«Si la ley permite a una joven tener relaciones sexuales a los 13 años también debe permitirle abortar a los 16». Este es el razonamiento de los «ideólogos» de la futura ley del aborto. Así quedó reflejado esta semana en el documento aprobado en el Congreso gracias al acuerdo «in extremis» de PSOE, IU, ERC, ICV y BNG. El texto propone suprimir la excepción del aborto en la Ley de Autonomía del Paciente y reconocer a las menores «la capacidad para decidir autónomamente a partir de los 16 años». Sin embargo, si finalmente se aprueba la propuesta, las adolescentes no serán las únicas afectadas. El reconocimiento de la capacidad de decisión podría liberar de parte de sus cargos al médico por el que se conocieron las atrocidades cometidas en algunas clínicas abortistas, que a su vez dieron lugar al debate que ha desencadenado la reforma de la ley: Carlos Morín. En un auto del Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid figura, entre las irregularidades cometidas en las clínicas de su propiedad, la interrupción del embarazo a «menores de edad, a quienes atendieron e intervinieron quirúrgicamente sin la presencia ni conocimiento de sus representantes legales». De aprobarse la propuesta del PSOE, este presunto delito desaparecería si los abortos se practicaron a mayores de 16 años: la ley no se aplica con efectos retroactivos, excepto si beneficia a un acusado. «Una insensatez» Pero los efectos judiciales no serían los únicos de la reforma normativa. Psiquiatras infantiles y pediatras están de acuerdo en que una adolescente de 16 años no está preparada para asumir, sola, una interrupción del embarazo. «Permitir el aborto sin consentimiento de los padres desde los 16 años me parece una insensatez. Máxime cuando el proceso de emancipación de un menor está requerido para muchísimas cosas: desde casarse hasta hacerse una prueba médica como una biopsia». Así lo explica Javier Quintero, psiquiatra infantil y vicepresidente de la Fundación Confías, dedicada a promover una infancia saludable. Quintero, además, se pregunta «si durante la intervención se produce una complicación, ¿cómo encajaría eso en la ley?». Los defensores de la propuesta arguyen que la Ley de Autonomía del Paciente permite a un «menor maduro» decidir, por ejemplo, sobre una intervención quirúrgica o un tratamiento. Pero sus detractores recuerdan que, desde fumar hasta «hacerse un ``piercing¿¿», como señala la diputada del PP Sandra Moneo, una amplia gama de acciones relacionadas con la salud está vetada a los menores de 18 años. Sobre todo, si no tienen permiso. Para Alfonso Delgado, presidente de la Asociación Española de Pediatría, los padres de una menor embarazada, además, «pueden prestar su ayuda a una chica para seguir adelante con su embarazo. Si no lo cuenta, se va a sentir sola». Para Delgado, detrás de esta polémica hay un problema de fondo: «La nueva ley se está haciendo muy mal. No se ha consultado a expertos sobre las consecuencias que puede tener cada una de las reformas».