Jefes de servicio se blindan ante los varapalos al «decretazo»

Sevilla- Las sentencias y autos que tumban la integración de personal en las agencias de la Junta, en las que se apoya la reordenación del sector público empresarial, están sumiendo a los trabajadores en la más absoluta incertidumbre. No hay una directriz clara de qué hacer o cómo actuar. Y los responsables de área tratan de blindarse antes de incurrir en decisiones que puedan vulnerar la ley.
Un ejemplo es el escrito remitido el pasado 7 de febrero por un jefe de servicio de ayudas a un delegado provincial (reproducido junto a estas líneas) en relación a la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (Agapa). «Ante la falta de información oficial» –señala– sobre el auto de un juzgado de Sevilla que acordó la suspensión cautelar de la integración de personal externo de la empresa mercantil Dapsa en la Agapa, y ante «las consecuencias jurídicas y prácticas del personal de la agencia», pide al delegado provincial que «recabe de los órganos competentes de la Consejería y de la agencia la información que corresponda al objeto de que se nos traslade informe sobre el estado procesal de las actuaciones judiciales, así como de la incidencia que dicho pronunciamiento judicial tiene sobre el citado personal».
El jefe de servicio pide concretamente instrucciones sobre «las tareas que puede realizar el personal de la disuelta Dapsa», al tratarse de una gestión sensible como es el servicio de ayudas. Los sindicatos han criticado reiteradamente que personal no funcionario, proveniente de estas agencias mercantiles como Dapsa, están incurriendo en la usurpación de potestades públicas, que el Estatuto Básico del Empleado Público reserva a los funcionarios de carrera. Esta usurpación está incluso denunciada judicialmente.
El caso de Agapa es el del conjunto de las agencias. Las siete que fueron recurridas, de las ocho que componen el esqueleto empresarial público, cuentan con fallos anulando o bien los Estatutos o los Protocolos de Integración. Hay consejerías que están tomando algunas medidas, pero que no disipan el caos actual. La de Empleo emitió una resolución el pasado 24 de enero en la que da varias instrucción para sortear una sentencia del TSJA, según la cual el personal externo pasa ahora a denominarse personal «subrogado». La Agencia de Gestión Agraria y Pesquera es un gigantesco ente –la segunda de las ocho en volumen– con entre 3.000 y 3.200 empleados. El presupuesto de gasto para este año es de 231 millones de euros, de los que más de la mitad (123 millones) se dedican a pago de personal y a gasto corriente. LA RAZÓN avanzó el acta de una reunión de octubre en la que concluía que se estaba produciendo una «falta de coordinación a todos los niveles» derivada del ensamblaje de personal funcionario y externo.