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Los editores de libros de texto aseguran que se elimina el 15% de la materia «valorativa»

Ciudadanía gana un 40% más en contenidos

Rocío Ruiz. 

Tiempo de lectura 5 min.

31 de mayo de 2012. 22:42h

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Rocío Ruiz.  1/6/2012

Madrid- Lejos de ser una materia «light», los nuevos cambios que pretende introducir el Gobierno en la asignatura de Educación para la Ciudadanía suponen un aumento en un 40% de los contenidos que se impartirán a los alumnos a partir del próximo curso académico y sólo se suprime un 15% considerado por el Gobierno del PP «adoctrinadores». Así se refleja en un estudio realizado por la  Asociación Nacional de Editores de Libros y material de Enseñanza (Anele) que también constata que, con respecto al Real Decreto 1631/2006, que ha estado vigente todo este tiempo, el que ha elaborado el actual Gobierno «suprime aquellos contenidos de carácter valorativo y, a cambio, aporta otros nuevos de naturaleza expositiva».
Así, los editores de libros tendrán que elaborar en tiempo récord contenidos totalmente nuevos pertenecientes a distintas áreas de conocimiento. 

Enfermedades y adicciones
En el terreno sociosanitario, habrá que incorporar textos que hablen de «los factores de protección frente a las enfermedades, las adicciones y el consumismo». En el área jurídica será preciso incluir información relativa a «la noción de ciudadanía, los criterios jurídicos para la adquisición de la nacionalidad española, los convenios internacionales, la transparencia en la gestión pública, el derecho a la privacidad y la propiedad intelectural».

El medio ambiente también tiene su hueco en la nueva materia, de tal manera que los alumnos estudiarán asuntos como la gestión de residuos, la preservación del patrimonio natural y la conservación artística, que también tendrán que ser incorporados en los libros, mientras sobre el área asistencial empezarán a estudiar qué es el Estado de Bienestar, la Seguridad Social, lo que representa el sistema de pensiones o el papel de las ONG. Los editores además trabajan a destajo para introducir textos que hablen de las sociedades democráticas, la libertad política, el terrorismo, los estados fallidos y el fanatismo religioso, asuntos que no habían sido tratados antes. La economía también gana peso, y ahora los alumnos de Secundaria estudirán asuntos como la dimensión económica de la sociedad humana, la libertad económica, el papel de la iniciativa económica privada en la generación de riqueza o el fomento del espíritu emprendedor, asuntos que tampoco se abordaban.

Vía de urgencia
El presidente de Anele, José Moyano, manifestó a LA RAZÓN que, «a día de hoy, los equipos editoriales están trabajando a marchas forzadas para tener los manuales preparados cuando empiece el nuevo curso académico». Llegarán a tiempo «si se aprueba el  real decreto por parte del Gobierno y, a su vez, las comunidades autónomas hacen la tramitación necesaria por la vía de urgencia antes de que acabe el mes de julio», añadió Moyano.

¿Qué ocurriría si la tramitación no se hace a tiempo?  Los editores de libros de texto ya tienen prevista la solución. En este caso, «daremos instrucciones a cada profesor  y haríamos un esfuerzo para orientarle sobre los cambios específicos que se han introducido e incluso editaremos adendas o cuadernillos con los contenidos nuevos», añadió Moyano.

Ahora bien, la Ley Orgánica de Educación (LOE) puede generar una situación paradójica. Según esta norma, en las comunidades autónomas con lengua propia, el Estado puede regular el 55% de los contenidos y la comunidad el 45% restante, mientras que en el caso de las autonomías sin lengua propia, el Estado marca el 65% de los contenidos y las comunidades el 35%; márgenes suficientemente amplios para que algunas autonomías puedan «rescatar» de manera totalmente legal aquellos contenidos que el Gobierno ha eliminado del currículum por «adoctrinadores». Así podría ocurrir, por ejemplo, en el caso de Andalucía. De hecho Cataluña, Canarias, País Vasco, además de Andalucía (totalmente favorable a la Ciudadanía que se venía impartiendo hasta ahora), ya han avisado de que van a introducir «sus» contenidos. Así, pudiera ser que nos encontrásemos en algunas comunidades autónomas contenidos que el Gobierno quiere desterrar entre los que se encuentran, según el estudio de los editores de libros de texto: las relaciones entre hombres y mujeres y todo lo que afecta a las relaciones afectivo sexuales; la valoración crítica de la división social y sexual del trabajo; la valoración de los derechos y deberes humanos como un proceso inacabado; el rechazo de las discriminaciones provocadas por las desigualdades personales, económicas o sociales; compensación de desigualdades y distribución de la renta; la influencia del mensaje publicitario en los modelos y hábitos sociales; un mundo desigual: riqueza y pobreza. la «feminización de la pobreza y la falta de acceso a la educación como fuente de pobreza»; o las relaciones entre los ciudadanos, el poder económico y el poder político dentro del debate sobre la globalización. Es decir, «se eliminan los puntos que puedan suponer una crítica contra la globalización», dice el estudio de ANELE.

Cambio de nombre
Los libros, no obstante, servirán para un curso académico ya que el próximo año habrá que cambiar el nombre de la asignatura de Educación para la Ciudadanía por el de Educación Cívica y Constitucional, un paso que lleva una tramitación más larga. De ahí que el cambio no se haga efectivo para el curso académico que empezará el próximo mes de septiembre.No obstante, hay comunidades como Madrid, Murcia y La Rioja que serían partidarias de suprimir la materia por los «quebraderos de cabeza» que ha generado.

 

Los objetores, contra la asignatura
Los objetores a la asignatura de Educación para la Ciudadanía creen que los cambios introducidos por el Gobierno no responden a sus expectativas. El vicepresidente de Profesionales por la Ética, Fabián Fernández de Alarcón, manifestó ayer que la nueva propuesta de Wert «únicamente maquilla la versión socialista de EpC y ha incumplido sus seis promesas de suprimir la asignatura». Según Fernández de Alarcón, el borrador de reforma «no es aceptable ya que como solución a un grave conflicto en el orden de los derechos fundamentales, proponer un mero cambio o sustitución de los contenidos no es de recibo: lo inaceptable es la existencia de una materia con pretensiones moralizantes».

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