MENÚ
jueves 14 noviembre 2019
00:33
Actualizado

Garrigues y Villasís abogados que trabajaron sin contrato según la Junta

«No existe ningún contrato de asesoramiento jurídico o de otra índole» relacionado con los ERE

  • La confirmación la ha dado el departamento que dirige Antonio Ávila
    La confirmación la ha dado el departamento que dirige Antonio Ávila

Tiempo de lectura 2 min.

18 de agosto de 2012. 01:05h

Comentada
18/8/2012

Sevilla- Los bufetes de abogados Garrigues y Estudios Jurídicos Villasis intervinieron en numerosos de los ERE investigados por el juzgado de Instrucción 6 de Sevilla. El sumario del caso está salpicado de muestras de esa labor de asesoramiento a trabajadores, empresas y Junta de Andalucía. La juez Alaya ya abrió una línea de investigación para conocer el presunto «enriquecimiento ilícito a costa de los fondos públicos con motivo de las subvenciones concedidas» de esos dos despachos de abogados. Además, entre los imputados se encuentran cuatro letrados, dos de cada firma.

Con motivo de la comisión de investigación de los ERE que comienza el martes en el Parlamento de Andalucía, el PP reclamó a la Junta «copia de los contratos de asesoramiento jurídico o de cualquier índole relacionada con las ayudas sociolaborales a las empresas Garrigues y Estudios Jurídicos Villasís». La respuesta del viceconsejero de la Consejería de Economía, Innovación y Empleo, a la que ha tenido acceso este periódico, es concluyente: «No es posible atender esta petición, pues consultada la documentación obrante en los archivos del área de empleo, no hay constancia en los mismos de ningún contrato de asesoramiento jurídico o de cualquier índole relacionada con las ayudas sociolaborales a las empresas mencionadas». Como la participación de ambas empresas está comprobada a tenor de la documentación aportada por el Gobierno andaluz al juzgado, la contestación confirma que Garrigues y Villasís trabajaron sin contrato alguno pese a que cobraron sus facturas. De hecho, en un auto reciente, la instructora alerta de «la discordancia» que existe entre los 724.388 euros que la Junta declaró, a efectos de IVA, haber recibido en servicios de Garrigues en el año 2003 y los solo 49.160 euros que este despacho manifestó haberle facturado.  Esa circunstancia motivó la solicitud tanto a la Administración autonómica como a la oficina central de Garrigues para que enviaran al juzgado todas sus cartas de encargo, pliego de condiciones para la adjudicación de contratos, facturas emitidas, expedientes de gasto, medios de pago e informes derivados de dicha prestación.

No es la única medida que la magistrada ha tomado contra estos dos despachos. Alaya los declaró responsables civiles subsidiarios –junto al sindicato CC OO, a varias de las empresas beneficiarias y a las intermediarias Uniter y Vitalia– de «la persona física que haya actuado en su nombre» en la obtención de ayudas presuntamente irregulares.

La instrucción considera, a tenor de la documentación y las declaraciones de los imputados, que los despachos vendían un «paquete completo» a las empresas: asesoramiento y prejubilcaciones a coste cero –o casi– porque «pagaba» la Junta. Según admite Empleo, no existía ni contrato.

Últimas noticias

Red de Blogs

Otro blogs