La libertad de expresión como coartada por Carmen Enríquez

Decididamente, insultar o hacer burla del Rey en este país parece que sale gratis desde el punto de vista jurídico. Eso es lo que cabe deducir del informe de la Fiscalía de la Audiencia Nacional que se pronuncia en contra de penalizar la parodia efectuada el año pasado en Alsasua, en la que aparecía un imitador de Don Juan Carlos junto a símbolos falangistas y nazis.
Ridiculizar la figura del Jefe del Estado, según ese informe, no es constitutivo de delito ya que considera que una escenificación de ese tipo –zafia, vulgar y ofensiva– está amparada por la libertad de expresión. Ya nos dijeron algo similar hace tres años cuando se decidió que pitar al Rey mientras suena el Himno Nacional no es punible. Simplemente hay que dejar que los que lo hacen den rienda suelta a su libertad para expresarse.
Así que nada, barra libre para todo aquel al que se le antoje montar su particular «happening» sobre las Fuerzas Armadas, con banderas rojigualdas y otras con la cruz gamada junto a un rey encantado de presidir un acto tan denigrante. La coartada, eso sí, es perfecta: nada menos que una sentencia del Tribunal de Estrasburgo que ampara, por encima de todo, la libertad de expresión. Y la moralina del informe ya es la guinda: la Corona debe estar sometida a la crítica siempre que no haya voluntad de menosprecio de la institución.
Cualquiera que haya visto las imágenes de la parodia sabe con certeza que la voluntad de los que la representaron no era inocente. Y que su intención era, no ya el menosprecio, sino la ofensa abierta de unos ciudadanos contra el Jefe del Estado, el Ejército y otros símbolos de España, amparada por la alcaldesa de Alsasua que «casualmente» milita en las filas de Bildu.

Carmen Enríquez