madrid- Casi tres años después de que se pusiese en marcha, la investigación judicial sobre el supuesto «chivatazo» policial que frustró una operación contra el «aparato de extorsión» de ETA sigue declarada secreta. En mayo de 2006, y en el marco de los seguimientos efectuados por orden de la Audiencia Nacional a Joseba Elosúa, dueño del «bar Faisán» de Irún (donde supuestamente se efectuaban los pagos), un micrófono oculto en su coche deparó una sorpresa mayúscula. En una conversación intervenida, Elosúa comentaba con su interlocutor que un agente le avisó a través de una llamada de que estaban siendo seguidos por la Policía. La advertencia se produjo dos meses después de que ETA declarase su último alto el fuego y, a raíz de esos indicios, el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, en esas fechas Fernando Grande-Marlaska, decidió abrir una investigación para tratar de identificar al agente o agentes que pusieron sobre la pista a la red que supuestamente se encargaba de cobrar el «impuesto revolucionario» a los empresarios señalados por la banda. Dos jueces La entidad de la denuncia hizo incluso que el «sumario del chivatazo» se desmembrase de la pieza principal sobre el chantaje etarra a los empresarios. Tras poner punto y final a su licencia por estudios en Nueva York, el juez Baltasar Garzón se hizo cargo de la instrucción en julio de 2006. La causa estaba secreta y, a día de hoy, continúa así. Pero la situación puede dar un vuelco en las próximas semanas. De hecho, fuentes jurídicas aseguraron a este periódico que el fiscal del caso, Carlos Bautista, solicitará que se levante el secreto sumarial del caso antes del verano, lo que permitirá calibrar el fruto de las investigaciones. Según esas mismas fuentes, las diligencias no se han interrumpido en todo este tiempo (incluyendo diversos interrogatorios). Las últimas practicadas hasta el momento, explican, se realizaron el pasado mes de enero. Sin embargo, la asociación Dignidad y Justicia (DyJ), que está personada en la causa como acusación popular -al igual que la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT)- denuncia que el magistrado «no ha investigado nada desde julio de 2006, cuando se practicaron las últimas diligencias» (un reconocimiento fotográfico para tratar de identificar al soplón, que resultó infructuoso). El presidente de DyJ, Daniel Portero, se pregunta «qué interés tiene el juez para mantener el secreto de las actuaciones». «Salvo que existan intereses políticos...», desliza. «Nos sentimos indefensos, se queja, «porque el esclarecimiento de lo que pasó es trascendental para que se aclare el sumario de la extorsión». Respecto al descontento de las acusaciones con el juez Garzón, llueve sobre mojado: el magistrado exigió tanto a AVT como a Dignidad y Justicia 4.000 euros de fianza para personarse en la causa, una decisión que sorprendió a ambas y que recurrieron.