viernes, 26 mayo 2017
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Tres alcaldes gallegos imputados por prevaricación y cohecho

  • Un nuevo caso de corrupción urbanística se cierne sobre territorio español, esta vez en Galicia. Agentes de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales detuvieron ayer a un total de ocho personas en el marco de la «operación Orquesta», por un presunto delito de corrupción urbanística.

En concreto son, el alcalde de Fisterra, José Manuel Traba, y el de Mazaricos, José Manuel Santos, ambos del PP de Galicia, así como Ramón Ramiro Vigo, alcalde de Cee y perteneciente a la Agrupación Independiente pero que gobierna con el apoyo del PSOE de Galicia. El resto de imputados son otros dos concejales populares de Fisterra y tres empresarios industriales.

A todos ellos se les acusa de delitos contra la Administración Pública, tales como tráfico de influencias, prevaricación, cohecho y falsificación documental. En concreto, estarían relacionados con la adjudicación de obras a la constructora Ogando, que se habría beneficiado de la adjudicación de varios obras de forma irregular.

Desde primera hora de ayer, la Policía realizó un total de ocho registros en los tres consistorios cuyos alcaldes están imputados, así como en las viviendas particulares de los mismos. Además,  ya por la tarde, agentes de la Policía registraron el domicilio social de la empresa constructora Ogando S.L, en el municipio de Muxía, junto al responsable de la misma.

El industrial fue conducido por la Policía al interior del inmueble, también domicilio familiar, para proseguir con sus indagaciones. La «operación Orquesta» ha sido ordenada por la Audiencia Nacional en colaboración con el Juzgado de Instrucción número 2 de Corcubión, y sobre ella se ha declarado el secreto de sumario.

El Partido Popular de Galicia, a través de su portavoz económico, Pedro Puy, expresó ayer su «máximo respeto» por la acción de la Justicia para que efectúe su labor con «independencia». Y en la misma línea se manifestó el secretario general de los socialistas gallegos, Pachi Vázquez, que ofreció «la máxima colaboración» con la Justicia», aunque aseguró desconocer los motivos de la intervención judicial en los citados ayuntamientos.

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