Hacienda pidió que se usara la fuerza «si fuera necesario» en los registros de Rato

La Agencia Tributaria pidió el pasado abril a la Fiscalía, en el documento que precipitó la detención de Rodrigo Rato el día 16, que autorizara el registro en los domicilios y empresas del ex ministro de Economía «incluso con la autorización de la fuerza, si fuera necesario», según confirmaron fuentes jurídicas. En un documento de medio centenar de folios, el Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) solicitaba que, como así ocurrió finalmente, quienes llevaran a cabo los registros fuesen los funcionarios de Vigilancia Aduanera y los inspectores al área informática de la Agencia Tributaria.

En ese mismo escrito, que llevó a la Fiscalía de Madrid a instar al juzgado de guardia de Plaza de Castilla a efectuar los registros, Hacienda pedía que se llevara a cabo la detención del ex presidente del Fondo Monetario Internacional (FMI) «al menos» durante el tiempo que durasen los registros para asegurar la obtención de pruebas de delito fiscal, blanqueo e insolvencia punible. Sin embargo, la Fiscalía no recogió el guante y no reclamó al juzgado el arresto del ex ministro, que no obstante sí acordó el juez de guardia, unas imágenes que dieron la vuelta al mundo.

Fraude de 2,5 millones

Rato, de hecho, estuvo detenido durante casi ocho horas mientras acompañaba a los agentes de Vigilancia Aduanera y la Agencia Tributaria a sus domicilios y empresas donde se llevaron a cabo los registros. Posteriormente, fue puesto en libertad.

Basándose en ese informe, la sección de delitos económicos de la Fiscalía de Madrid imputó a rato un fraude fiscal de casi 2,5 millones de euros entre 2011 y 2013 y cifró en 2,6 millones el supuesto alzamiento de bienes que habría cometido el ex ministro en 2013, mediante la donación a sus tres hijos, a partes iguales, de participaciones en cuatro de sus empresas (Aurosur, Rodanman Gestión 3, Explotaciones de Carabaña y Rafi Tealsa). La Fiscalía señala, sin embargo, que no se ha podido acreditar hasta ahora que sus hijos (Ángeles, Rodrigo y Ana) conocieran el objetivo de esa operación, con la que Rato les habría transmitido casi todas sus participaciones empresariales en España.

Ese dinero, según la Agencia Tributaria y la Fiscalía, habría vuelto posteriormente a manos del ex presidente del FMI, que mediante sucesivas ampliaciones de capital recuperó esas participaciones cedidas a sus hijos utilizando a una sociedad controlada por él, Kradonara, empresa a la que Hacienda cuelga la etiqueta de «opaca». Y es que su único socio, VivaWay, es una mercantil radicada en Gibraltar. En junio de 2014, Rato vendió sus participaciones en Kradonara a la propia sociedad, desvinculándose formalmente de la misma. Sólo en apariencia, porque según la Agencia Tributaria el titular de VivaWay es el propio Rato, aunque para ocultar su verdadera titularidad utilizaría a la sociedad fiduciaria Findsbury Holdings Limited. De hecho, el ex ministro admitió en 2013 en su declaración de bienes en el extranjero que era titular de VivaWay (y, por tanto, de Kradonara), de la que declaró poseer 3,8 millones de euros en valores.

La denuncia de la Fiscalía no se dirigía contra ninguno de los hijos del ex ministro, sino contra Rato y el abogado Domingo Plazas, cuyo despacho se encargaba de la administración de Kradonara. En la misma, la Fiscalía de Madrid reseñaba que, fruto de esas operaciones en beneficio de sus hijos, el ex ministro había conseguido que la práctica totalidad de su patrimonio estuviese controlado por VivaWay fuera de España, en territorio gibraltareño.

A la Fiscalía también le llamó la atención, entre la información facilitada por el Banco de España, que Rato recibió en 2012 y 2013 cuantiosas transferencias de dinero en sus cuentas corrientes provenientes del extranjero (de países como Suiza, Dominica, Luxemburgo y Estados Unidos), unas cantidades que según Hacienda quiso ocultar al fisco y no incluyó en sus declaraciones de IRPF.

La Agencia Tributaria, que llevó a cabo sus investigaciones con sumo sigilo para no alertar a Rato (no llegó a solicitar los movimientos de sus cuentas bancarias para no ponerle sobre aviso) también reparó en el «elevado tráfico financiero» del ex ministro o de empresas controladas por él con paraísos fiscales. Unas operaciones que despertaron el recelo de Hacienda, pues la actividad empresarial de Rato se desarrolla básicamente en España. Igualmente, la Agencia Tributaria advirtió la elevada facturación interna entre las empresas vinculadas familiarmente al ex ministro, por lo que sospechó que podría tratarse de facturas «de conveniencia» para evitar tributar en el IRPF, IVA e Impuesto de Sociedades.

La Fiscalía ve «bastante más inconcreto» el blanqueo

En un escrito remitido al juez del «caso Rato», Antonio Serrano-Artal, la Fiscalía Anticorrupción asegura que la denuncia inicial interpuesta por la Fiscalía de Madrid incide en posibles delitos fiscales, aunque es «bastante más inconcreta respecto de hechos que evidencien o sugieran un delito de blanqueo de capitales». Anticorrupción recuerda que este delito precisa «de una actividad criminal precedente» del que deriven unas ganancias que después son blanqueadas.

Las dudas de la Fiscalía se suman a las expresadas por la Audiencia Provincial de Madrid el pasado 12 de mayo. En el escrito en el que rechazaba la competencia de la Audiencia Nacional, la Sala aseguró que «no se sostiene» que Rato intentara esconder su patrimonio para eludir sus responsabilidades civiles en el «caso Bankia» y de las «tarjetas black» pues esas responsabilidades ya fueron satisfechas, informa F. Velasco.