El Ministerio del Interior ha olvidado en un cajón el proyecto de prohibir el acceso a las páginas webs con pornografía infantil. En septiembre de 2007, el departamento que dirige Alfredo Pérez Rubalcaba anunció en un comunicado que se habían unido a Circamp, un proyecto que ya funcionaba en una decena de países europeos y que serviría para prohibir los accesos a las páginas webs pedófilas.

Después de unos meses y varias reuniones se logró llegar a un acuerdo con todos los operadores de telefonía y se pusieron a trabajar, con el horizonte de septiembre de 2008 como objetivo.

Llegada la fecha, los proveedores ya tenían listo el sistema, pero faltaba la firma de algún responsable del Ministerio que diera el visto bueno al proyecto y permitiera a los operadores comenzar a cargar las páginas con contenidos prohibidos detectadas por la Brigada de Investigación Tecnológica (BIT).

Durante este tiempo, el proyecto ha seguido aparcado y los operadores, para ganar tiempo, han trabajado por su cuenta. De hecho, Telefónica –que ya ha puesto en funcionamiento un sistema similar en la telefonía móvil–  ha trabajado durante estos meses para poder prohibir el acceso de sus usuarios a las páginas pedófilas de todo el mundo.


«Resultados impresionantes»

El 23 de enero de 2009, el ministro del Interior visitó la BIT (encargada de coordinar el proyecto) y elogió su labor, que calificó de «modélica» porque, según dijo, «está obteniendo resultados impresionantes» persiguiendo delitos muy complejos que «afectan principalmente a los jóvenes y a los niños, como la pornografía infantil en la red». La nota del Ministerio indicaba además que Rubalcaba había sido «informado de las últimas investigaciones que esta unidad de la Policía Nacional tiene en marcha y de los nuevos proyectos que se activarán en breve para la lucha contra la pornografía infantil y el abuso de menores en internet: Circamp y CETS (sistema de protección de menores en la red)».

Todo se quedó en buenas palabras porque, un año después, no ha cambiado nada. La BIT ha participado en cinco reuniones de Circamp desde 2007, pero la falta de interés mostrada por sus superiores ha provocado que a la última haya ido un representante de perfil bajo. Y mientras, otros países como Alemania han tenido tiempo de unirse a Circamp, modificar su legislación y ponerla en marcha.

Llegados a este punto, los operadores de telefonía están que trinan porque han visto cómo en dos meses se ha elaborado un proyecto de ley para prohibir las páginas de descargas de material que vulneran la propiedad intelectual, mientras que sobre Circamp, un proyecto bastante más sencillo, no se ha avanzado nada. Por ello, han decidido pasar a la acción. Esta semana se celebrará una reunión entre todos los operadores implicados, para elaborar un documento común dirigido al Ministerio y que el tiempo y dinero invertidos en este proyecto, impulsado desde Interior, no hayan sido en vano.


Un sistema de control que ya funciona en 11 países

El Cospol Internet Related Child Abusive Material Proyect (Circamp) fue creado por la Policía noruega y la británica con la colaboración de Europol e Interpol. Esta forma de control de los contenidos cibernéticos ha sido exportada con éxito a Dinamarca, Bélgica, Francia, Irlanda, Italia, Malta, Polonia, Suecia, Holanda, Nueva Zelanda y Alemania. El Cuerpo Nacional de Policía, a través de la Brigada de Investigación Tecnológica, coordina la puesta en marcha del sistema en España, cuyo objetivo es identificar víctimas, localizar y parar posibles abusos, rescatando a las víctimas, identificar abusadores o distribuidores de material relativo a abuso sexual de menores, detectar y convertir determinados espacios de internet en un lugar seguro para el público y hostil para los abusadores de menores; reducción del daño causado a la población e investigación de nuevas tecnologías y metodologías utilizadas por los criminales.