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Ahorran cientos de miles de euros al año gracias a la Ley de Cesión de Bienes del Patrimonio Sindical Acumulado

Los sindicatos se jactan de abonar el IBI pero la mayoría se lo paga el Estado

F. Cancio. 

Tiempo de lectura 4 min.

30 de mayo de 2012. 01:46h

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MADRID- El lunes, tanto Comisiones Obreras (CC OO) como la Unión General de los Trabajadores (UGT) se apresuraron a emitir sendos comunicados en los que aseguraban que desde sus centrales se pagaba el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de todos los locales de su propiedad. Incluso añadían que también se hacían cargo de otras tasas municipales como las de residuos o pasos de carruajes, sean o no los inmuebles de su propiedad. Y ahí está la clave, pues los grandes edificios que utilizan los sindicatos son considerados Patrimonio Sindical Acumulado, es decir, son propiedad del Estado, que se los cede a los sindicatos a través de la Ley de Cesión de Bienes del Patrimonio Sindical Acumulado de forma totalmente gratuita y, como dice la norma, «los gastos derivados del uso y mantenimiento» correrá «a cargo de los respectivos cesionarios».

Por ello, las cargas tributarias de estos inmuebles son responsabilidad del dueño, en este caso el Estado, que es el que ha de pagar, por ejemplo, el IBI. Ocurre como en cualquier alquiler normal entre particulares: el dueño es el que tiene que pagar el impuesto, no el inquilino.
Ejemplos de edificios de este tipo hay muchos, aunque destacan, por ejemplo, los casos de la sede de UGT (en la madrileña Avenida de América 25), la de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (en Fernández de la Hoz,12, también en Madrid) o la delegación de Madrid de CC OO (Lope de Vega 38). Tres ejemplos de tres importantes edificios que suponen un ahorro de cientos de miles de euros para las arcas sindicales, que al año reciben cientos de millones de euros del Estado. Si bien es cierto que ambas centrales se hacen cargo de los gastos tributarios de sus locales (sólo de los que son propietarios), no abonan nada en los que se encuentran en régimen de alquiler (como puede ser una pequeña delegación en un municipio) o en los que son Patrimonio Sindical Acumulado.

Sin embargo, tanto en CC OO como en UGT evitaron ofrecer datos sobre cuáles o cuántos edificios o locales están sujetos a esa cesión por parte del Estado, señalando únicamente que sí que utilizan muchos de ellos pero sin especificar un número. Sólo apuntaron un par de ejemplos.
En resumen, los sindicatos pagan IBI, pero no de todos los edificios que ocupan y mucho menos de los más emblemáticos o grandes, como el de la sede de UGT de Madrid. Este edificio, que se encuentra situado en un lugar priviliegiado de la capital, tiene una superficie de unos 29.355 metros cuadrados en una zona en la que, de media, el precio del metro cuadrado es de 3.879 euros. Así, su Impuesto sobre Bienes Inmuebles ascendería a unos 126.000 euros. Cantidad que paga el Estado.

Zona exclusiva
En el caso de la sede de Madrid de CC OO de Lope de Vega, que alberga además el Ateneo cultural 1º de Mayo y el Auditorio Marcelino Camacho, ésta también se encuentra en una zona exclusiva, justo al lado del Paseo del Prado, a pocos metros del Museo del Prado. Ocupa una superficie de 10.550 metros cuadrados en un barrio de Madrid en el que el precio medio de venta es de 3.158 euros por metro cuadrado. Con estas cifras, su gasto de IBI sería de, al menos, 45.300 euros al año. Una cantidad que no chocaría demasiado con la realidad, pues la sede del PSOE de Ferraz implica –tal y como confirmó Alfredo Pérez Rubalcaba el lunes– un gasto anual de 59.671 euros para un edificio de más de 7.300 metros cuadrados situado en un barrio en el que el precio medio del metro asciende a unos 4.000 euros.

Mientras, la sede de la Confederación Sindical de CC OO de Fernández de la Hoz acarrea un gasto anual de unos 25.000 euros. Ocupa más de 5.800 metros cuadrados y se encuentra en una zona en la que el metro asciende, para la venta, a 4.300 euros.
Y así, con otros muchos edificios o locales...

 

La FEMP, con la normativa actual 
La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) no hará «ninguna petición» al Gobierno para que modifique las leyes que regulan el cobro del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a la Iglesia,  aunque sí elaborará un informe que trasladarán a las entidades locales para asesorarles acerca de qué normativas pueden aplicar o no y «en base a qué circunstancias se cobra el IBI». Así lo explicó ayer el presidente de la FEMP y alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, en declaraciones a la prensa tras reunirse la Junta de Gobierno de la Federación, informa Ep.

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