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La Fiscalía indaga varios delitos tras las denuncias de un funcionario

El TSJA inicia una investigación penal por la usurpación de funciones públicas

A. Muriel. 

Tiempo de lectura 4 min.

29 de febrero de 2012. 23:34h

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SEVILLA- La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ya está investigando la usurpación de potestades públicas reservadas por ley a funcionarios de carrera, y que estarían desempeñando trabajadores «a dedo», en las agencias nacidas tras la ley de reordenación del sector público empresarial, la llamada «ley del enchufismo».

En un decreto de la Fiscalía del Alto Tribunal al que ha accedido este periódico, acuerda «interesar de la Unidad de Policía Judicial Adscrita que se realice la oportuna investigación de los hechos y de los posibles autores. Las diligencias de investigación penal se abren después de haber examinado los escritos que presentó ante la Fiscalía de Sevilla el funcionario Pedro Ruiz Trillo «por posibles delitos de prevaricación, nombramiento ilegal y usurpación de funciones públicas».

La espita la abrió este funcionario de la Consejería de Medio Ambiente, que fue el primero en denunciar a finales de octubre ante la Fiscalía de Sevilla y ante la Inspección General de Servicios unos hechos que podrían ser constitutivos de delito. Para ello aportó un listado con los nombres de 92 personas y el centro directivo al que pertenecían, asegurando que tenían acceso a bases de datos restringidas a funcionarios de carrera y que estarían desempeñando funciones tan sensibles como la tramitación y gestión integral de subvenciones. Pedía, entre otras cosas, que acreditaran el acto administrativo publicado en el BOJA en el que constara fecha y año de superación del proceso selectivo de acceso al empleo público o el contrato administrativo de trabajo.

Esta denuncia fue ampliada un mes más tarde, incluyendo un listado de nuevos trabajadores y nuevas agencias. Se cerró con un tercer capítulo, con la denuncia a mediados de diciembre de los jefes de servicio como «colaboradores necesarios» de esta usurpación de funciones que el Estatuto Básico del Empleado Público reserva a los funcionarios. Los jefes de servicio, que sí son funcionarios y pieza clave para el desarrollo de la administración paralela, estarían dando apariencia de legalidad a las acciones encomendadas por cargos políticos superiores y, por tanto, «permitiendo, amparando y facilitando desde sus puestos de trabajo y cargos el empleo efectivo de competencias y funciones públicas por personal que no es empleado público», recogía el tercero de los escritos.

Nada ha modificado que siete de las ocho macroagencias recurridas cuenten con sentencias o autos suspendiendo la integración de personal. Los funcionarios entienden que se está produciendo una clara insumisión judicial; el Gobierno andaluz sigue adelante con su hoja de ruta: integrando a personal proveniente de las empresas mercantiles en las agencias y dotándolos de responsabilidades que sólo pueden desempeñar los funcionarios.  La Inspección General de Servicios ha puesto en marcha un proceso para examinar que efectivamente son los funcionarios los que realizan estas potestades públicas. ¿Cuál es el problema? Que este proceso está viciado de origen.
Los inspectores son cargos de libre designación y tienen una dependencia jerárquica de la Consejería de Hacienda, la que ha puesto en marcha la polémica reordenación. 
 

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