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viernes 22 septiembre 2017
08:00
Actualizado

Los funcionarios no darán tregua

  • Las plataformas planean ya una asamblea en Antequera para tomar otra vez posiciones y abrirán un nuevo camino judicial: el de la oficina contra el fraude de la UE

SEVILLA-La mayoría insuficiente del PP-A también ha sido un varapalo para los funcionarios que esperaban que con el cambio de gobierno llegara la perseguida derogación de la Ley de Reordenación del Sector Público, técnicamente la Ley 1/2011, de 17 de febrero, y popularmente la «ley del enchufismo». Así etiquetada por blindar laboralmente en las nuevas macroagencias a más de 20.000 trabajadores que entraron en empresas mercantiles sin ningún tipo de proceso selectivo.

La rebelión de los funcionarios ha sido una gran china en el zapato de Griñán. Por las masivas manifestaciones que han protagonizado, por la ofensiva judicial que van ganando y por la información sobre irregularidades administrativas de la Junta que han puesto en circulación. Esta batalla no ha acabado y los funcionarios no están dispuestos a arrojar la toalla. En algunas agencias como la del Servicio Andaluz de Empleo trabajan provisionalmente con unas instrucciones de la Gerencia que renombran al antiguo personal externo como personal subrogado, después de que una sentencia del Contencioso-Administrativo del TSJA de mediados de noviembre de 2011 suspendiera el Protocolo de Integración. Otras seis de las ocho agencias sobre las que se apoya la reordenación empresarial también cuentan con sentencias o autos en contra de la fusión de personal funcionario y externo por menoscabar principios fundamentales como igualdad, mérito y capacidad.

Mientras se sustancia el nuevo Ejecutivo y el Gobierno ahorma un problema que está lejos de resolverse, las plataformas de funcionarios –Defiendo Mi Derecho y la Función Pública, Aidos y Al Andalus son las principales– ya se están moviendo de nuevo. Aún no hay fecha, pero hay propuestas para celebrar una asamblea de todas las plataformas en Antequera entre la última semana de abril y la primera semana de mayo. Será el momento de acordar las movilizaciones, que las habrá.

En cuanto a la vía judicial, no se agota en los recursos interpuestos por la integración laboral en las agencias. La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía inició una investiación penal por la presunta usurpación de funciones públicas en la que podría estar incurriendo el personal «a dedo». Este capítulo no está cerrado. La Junta, de hecho, tiene que ofrecer el resultado del encargo que le encomendó a la Inspección General de Servicios para determinar si estas potestades públicas están siendo ejercidas por funcionarios. En los próximos meses se abrirá otro camino judicial: el de la OLAF, la Oficina de la lucha contra el fraude de la Unión Europea, según ha podido saber este periódico de fuentes de las plataformas de empleados públicos. Gran parte del dinero invertido por la Junta a través de sus empresas públicas ha provenido y proviene de fondos Europeos. Y hay funcionarios que no tienen tan claro que la gestión y los procedimientos empleados hayan sido los correctos. Están haciendo acopio de información para remitirla a la UE.

En manos de IU está también, si finalmente pacta o apoya al nuevo Gobierno, que el tablero de la reordenación del sector público cambie. La coalición de izquierdas ha rechazado la polémica ley de la Junta. Tanto el fondo como las formas empleadas. Lo ha recordado en la campaña de las autonómicas. El coordinador regional de IU, Diego Valderas, llegó a decir a finales de 2010, cuando la Junta rectificó y accedió a tramitar la norma como Proyecto de Ley en la Cámara, que al «decretazo» no lo iba a «conocer ni la madre que lo parió. No hubo tal cambio porque el PSOE impuso el «rodillo» parlamentario. Ahora IU tiene su segunda vuelta, aunque entre los funcionarios no hay grandes esperanzas.

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