La Dirección General de la Policía y la Guardia Civil ha decidido   abrir seis expedientes a cinco guardias civiles --uno de ellos ha   recibido dos-- por la manifestación que reclamaba mejoras salariales 
y laborales convocada para el 18 de octubre pasado por los sindicatos   policiales y a la que también acudieron miles de miembros del   Instituto Armado, informaron a Europa Press fuentes de la Guardia   Civil. De esta forma, Interior ha ajustado el criterio inicial, según   el cual se señaló, en las semanas posteriores al acto, a nueve   guardias civiles que "se significaron especialmente" durante la   marcha.  
   Entre los guardias civiles a los que se ha comunicado ya o se   comunicará el expediente están los máximos dirigentes de las dos   asociaciones que participaron en la manifestación, AUGC y UGC,   Alberto Moya y Miguel Angel Lezcano, respectivamente. Este último   recibirá dos expedientes por falta muy grave relacionados con la   manifestación, aunque no ocupó la pancarta, donde se situaron   miembros de la asociación que ya están fuera de servicio.   
   Por parte de AUGC, también serán expedientados su secretario de   Comunicación, Juan Antonio Delgado Ramos, y el secretario de   Organización, José Antonio Agudo, todos ellos al frente de la   pancarta que encabezó la marcha. Fuentes de la asociación dijeron   esta mañana desconocer quién es el cuarto expedientado de AUGC.   
   Estos cuatro guardias civiles figuran entre los candidatos   presentados por sus respectivas asociaciones a las elecciones del   Consejo de la Guardia Civil que se celebrarán el próximo 22 de enero.   Según la Ley de Derechos y Deberes aprobada a finales de la pasada   legislatura, la apertura de estos expedientes no afecta a la   capacidad de los afectados para poder ser elegidos representantes de   sus compañeros en el Consejo de la Guardia Civil, un órgano compuesto   por 15 agentes y otros tantos miembros de la Administración donde se   debatirán las condiciones laborales en el Instituto Armado.    AUGC DENUNCIA "ACOSO".       
   AUGC valoró hoy la comunicación de los expedientes a tan sólo   siete días de la celebración de elecciones al Consejo como un ejemplo   más del "acoso" por parte del Gobierno al movimiento asociativo en la   Guardia Civil. "No quieren avances democráticos y de modernización en   la Institución, no quieren que los guardias civiles sean   protagonistas de sus mejoras profesionales y retributivas, quieren   que todo siga igual en la empresa", dice en un comunicado..  
   En el caso del portavoz de AUGC, Juan Antonio Delgado Ramos, se   trata del segundo expediente que se le abre por participar en una   manifestación. El primero acabó en una sanción de seis meses por   conducir el acto del 20 de enero de 2007 en la Plaza Mayor de Madrid,   al que miles de guardias civiles, incluidos los convocantes,   acudieron de uniforme.   
   Con el informe aportado por el Servicio de Información, que   desplegó un buen número de agentes por el recorrido de la marcha, se   logró identificar con algunas dudas a unos cuarenta agentes   asistentes al acto, precisaron las fuentes consultadas por Europa   Press. Con la aplicación del criterio de "especial significación" se   decidió en un primer momento expedientar a nueve, pero el último   ajuste de este criterio ha provocado que finalmente sean cinco los   guardias afectados.  
   Tras comunicarse el expediente al afectado en su respectiva   comandancia comienza un complejo proceso de varios meses de duración   que puede desembocar en una sanción. En primer lugar, la Dirección   General nombrará a un instructor y a un secretario, ambos del Cuerpo   Jurídico Militar, los cuales pueden ser recusados por el   expedientado. Superada esta primera fase, el instructor llamará a   declarar al guardia, realizará acopio de pruebas y se redactarán   pliegos de cargo y descargo sobre estos primeros pasos. Con toda esa   información, el instructor elevará una propuesta de sanción, que   finalmente dependerá del criterio del director general, Francisco   Javier Velázquez.   
   El propio Velázquez firmó una circular días antes de la   manifestación en la que advertía que los asistentes podían incurrir   en dos faltas muy graves, una por asistir a un acto de carácter   "sindical" y la otra por desobeder la orden que se daba a través de   esa misma circular de no asistir.   

Posible expulsión
   Las faltas muy graves pueden llevar aparejadas distintas   sanciones, según el nuevo Régimen Disciplinario de Guardia Civil. Los   guardias civiles que incurran en este tipo de faltas pueden perder   puestos en el escalafón o ser suspendidos desde tres meses y un día   hasta un máximo de seis años. También pueden ser expulsados   definitivamente del Cuerpo.   
   Las asociaciones de la Guardia Civil se retiraron como convocantes   del acto ante las advertencias del Gobierno, pero insistieron en el   derecho a manifestarse de los guardias esgrimiendo distintos   artículos de la Ley que se refieren a la libertad de expresión.   Velázquez insistió en que si la manifestación hubiese sido convocada   por las asociaciones profesionales, aún reivindicando subidas   salariales, la concurrencia de los guardias habría estado permitida,   pero que el hecho de que fueran los sindicatos policiales los   convocantes otorgaba "naturaleza sindical" al acto.