Zarzuela mantiene su alejamiento ante la acusación de la Infanta

El día en que Doña Cristina se sentará en el banquillo de los acusados por su supuesta implicación en el «caso Nóos» ya tiene fecha: será el 11 de enero, y desde la Casa del Rey no hay reacción. Ni para bien ni para mal. No la hay.

Fuentes cercanas a Zarzuela aseguran que la Casa no puede hacer una valoración por cada paso que dé el proceso judicial. La última vez que lo hizo fue en diciembre del año pasado, cuando el juez Castro hizo pública su decisión de considerar a la hermana de Felipe VI imprescindible para que su marido, Iñaki Urdangarín, defraudase a Hacienda hasta 337.138 euros a través de la empresa Aizóon. Como en las ocasiones anteriores en que el magistrado ha dado algún paso respecto a la situación jurídica de Doña Cristina –ha sido dos veces imputada–, la Corona mostró su máximo respeto por las decisiones judiciales. La única vez en que ha considerado ir más allá fue en abril de 2013, cuando anunció tanto su «sorpresa» por el cambio de «posición» del juez como su «absoluta conformidad» con la decisión de la Fiscalía Anticorrupción de recurrirla.

En aquellos momentos la «silla» de Doña Cristina en el proceso estaba más fija que tambaleante, el Rey era Don Juan Carlos, por lo que ella formaba parte de la Familia Real y recibía una asignación económica por parte de los Presupuestos Generales del Estado como todos los miembros de la Familia.

Poco a poco, Zarzuela ha ido variando su postura para alejarse lo máximo posible del «caso Nóos», desde decidir que fuera sola a su declaración en Palma el 8 de febrero de 2014, hasta retirarle dicho «sueldo», siendo aún el padre de Felipe VI Jefe de Estado.

La abdicación de Don Juan Carlos supuso un paso más en este desligamiento, ya que significó que su hija dejara de formar parte de la Familia Real para serlo de la Familia del Rey y, por tanto, no llevar a cabo ningún acto oficial en nombre de la Corona. La estrategia de alejamiento resultaba sutil, hasta que el pasado 19 de junio, un jueves por la noche, Zarzuela se puso en contacto con los medios de comunicación para informar de que Felipe VI revocaba el título de duquesa de Palma a su hermana, en disposición del cual estaba desde 1997.

Un gesto rotundo –que el abogado de Doña Cristina, por el contrario, negó asegurando que la iniciativa había sido de la Infanta y que se la había comunicado por carta al Rey–, y con gran acierto de «marketing», ya que se produjo días antes de que se cumpliera su primer año de reinado. Fuentes de la Casa del Rey aseguraron que la reacción del Monarca no había sido «improvisada», ni «repentina», sino cuidadosamente meditada, a las puertas de este juicio oral en el que se acusa a la Infanta de posible fraude fiscal. Sin duda, una situación muy difícil para Don Felipe ya que, además de Rey, es hermano. Y, según pudo saber este periódico, el 20 de mayo, día de la Comunión de la Princesa Leonor, Doña Cristina había estado presente en la celebración posterior en el Palacio de la Zarzuela, con su hija Irene, de la misma edad que Doña Leonor.

El último movimiento que quedaría por hacer –en caso de que deba–, para desligar completamente el nexo de unión de Doña Cristina con el núcleo central de la Familia Real es la renuncia a sus derechos sucesorios –no a su condición de Infanta, ya que es por nacimiento y, por tanto, irrenunciable–. Una decisión con trascendencia realmente simbólica, ya que a efectos prácticos no supone un problema para la Corona: ocupa la sexta posición en la línea sucesoria.

Desde Zarzuela siempre se ha querido dejar claro que esa decisión le corresponde «única y exclusivamente» a la hermana de Felipe VI.