La Junta pide a los «enchufados» en el SAE «deber de reserva y discreción»

Sevilla- La Consejería de Empleo ha tardado dos meses y medio en «acatar» la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que el 15 de noviembre acordó la suspensión cautelar de la integración del personal de la extinta Faffe –contratados de manera discrecional y sin una prueba selectiva pública– en el Servicio Andaluz de Empleo. Lo ha hecho mediante una resolución a la que ha tenido acceso este periódico con fecha 24 de enero del director gerente del SAE, Pedro E. Gracia Vitoria, sin firmar, y en la que dicta varias instrucciones para «sortear» la decisión del Alto Tribunal Andaluz.
Pese a que no aparece la firma del responsable del SAE –por lo que no tendría validez jurídica–, fuentes consultadas por LA RAZÓN aseguran que se está aplicando. La prueba es que la Federación de Servicios Públicos de UGT –sindicato que apoyó la reforma del sector público y que defiende los derechos de los trabajadores que sin ser funcionarios siguen trabajando en la Administración– emitió un comunicado dirigido al personal externo dos días después resumiendo la instrucción y mostrando su «alegría de que exista ya una resolución de la dirección-gerencia del SAE que clarifique nuestro papel en la agencia y que ponga término a la situación de inseguridad jurídica generada tras las sentencia del TSJA».
¿Cómo burla el Gobierno andaluz la suspensión cautelar de la integración del personal? Para empezar, el personal externo pasa a denominarse ahora «personal subrogado» –el correo electrónico, por ejemplo, incluye ahora las siglas «pls»– y convive con funcionarios y personal laboral de la Junta. Por eso, el SAE pide a los responsables de personal de la Agencia que eviten «cualquier situación de confusión de plantilla entre diversos colectivos». Deja claro que trabajarán «en los mismos locales» y «conjuntamente» aunque «asumiendo cada colectivo las funciones que legalmente puedan ejecutar».
Como es obvio, la instrucción señala que los «enchufados» no podrán ejecutar «potestades públicas», pero como convivirán en el mismo espacio que los funcionarios y «tendrán acceso a los medios informáticos y documentales precisos para el ejercicio de sus tareas», la instrucción les reclama «deber de reserva y discreción y buena fe contractual».
Mientras tanto, las decisiones judiciales contra la integración se acumulan. El juzgado de lo Contencioso Administrativo número 7 de Sevilla ha dictado auto notificado ayer por el que «se suspende el protocolo de integración del personal en el Servicio Andaluz de Empleo», a raíz de un recurso del sindicato CSIF-A.
La magistrada cita la sentencia de la misma sala contra la integración en la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales en la que se ponía de manifiesto «el desprecio al Estado de Derecho por parte de la Administración andaluza» en el diseño y en la ejecución de los protocolos de integración de la ley de reordenación del sector público ya que «todos los trabajadores que se integran como personal laboral de la Agencia han eludido el acceso por los principios de igualdad, mérito y capacidad».
El fallo señala que con el protocolo de integración del personal de Faffe y de los Consorcios Utedlt como personal laboral en el SAE se incurre en la misma acción.