MADRID- El atentado del pasado 5 de octubre contra la Embajada de India en Kabul fue una réplica de los ataques de julio de 2008 en el mismo perímetro de la capital, donde murieron decenas de personas, entre ellas, dos diplomáticos indios. La excepción que presenta Nueva Delhi respecto a otros actores de la comunidad internacional que participan en el avispero afgano reside en que India no colabora con la misión de la Alianza Atlántica, la ISAF. «Nuestro papel es puramente humanitario orientado a su desarrollo institucional y económico. India nunca se ha planteado un envío de tropas», explica a LA RAZÓN el actual director del Institute for Topical Studies en Chennai y miembro del National Security Advisory Broad del Gobierno de India (2000-2002), Bahukutumbi Raman. Entonces, ¿por qué está en el punto de mira de los talibán? En la lógica terrorista la simple cooperación con el Gobierno interino de Hamid Karzai es una razón suficiente, pero Raman considera que detrás de esos ataques existe un planteamiento geoestratégico de envergadura, directamente relacionado con el tradicional enemigo de India. «Islamabad utiliza el terrorismo para intimidar a nuestro país. No quiere que mantengamos buenas relaciones con Afganistán, ni que extendamos nuestras actividades (humanitarias y económicas) allí, pero no vamos ceder», continúa Raman, en una conversación telefónica desde Chennai. El también autor de numerosos ensayos como «Terrorism: Yesterday, Today and Tomorrow» establece además una conexión entre los atentados de Kabul y los de Bombay en noviembre de 2008, que terminaron con la vida de 166 personas. Fue precisamente a raíz de esta matanza cuando se interrumpieron las conversaciones de paz entre los dos viejos adversarios iniciadas en 2004. Pakistán e India se han enfrentado en dos ocasiones después de la batalla de la independencia (en 1965 y en 1971) y estuvieron a punto de caer en una tercera guerra en 1998. En Afganistán, el veterano asesor del Ministerio de Exteriores, Davood Moradian, asume como propia la línea de acusación de Nueva Delhi y señala directamente a la controvertida agencia de inteligencia paquistaní (ISI) como inductora de los atentados con el objetivo de incrementar la preocupación de las potencias occidentales sobre el país islámico y abultar el presupuesto de las ayudas económicas. Un estudio de la Universidad de Harvard constató que, de los 1.800 millones de dólares dados por EE UU para mejorar sus capacidades militares en 2008, el Ejército sólo declaró 300 millones. El ex presidente del país, el general Musharraf, admitió recientemente que el dinero se utilizó para rearmarse contra India. Washington trata de aprender la lección y ha introducido una serie de cláusulas en el paquete de ayudas -proyecto Kerry-Lugar valorado en 7.500 millones de dólares- para evitar que los fondos se desvíen hacia el patrocinio de grupos terroristas o la militarización hacia su vecino. La ex embajadora india en la Conferencia de Desarme de Naciones Unidas en Ginebra, Arundhati Ghosh, desconfía, en una conversación con este periódico, de la determinación del Ejército de Pakistán contra los extremistas islámicos. Incertidumbre Retirada del cuerpo diplomático, Ghosh exige que el Gobierno de Zardari concluya la investigación sobre las implicaciones de Lashkar-e-Taiba (LeT), con sede en Pakistán, en los últimos ataques. «No han tomado ninguna medida contra ellos. India no puede entender esta actitud». Critica, a su vez, la liberación de Mohamed Said, el único inculpado por los crímenes de Bombay. La naturaleza nuclear de las dos potencias regionales repele, a priori, el conflicto directo pero nada impide que se utilice un tercer país, Afganistán, como campo de batalla.