacional.

Esta ley se aprobó en 2015 tras un acuerdo entre el PP y el PSOE de Pedro Sánchez. En su articulado, fija la Seguridad Nacional como “ la acción del Estado dirigida a proteger la libertad, los derechos y bienestar de los ciudadanos, a garantizar la defensa de España y sus principios y valores constitucionales, así como a contribuir junto a nuestros socios y aliados a la seguridad internacional en el cumplimiento de los

compromisos asumidos”.

Bajo esta premisa, se prevé la posibilidad de declarar la situación de interés para la Seguridad Nacional en el artículo 24:

«Declaración de la situación de interés para la Seguridad Nacional.

1. La situación de interés para la Seguridad Nacional se declarará por el Presidente del Gobierno mediante real decreto. La declaración incluirá, al menos:

a) La definición de la crisis.

b) El ámbito geográfico del territorio afectado.

c) La duración y, en su caso, posible prórroga.

d) El nombramiento, en su caso, de una autoridad funcional, y la determinación de sus competencias para dirigir y coordinar las actuaciones que procedan.

e) La determinación de los recursos humanos y materiales necesarios para afrontar la situación de interés para la Seguridad Nacional, previstos en los correspondientes planes de preparación y disposición de recursos, así como de otros recursos adicionales que se requieran en cada caso, de acuerdo con lo dispuesto en el título IV.

2. La Declaración de situación de interés para la Seguridad Nacional supondrá la obligación de las autoridades competentes de aportar los medios humanos y materiales necesarios que se encuentren bajo su dependencia, para la efectiva aplicación de los mecanismos de actuación.

3. El Gobierno informará inmediatamente al Congreso de los Diputados de las medidas adoptadas y de la evolución de la situación de interés para la Seguridad Nacional”.

En el mencionado título IV se habla de que el Gobierno podrá pedir recursos para la Seguridad Nacional a las entidades locales y a las comunidades autónomas. O, lo que es lo mismo, el Gobierno podría asumir el control de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, incluidos los Mossos d’Esquadra y las policías locales de todos y cada uno de los municipios catalanes.

Saber qué harían los mossos en esta tesitura es la clave del proceso. Mientras que el Estado tiene claro que una ley como ésta se sitúa por encima de cualquier ley autonómica, las autoridades catalanes pretenden revestir de legalidad al proceso con su nuevo marco legal, pendiente de aprobar pero del que ya dieron pistas hace una semana, según el cual las leyes de desconexión tendrían un rango superior a cualquier ley española.

El dimitido Albert Batlle había declarado en más de una ocasión que los mossos cumplirían la ley, pero Junts pel Sí y la CUP necesitan alguien más rotundo y comprometido, alguien que tenga claro que, llegado el caso, obligaría a la policía catalana a obedecer las leyes de desconexión. Saber quién será capaz de asumir dicha responsabilidad es clave y, según el nuevo consejero de Interior, Joaquim Forn, lo sabremos en los próximos días.