viernes, 18 agosto 2017
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Madrid- Madrid- Después de un mes y medio de negociación, incluida prórroga, entre sindicatos y empresarios, el Gobierno cumplió ayer su compromiso de gobernar, con o sin consenso de los agentes sociales. El Consejo de Ministros  alumbró su reforma laboral para frenar el avance, que se antoja imparable, del paro. Con la responsabilidad encima de los hombros de dar respuesta a más de 5,2 millones de desempleados, el decreto ley de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral va más allá de los acuerdos parciales alcanzados entre centrales y patronal.

Sin duda, la reforma marcará un hito en la historia de la legislación laboral española y supondrá una auténtica revolución, al tocar cada una de las reglas de juego de las relaciones entre empresarios y trabajadores. «Toda una auténtica revolución sin precedentes». Por eso el Gobierno consideró ayer, por boca de su portavoz, que esta reforma marcará un antes y un después y la calificó de «histórica y completa», en palabras de la ministra de Empleo. No obstante, tanto Soraya Sáenz de Santamaría como Fátima Báñez admitieron que, aunque «necesaria», no es suficiente para acabar con el paro. De ahí que se enmarque en un conjunto de reformas.

Respaldo político y social


El Gobierno desea conseguir el mayor respaldo político y social para garantizar el éxito de la reforma laboral. Con este objetivo en mente, Báñez no ha descuidado ni un solo día desde que llegó al Ministerio su relación con los líderes sindicales y empresariales. De hecho, ha mantenido en este mes y medio un contacto estrecho, fluido y permanente con los agentes sociales. Sin ir más lejos, esta semana les informó del contenido de las nuevas reglas de juego. Amén de deshacerse, en estos últimos días, en halagos hacia ellos y poner en valor la responsabilidad demostrada por los mismos con el pacto de rentas, de flexibidad interna en las empresas y el descuelgue de los convenios alcanzado el mes pasado. Por si acaso, previamente a su comparecencia ante la Prensa al término del Consejo de Ministros, Báñez cerró con los líderes empresariales y sindicales un encuentro para este lunes. En esta reunión les facilitará los pormenores de la reforma, que ellos ya conocen y en la que han colaborado con acuerdos parciales.

Báñez tampoco ha descuidado el frente parlamentario. En busca de ese consenso, un día antes de que ayer el Consejo de Ministro bendijera los cambios, comunicó los detalles de los mismos al portavoz de Empleo del PNV en el Congreso de los Diputados, Emilio Olabarria. La vicepresidenta, por su parte, hizo lo propio con el portavoz de CiU en la Cámara Baja, Josep Antoni Duran Lleida. Al dirigente catalán le gustó como suena la melodía narrada por Sáenz de Santamaría. Hasta tal punto fue así que no pudo evitar la noche del jueves la tentación de  colgar un twitter en internet, en el que transmitía a sus seguidores su positiva impresión sobre la reforma.

Además, explicó que la percha legal elegida por el Gobierno era un decreto ley, que, tras su convalidación en el pleno del Congreso, se tramitará como proyecto de ley. De esta manera, el Ejecutivo abre la puerta a incluir las aportaciones de los grupos parlamentarios y los agentes sociales durante su tramitación parlamentaria. De momento, cuenta con el apoyo para su aprobación de CiU. El PNV, preocupado en defender sus intereses territoriales, aún no ha decidido su voto. Mientras que llega ese momento, a  partir de hoy, fecha de entrada en vigor de los cambios, el empresario dispondrá de un abanico de modalidades de contratación más clarificado y de mayores bonificaciones a la contratación. Además, se pondrá punto y final a las tradicionales rigideces internas que padecen las empresas. Si soplan vientos en contra, el empresario podrá cambiar horarios, funciones, reducir salarios, mover a su plantilla... Y es que la reforma permitirá el descuelgue real de los convenios.

Además, contará con un despido más barato. Ya no estará forzado a pactar despidos improcedentes individuales con la desaparición de la figura del «despido exprés». A partir de ahora, deberá justificar la extinción de la relación laboral.

Así se abre la puerta de par en par al uso general del despido procedente, con una indemnización de 20 días por año trabajado, con un tope de 12 mensualidades. En caso de desacuerdo, será el juez el que determine que no hay causa y lo declare improcedente, con una indemnización de 33 días por año trabajado y un máximo de 24 mensualidades. Y es que esta reforma acaba «con la esquizofrenia que era la posibilidad de reconocer la improcendencia de un despido», aseguraron ayer fuentes gubernamentales.

Las nuevas reglas del juego tendrán también muy en cuenta las circunstancias de las pymes, que representan el 95% del tejido industrial del país. Para las que cuenten con una plantilla de hasta 50 trabajadores, se crea un contrato indefinido, con fuertes bonificaciones. Además, se podrá compatibilizar el cobro de la prestación por desempleo con un salario. En la mayoría de estos cambios se tiene presente a los jóvenes, que sufren con mayor virulencia el paro.

 

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