Dos auditores para vigilar a la banca

MADRID- La confirmación de que el Gobierno ha decidido extremar la vigilancia de todo el sector financiero está en la decisión de entregar la fiscalización de la cartera de créditos inmobiliarios y de los balances de los bancos a dos auditores «independientes». Como ayer informó LA RAZÓN, la medida pretende combatir la desconfianza exterior hacia nuestras entidades, después de que la caída de Bankia haya arrastrado consigo la salud de todos los activos inmobiliarios al asentar la idea de que la valoración del suelo en su conjunto es falsa debido a que incluso la parte puesta al corriente puede no reconocer su morosidad.
Credibilidad en juego

Las últimas convulsiones en el sector financiero se han llevado por delante la credibilidad del Banco de España (BdE) y también la de las auditorías hasta ahora realizadas. Ayer, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, confirmó que el Gobierno ha decidido incrementar las exigencias que ya habían establecido en la reforma financiera que aprobaron el pasado mes de febrero para anular las dudas creadas sobre el sistema financiero. Entre esas medidas adicionales está el examen que dos analistas independientes realizarán a todo el sector.

La Comisión Europea pidió el pasado jueves que un auditor autónomo valorara todo el «ladrillo» que está en manos del sector financiero español, una exigencia que ha llegado en paralelo a que el Gobierno español ya estuviera barajando esa posibilidad vistos los agujeros no detectados por la fiscalización del BdE y de consultoras externas. La elección de los auditores independientes se hará teniendo en cuenta su desvinculación de nuestro sector financiero y su «reconocido prestigio».

«El objetivo del Gobierno es dar credibilidad y confianza a nuestro sistema financiero y recuperar el crédito en nuestro país. También hay una tercera razón, la de conseguir la venta de viviendas a un precio razonable», explicó Sáenz de Santamaría. El Ejecutivo confía en que la auditoría «independiente» sirva para despejar todas las dudas y sirva además –alega– como base para continuar tomando decisiones sobre las responsabilidades que quedan por depurar en la gestión de la crisis financiera.

Preguntado por los culpables y las consecuencias del desaguisado, el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, dijo que el Gobierno todavía no ha identificado ninguna responsabilidad en el caso de Bankia, pero que analizará con «cuidado y atención» todos los errores cometidos. Por tres veces le interrogaron por esas responsabilidades en su comparecencia tras el Consejo de Ministros, y por las medidas que se adoptarán, sin que él entrase en detalle.

Su respuesta fue que «eso se tendrá que dilucidar en las próximas semanas» y que «el Gobierno no es nadie en estos momentos para decidir si se ha cometido o no algún tipo de irregularidad». «Las crisis se llevan por delante muchas instituciones», fue su advertencia.