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Un aliado proetarra

Tiempo de lectura 4 min.

08 de marzo de 2011. 01:07h

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El caso de Arturo Cubillas y todo lo relacionado con el santuario de ETA en Venezuela ha sido un asunto muy incómodo para el Gobierno. Desde las primeras informaciones en los medios y las posteriores investigaciones judiciales, el Ejecutivo se ha resistido a dar al escándalo el trato que merecía. El Ejecutivo fue siempre a contracorriente y nunca demostró voluntad de ponerse al frente. Como suele suceder cuando se toma la decisión de ir a remolque y ponerse de perfil, los acontecimientos te acaban atropellando y dejándote en evidencia. Es lo que le ocurrió ayer al Ejecutivo después de conocerse que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco procesó al ex cabecilla de ETA Mikel Kabikoitz Karrera Sarobe, «Ata»; al ex responsable del aparato político Francisco Javier López Peña, «Thierry», y, sobre todo, al enlace en Venezuela, Arturo Cubillas Fontán, por un delito de integración en organización terrorista en calidad de dirigente por haber colaborado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El juez considera acreditado en su auto que Cubillas ha mantenido al menos entre los años 2004 y 2008 «contacto constante, permanente, securizado y directo con la cabeza de la organización terrorista y los distintos dirigentes de los grupos activos de ésta, con quienes ha coordinado y ejecutado tareas directivas de formación e instrucción, mejora y armamento de técnicas terroristas».

Este jefe etarra es un alto funcionario del régimen de Hugo Chávez y ocupa la jefatura de Seguridad del Instituto Nacional de Tierras. La instrucción judicial ha evidenciado que Cubillas cuenta con la máxima protección del caudillo, y que, en consecuencia, ETA dispone de un refugio más o menos seguro en la Venezuela chavista.

Aunque es cierto que el Gobierno no ha tenido más remedio que solicitar la extradición de Cubillas pedida por dos magistrados de la Audiencia Nacional, en la gestión del Ejecutivo ha pesado más el cuidado de no importunar a un aliado de la Administración socialista como Chávez que actuar con la contundencia diplomática debida, lo que resulta inadmisible. Los paños calientes del Gobierno con un régimen que cobija terroristas es censurable y sus responsables tendrán que responder de ello. No cabe imaginar que el caudillo venezolano habría actuado con la displicencia y el desprecio con que lo ha hecho si España hubiera respondido como debía.

La complicidad con Chávez es uno de los peores legados de la política exterior de este Gobierno de una lista casi interminable de fiascos en la desastrosa gestión diplomática de los socialistas. El caso de Arturo Cubillas y el resto de etarras acogidos al abrigo de Chávez debería haber sido motivo más que suficiente para que el ministro responsable hubiera dimitido o le hubieran destituido. No hablamos de un delincuente más, sino de un dirigente terrorista que, por ejemplo, se burló recientemente de las víctimas, y de una banda responsable de cientos de asesinatos. Quien protege a ETA es un enemigo de España y de los españoles y hay que tratarle en consecuencia.  Venezuela es un santuario de etarras y acabar con él es un deber y una obligación del Gobierno.
 

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