Es del dominio público que, desde que la llamada «pedagogía progresista» se adueñó de la enseñanza en España, las agresiones e insultos a maestros y profesores se dan con alarmante frecuencia por parte de alumnos y padres. Sin embargo, la Consejería de Educación se obstina en no conceder la condición de autoridad pública a los docentes.
En realidad, la Consejería ni siquiera se persona como acusación en los juicios por agresiones a docentes. Ni siquiera en los casos en que el agresor ha sido un adulto.
Tampoco el Observatorio de la Convivencia menciona en su primer y único informe el número de sentencias en las que se considera autoridad pública al docente agredido, a pesar de que la Fiscalía se comprometió en su día a considerar delito este tipo de agresiones. La verdad es que este misterioso observatorio, creado hace ya tres años por la Consejería para analizar y combatir las causas de la violencia escolar, no ha dado hasta la fecha la más mínima señal de eficacia.
Su única realización conocida hasta el momento es un angelical informe de ocho folios (incluido el índice) en el que ni tan siquiera se mencionan las agresiones a docentes. Uno se pregunta si los integrantes de esta imprescindible institución tendrán o no reconocida la condición de autoridad pública. De hecho, la triste realidad es que la inmensa mayoría de los casos de insultos y agresiones a profesores ni siquiera llegan a denunciarse.
Y esto es así debido a que los inspectores de educación, que sí gozan de la condición de autoridad, pese a que jamás han sufrido insulto o agresión alguna, no suelen colaborar en la defensa de las víctimas. Tampoco las directivas suelen mostrarse muy colaboradoras en ese sentido, con lo que el profesor agredido queda totalmente desasistido.
Por cierto, en el nuevo reglamento de centros que la Consejería pretende imponer, los directores sí tendrán condición de autoridad pública, pero no los profesores. Pero no se trata solamente de que la Consejería se obstine en no reconocer la condición de autoridad pública a los docentes, sino que permite que inspección y directivas los desautoricen ante sus alumnos con inquietante frecuencia. Así, ante muchas reclamaciones de alumnos por las calificaciones obtenidas, la inspección crea una comisión secreta –sí, han leído bien, secreta– que le enmienda la plana del modo más irregular al profesor, sin que éste pueda hacer nada por defenderse de tamaña arbitrariedad y humillación.
Pero, naturalmente, al mismo tiempo que se perpetran estas irregularidades y se niega de hecho la autoridad a los docentes, los responsables políticos y pedagógicos de la Consejería de Educación del Gobierno andaluz no cesan de trompetear a los cuatro vientos que piensan organizar campañas para prestigiar a los profesores.
Se mencionan incluso en la propuesta del ministro Gabilondo para un pacto por la educación.
En realidad, sería más sencillo, más eficaz y más barato que la propia Administración educativa dejara de desautorizarnos activamente. 

* Enrique Abascal es presidente del sindicato APIA.