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Las pensiones de los ex diputados nos cuestan este año 25 millones

  • Entre los beneficiarios están Carrillo y los socialistas Damborenea, Galeote, Castellano y José Acosta, que cobra 1.000 euros de la Administración aunque ahora es consejero de Bankia.  Almeida recibirá 2.589 euros al mes, más que la pensión máxima de cualquier español, según la actualización de las ayudas del Congreso a la que no se podrán acoger los parlamentarios actuales

España entera se aprieta el cinturón, el Gobierno prepara un ajuste multimillonario para los próximos Presupuestos y, sin embargo, hay cosas que no cambian. El Congreso acaba de actualizar, con fecha 28 de febrero de 2012, las pensiones y ayudas que paga cada mes a los ex parlamentarios españoles. Las hay de diferentes cantidades: desde los 561 euros que recibe al mes el catalán Pere Balta i Llopart, los 1.000 del socialista José Acosta, los 693 de Santiago Carrillo o los 2.589 de Cristina Almeida. La ayuda más alta es la de Pablo Castellano, que ingresa de las Cortes 2.877 euros mensuales. En total, la Cámara Baja destinará este año la friolera de 2.500.000 euros al pago de pensiones y complementación de ingresos a ex parlamentarios y a sus viudas e hijos menores de 25 años.

Se preguntarán ustedes cómo puede ser esto si el anterior presidente de la Cámara Baja, José Bono, impulsó, con motivo de la reforma del sistema público de pensiones, la derogación de una parte del privilegiado sistema de protección social de sus señorías que daba derecho a la pensión máxima de jubilación a todo parlamentario que estuviera un mínimo de 11 años en el Congreso o el Senado –aunque el resto de su vida no volviera a cotizar–, y si no los tenía, a un salario de carácter graciable, que podía conceder la Mesa del Congreso por muy distintas cuantías. Pues verán, la suspensión del llamado modelo de protección social para parlamentarios que ideó el socialista Manuel Marín –y al que ningún otro grupo hizo ascos– tiene validez a partir de la actual legislatura, lo que quiere decir que todos los anteriores siguen teniendo derecho a la dádiva.

Así, de acuerdo con el capítulo primero (artículos 1 al 16) del Reglamento de Pensiones Parlamentarias y otras prestaciones económicas, reciben con cargo al presupuesto una retribución adicional quienes habiendo cumplido 65 años y obtenido la jubilación han estado un mínimo de siete años en las Cortes. Esta ayuda, que supone para las Cortes 1.052.000 euros al año, complementa la que ya pudieran percibir sus señorías por otro sistema hasta llegar al límite máximo de percepción de pensiones públicas. En total, son 75 ex diputados y ex senadores quienes desde 2006 se han acogido a este generoso sistema. En la lista de perceptores aparecen nombres que en la actualidad, además, tienen otros ingresos, como es el caso del que fuera adalid del «guerrismo» en Madrid, José Acosta, que es consejero de Bankia. También resulta agraciada con 1.853 euros mensuales por este capítulo la abogada feminista Ana María Ruiz Tagle, el antaño convergente Josep María Trias de Bes, que hoy milita en UPyD y que cobra cada mes 2.117 euros del Congreso. E ídem Guillermo Galeote, ex secretarios de Finanzas del PSOE procesado en su día por el «caso Filesa», que cobra mensualmente 1.754 euros. El caso de la famosa abogada Cristina Almeida es además sorprendente, pues en abril de 2010 solicitó la ayuda, que le fue rechazada por la Mesa del Congreso hasta en dos ocasiones, ya que cuando ejerció la abogacía no pagó las cuotas sociales y tampoco cotizó por ella la Cámara. El caso es que escrito tras escrito y con amenaza de pleito de por medio, Almeida recibe hoy una de las mayores pensiones que otorga el Congreso (2.589 euros). Los servicios jurídicos  sostienen que, finalmente, se le concedió la ayuda cuando se jubiló, ya que antes no podía recibirla.

Otros 52 ex parlamentarios reciben la ayuda de acuerdo al artículo 9 del reglamento en cuestión, que se ocupa de quienes no han estado ni siquiera siete años, para que también obtengan retribución. Los hay como Ana María Abascal Calabria o Ricardo García Damborenea, procesado por los GAL y condenado por el secuestro de Segundo Marey, que cobran 2.060 euros mensuales del Congreso. Este capítulo le cuesta al Presupuesto de la Cámara 618.840 euros al año.

Claro que la «generosidad» del Estado con quienes han dedicado al menos siete años al Parlamento alcanza a sus viudas e hijos menores de 25 años, que también pueden solicitar a las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado la concesión de una ayuda económica. Así lo han hecho desde 2006 hasta febrero de 2012 –última regularización– 64 esposas de diputados y senadores, una partida por la que las Cortes en este ejercicio tendrá que desembolsar 780.816 euros.

Por su parte, Ángel Acebes es el único de los ex diputados de la Legislatura anterior que a día de hoy recibe la llamada «indemnización por cese». La empezó a cobrar (2.813 euros) el pasado mes de junio y tiene derecho a recibirla durante 21 meses.


Ex ministros con 80% del sueldo
Diputados y senadores de la actual legislatura ya no tendrán derecho a las llamadas jubilaciones de oro que impulsó en 2006 el socialista Manuel Marín, pero sí los ministros. El Gobierno de Mariano Rajoy ya ha dicho que no tiene intención de modificar las llamadas «pensiones indemnizatorias» a las que tienen derecho ex ministros y ex secretarios de Estado desde 1980. La Ley les otorga el 80 por ciento del salario (unos 4.640 europs brutos) durante 24 meses después de abandonar su cargo. No consta, de momento, que ninguno haya renunciado a este privilegio, aunque haya casi una veintena de ellos que reciben esta dádiva además de su sueldo como diputados de la Cámara Baja, y uno (Manuel Chaves) una pensión vitalicia por haber sido presidente de la Junta de Andalucía.


Posada «manostijeras»
Nada más llegar al cargo, el presidente del Congreso, Jesús Posada, decidió de mutuo acuerdo con el del Senado, Pío García Escudero, mantener por tercer año consecutivo la congelación de la asignación constitucional de los diputados. Esto, además de paralizar las aportaciones que las Cortes hacían a un plan privado de pensiones para sus señorías. Aun así Posada y García Escudero, que fue en su día uno de los más críticos con el plan de protección social para los parlamentarios, han de cumplir con los compromisos adquiridos antes de sus mandatos, ya que la suspensión que decidió Bono de una parte del articulado del Reglamento de Pensiones no afecta a quienes ejercieran la actividad pública antes de esta X Legislatura por muy efímero que fuera su paso por las Cámaras. Nadie se atrevió a darle carácter de retroactividad a la decisión, y de ahí los 2.500.000 euros a los que habrá que hacer frente en 2012 para este capítulo. Al menos, algo se ahorrará con la decisión de Posada y García Escudero de no hacer uso de las residencias oficiales a las que les da derecho su cargo. Claro, que teniendo ambos vivienda en Madrid, lo contrario hubiera sido cuestionado. En la Cámara Baja a Jesús Posada se le conoce ya como el «manostijeras» por su obsesión por el ahorro en especial en almuerzos y cenas privadas, como las que llegó a organizar su antecesor hasta para 20 comensales e incluso durante los fines de semana a cargo del presupuesto. Con Posada eso se ha acabado.

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