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La SGAE delata al Gobierno

El auto del juez Pablo Ruz sobre el «caso SGAE», basado en las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción, es tan demoledor y revela tal grado de corrupción en la primera sociedad gestora de derechos de autor, que difícilmente el Gobierno socialista puede soslayar su responsabilidad, por varias razones. Primero, porque la Ley de Propiedad Intelectual deposita en la Administración central el deber y la obligación de supervisar el correcto funcionamiento de estas gestoras. Segundo, porque las arcas públicas han destinado generosos fondos a la SGAE, bien directamente bien a financiar sus actividades. Tercero, porque la centenaria institución es la que se embolsa prácticamente todo lo que el Estado recauda mediante el canon digital. Y cuarto, porque se ha cuarteado seriamente la credibilidad de España, ya muy deteriorada, en la lucha contra la piratería. Si  nuestro país ya es señalado como el segundo del mundo en prácticas ilegales contra la propiedad intelectual, ¿a qué puesto habremos llegado tras destaparse que la primera gestora de derechos de autor era un nido de presuntos corruptos, con un presidente que autorizaba, consentía e impulsaba el desvío de fondos? Resulta inaceptable el hermético silencio que ha mantenido el Gobierno, como si no se tratara de una sociedad de derecho público y no estuviera comprometido el destino de nuestros impuestos. Pero resulta aún más lacerante, de un cinismo irrespetuoso, que ministros como Caamaño y González-Sinde se hayan sacudido sus obligaciones desviando la responsabilidad a las comunidades autónomas. Mal que le pese al Gobierno, el «caso SGAE», aparte de su vertiente penal y fiscal, se ha convertido en un grave asunto político que salpica directamente a cuatro ministerios: Cultura, Justicia, Industria y Administraciones Públicas. Es decir, concierne muy directamente al vicepresidente primero, Pérez Rubalcaba, cuyo mutismo es muy elocuente de la dimensión del escándalo y de la proximidad ideológica de los imputados al PSOE. Además, como ministro del Interior, Rubalcaba tendría que haber ordenado ya una investigación sobre las irregularidades en las elecciones de la SGAE pues, según asevera el auto judicial, la candidatura oficial ocultó el censo electoral, distribuyó información engañosa y presionó a los votantes. ¿No son causas suficientes para anular esas elecciones? Tal vez Rubalcaba tenga previsto abandonar en breve todas sus carteras ministeriales y calcule que no le conviene como candidato chapotear en las aguas movedizas de la SGAE. En todo caso, este cúmulo de anomalías que asoma como la pequeña punta de un iceberg obliga a plantear la necesidad de que el Gobierno intervenga la gestora para salvaguardar los intereses de sus cien mil socios y los derechos de los consumidores y de la propia Administración. La Ley ofrece los mecanismos precisos para hacerlo en salvaguarda del interés general. Por lo demás, si le da tiempo, el vicepresidente Rubalcaba tiene otro urgente interrogante que despejar: si piensa suprimir o no el canon digital para satisfacer al movimiento del 15-M, con el que coquetea cada vez más abiertamente. Si así fuera, tendría que explicar cómo piensa cumplir la legislación europea en materia de propiedad intelectual.

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