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viernes 22 septiembre 2017
08:16
Actualizado

Primera denuncia de un funcionario por usurpar potestades y prevaricación

  • Aporta un listado de personas y centros directivos que tramitan ayudas sin ser empleados públicos

Sevilla- Los funcionarios insisten en que personal laboral y cargos elegidos «a dedo» están asumiendo en las nuevas agencias empresariales funciones reservadas por ley a ellos. El primer paso ya lo han dado: acumular pruebas y llevarlas ante la Fiscalía. 
El funcionario que ha tomado la iniciativa es Pedro Ruiz, secretario de acción sindical del Sindicato de Funcionarios de la Junta de Andalucía (Safja). En una denuncia presentada ayer ante la Fiscalía en Sevilla asegura que hay una serie de trabajadores de la empresa pública Tragsa y de la Agencia Agraria y Pesquera de Andalucía (Agapa) que desempeñan y ejecutan funciones reservadas a los funcionarios, lo que podría constituir un delito de prevaricación, nombramiento ilegal y usurpación de funciones públicas.
El escrito aporta un listado con el nombre de 92 personas  y el centro directivo al que pertenecen. Asegura que tienen acceso a bases de datos restringidas por la Consejería de Hacienda y Administración Pública y que llevan a cabo la tramitación y gestión integral de subvenciones.
El denunciante reclama la intervención inmediata de la Fiscalía y solicita que las 92 personas mencionadas aporten «los documentos administrativos que se exigen por el ordenamiento jurídico administrativo a todos los funcionarios de la Junta de Andalucía antes de cualquier desempeño efectivo de competencias y funciones públicas mediante la correspondiente relación orgánica de servicio».
Entre ellas, el acto administrativo publicado en el BOJA en el que conste fecha y año de superación de proceso selectivo de acceso al empleo público o el contrato administrativo de trabajo.
El objetivo es probar que esas personas no son empleados públicos sino personal que ha entrado por otro medio, «lo que no garantiza la legalidad de la actuación administrativa que realizan».
La petición a la Fiscalía va más allá, ya que también le solicita «que depure las responsabilidades penales que en su caso correspondan a las autoridades políticas y funcionarios que amparan y permiten en las consejerías afectadas que personal laboral privado desempeñe y asuma competencia y funciones públicas».
Esta misma denuncia la ha traslado a la Inspección General de Servicios de la Junta, el órgano que según aseguró la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, en el Parlamento, elabora un informe –sin haber detectado nada hasta la fecha– de que se cumple la legalidad en las agencias.
El Safja también presentó un escrito ante la Fiscalía de Málaga el 7 de septiembre en el que denunciaba la usurpación continuada de funciones de tres personas que provenían de Faffe en el Servicio Andaluz de Empleo. La Fiscalía abrió diligencias de investigación penal el 14 de octubre.  Adjuntaban un correo electrónico como prueba en el que uno de estos trabajadores daba instrucciones sobre la tramitación de los créditos al empleo estable.
Para Pedro Ruiz, el objetivo de la denuncia «es luchar por la independencia de los funcionarios y una gestión transparente, racional, apolítica y basada en las leyes para gestionar los impuestos de los ciudadanos».

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