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viernes 22 septiembre 2017
08:16
Actualizado

Nuevo revés judicial contra el «ilegal» concurso de méritos de la Junta

Sevilla- El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Cádiz  ha  desestimado el recurso de inadmisibilidad planteado por la defensa de la Junta de Andalucía, en un procedimiento judicial iniciado por el sindicato de funcionarios Safja sobre la protección de los derechos fundamentales en la rebaremación del concurso de méritos promovida por el Gobierno andaluz.

¿El origen? Safja interpuso un primer recurso, a tramitar por el cauce del procedimiento especial para la protección de derechos fundamentales, frente a una resolución de la Delegación en Cádiz de la Consejería de Hacienda, que modificaba otra anterior en la que se convocó un concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito de la provincia gaditana.

En concreto, se alteró el apartado A-2 de la base octava, relativo al mérito de antigüedad. En la redacción original se indicaba que «la antigüedad como personal funcionario de carrera, se computará por años completos de servicio o fracción superior a seis meses, valorándose hasta un máximo de 6,5 puntos a razón de 0.25 por año». Tras el cambio, se establecieron las mismas condiciones para los «interinos».

Según consta en los fundamentos de derechos del auto, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, el sindicato considera que esa modificación vulnera «el principio de igualdad y el derecho a acceder en condiciones de igualdad a la función pública, previsto en los artículos 14 y 23.2 de la Constitución española, en relación con el artículo 103.3 CE». Plantea que con la «ilegal rebaremación», la Administración autonómica pretende computar en concepto de «antigüedad» los servicios prestados con anterioridad a la adquisición de la condición de funcionarios. Una «clara discriminación» respecto al citado colectivo que, al no tener experiencia como interinos, nunca podrán concursar en situación de igualdad. El magistrado Constantino Merino recuerda que «ya existe una sentencia del Tribunal Superior de Justicia –TSJA–, firme, que en su día estimó que el planteamiento o criterio que restaura la resolución administrativa que ahora se impugna sí vulneraba» los mencionados derechos fundamentales. En base a ese fallo, acuerda «desestimar» el recurso del Ejecutivo andaluz y ordena que prosigan «las actuaciones por el trámite del procedimiento especial» para la protección de éstos. Cabe recordar que el sindicato de funcionarios ha presentado un recurso similar en los juzgados de lo Contencioso-Administrativo de todas las provincias andaluzas, contra las distintas órdenes y resoluciones que revocan parcialmente las bases del concurso de méritos que se convocó por la orden 2 de marzo de 2011. Ha solicitado, además, la adopción de medidas cautelares contra la baremación, puesto que el daño producido a «miles de personas» por la alteración del concurso sería «irreparable». De hecho, varios juzgados de Sevilla ya han suspendido la rebaremación del concurso de méritos de la Consejería de Economía, tras distintos recursos sindicales.

 

La «ley del enchufismo» acumula más de un centenar de recursos
La ley 1/2011, de 17 de febrero, de reordenación del sector público de Andalucía es otro de los caballos de batalla  del Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta (Safja) y lo será en el futuro. La «ley del enchufismo» acumula ya un abultado listado de recursos, escritos y demandas. Sólo en el ámbito penal, el sindicato ha presentado cuatro denuncias, dos de ellas ligadas a la subrogación del personal externo de la Faffe al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y otra, admitida a trámite, contra la delegada de Igualdad en Córdoba, el director gerente de la agencia Assda y la coordinadora de la Fundación  Andaluza de Servicios Sociales, entre otros, por presuntos delitos de usurpación de funciones públicas, prevaricación, desobediencia a la autoridad judicial e infidelidad en la custodia de documentos. A ello se suma casi una treintena de recursos contra modificaciones de puestos de trabajo, entre otras cuestiones; alegaciones a los estatutos de varias agencias; o la denuncia contra Igualdad por incorporar personal externo de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia, que en teoría gestionará 50 millones para centros de mayores, también admitida a trámite.
Safja ha colaborado, asimismo, en la interposición de un recurso contra la ley en el Tribunal Constitucional y ha presentado más de 50 demandas ante la jurisdicción contencioso-administrativa y más de 30 ante los juzgados de instrucción sobre los listados de externos y la labor que realizan.

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