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Portavoz del Consejo General del Poder Judicial

Gabriela Bravo: «Sería importante un pacto de Estado por la Justicia»

Modernizar la Justicia es el eje central del Consejo en el nuevo año judicial, que mañana abre el Rey

  • Gabriela Bravo: «Sería importante un pacto de Estado por la Justicia»

Tiempo de lectura 8 min.

19 de septiembre de 2010. 23:41h

Comentada
19/9/2010

- ¿Qué objetivo se marca el Consejo ante el año judicial que comienza mañana?
–Un objetivo prioritario es seguir colaborando con las Administraciones (central y autonómica) para impulsar la implantación y despliegue de la Oficina Judicial, de forma efectiva, y que el proyecto no sea meramente testimonial. En este ámbito el Consejo está llamado a desempeñar una función muy importante, removiendo obstáculos y propiciando herramientas necesarias para que el cambio y la modernización de nuestra Administración de Justicia sean una realidad. Y en esta misma línea estamos elaborando propuestas para impulsar cambios legislativos,  dirigidos a la agilización de los procedimientos, propuestas basadas en el  mejor banco de pruebas, como es la experiencia del día a día de los órganos jurisdiccionales recogido por nuestros servicios técnicos. Y en el ámbito de nuestras funciones propias nos hemos fijado como objetivos prioritarios la elaboración de varios reglamentos, destacando el de  Carrera judicial, que ya está en fase de estudio. Además, potenciaremos  el trabajo de los servicios de inspección para que, además del campo disciplinario, sirva para diagnosticar problemas y detectar disfunciones de forma preventiva antes de producir daños irreparables. Ésta es la finalidad de la inspección remota. Y, junto a todo ello, la definición de un nuevo modelo de formación judicial, presidido fundamentalmente por la especialización.

– ¿Qué novedades tendrá el nuevo reglamento de la carrera?
– Propiciará la adecuación del  estatuto de la carrera judicial a las reformas orgánicas operadas en los últimos tiempos  y mejorará las condiciones de trabajo de los jueces, configurando un adecuado marco de protección social (hasta ahora olvidado) que contemple los riesgos laborales derivados del ejercicio de la función jurisdiccional, así como garantizar las condiciones que permitan la adecuada conciliación familiar, sin que ello suponga detrimento alguno para el servicio publico. 

– ¿Se cambiará el actual sistema de selección de jueces?    
– En el marco de la Comisión Nacional de Selección, (formada por CGPJ, Fiscalía General y Ministerio de Justicia), un grupo de expertos está trabajando en la elaboración de un proyecto de reforma del sistema de selección de las carreras judicial y fiscal, para adecuar el proceso de selección al nuevo sistema universitario marcado por el Plan Bolonia.

– Y la Justicia, ¿qué reto es el más prioritario que debe abordar y la tarea mas urgente que tiene por delante?
 – Superar el lastre de la lentitud, sin olvidar las garantías constitucionales y para ello hay que dotar a los jueces de los instrumentos necesarios para optimizar su trabajo. El esfuerzo que realiza una amplia mayoría es encomiable, pero el ciudadano no lo percibe, ni es reconocido. Por ello es muy importante dirigir nuestros objetivos a la recuperación de la confianza y la credibilidad de nuestra Justicia. Es importante que el ciudadano sepa y perciba el gran esfuerzo que día a día realizan los jueces de este país en la tutela de sus derechos y explicar la importancia de su trabajo tan esencial en un Estado de Derecho.

– ¿El atasco judicial que se padece, tiene solución?
– El Consejo trabaja activamente en el diagnóstico de los juzgados con más carga de trabajo, para evitar los colapsos o saturaciones. Durante este año se han propuesto a las Administraciones, públicas y autonómicas, más de 300 medidas de refuerzo y se han elaborado planes de choque en aquellas jurisdicciones más saturadas. Ahora bien, esto no basta. Es necesario abordar una reforma profunda, en las líneas que ya marcó en CGPJ en su Plan de Modernización, que va desde una nueva organización judicial, reformas legislativas dirigidas a la agilización de procedimientos , revisión de la planta judicial, aprovechando las ventajas de las nuevas tecnologías, que nos permitan avanzar hacia el expediente digital, si verdaderamente queremos que la justicia de nuestro país sea capaz de afrontar las necesidades del siglo XXI, y para ello sería muy importante un Pacto de Estado por la Justicia.

–-La politización en la renovación del TC no ayuda a mejorar la imagen de una Justicia independiente. ¿Está de acuerdo?
– Creo que las instituciones han de ser renovadas en los plazos que la ley marca, y especialmente en el caso del TC,donde se evidencia que la voluntad del legislador era que las renovaciones fueran parciales. 

– La imagen de Baltasar Garzón en el banquillo ¿qué lectura tiene para usted?
–Desde el órgano de gobierno del Poder Judicial, no es una situación agradable la de ver a un magistrado  en el banquillo, al cual hay que recordar le ampara la presunción de inocencia. Me preocupa esa situación, sea Garzón o cualquier otro magistrado, si bien confío plenamente en la Justicia de este país, donde la Ley es igual para todos y , también la presunción de inocencia.

–¿Cree que el último objetivo de los Consejos autonómicos de Justicia es vaciar de competencias al CGPJ? ¿Tienen encaje constitucional?
– El TC en su sentencia –la relativa al Estatut– marcó los límites al señalar que el Poder Judicial, como poder del Estado, es único en todo el territorio nacional y las funciones de gobierno se encomiendan al CGPJ. En cuanto a la reforma de la Ley  Orgánica del Poder Judicial, el Consejo informará cuando nos remitan el Anteproyecto.

– ¿Qué opinión tiene de los mecanismos legales que está poniendo en marcha el Gobierno para «sortear» la sentencia del Estatut?
–  Sobre las posibles reformas legales, como he dicho anteriormente, el Consejo hablara a través de informe que en su día apruebe el pleno.

–¿Considera que está en riesgo el papel del Tribunal Supremo como última instancia jurisdiccional y unificador de doctrina?
– En absoluto. El cometido de unificación de doctrina es esencial para garantizar la seguridad jurídica en un Estado de Derecho y ahí el TS está llamado a desempeñar un papel fundamental, como ha venido realizando .

– ¿Tienen razón los jueces no asociados en sus quejas por la política de nombramiento del Consejo?
– Respetamos las discrepancias en estas materias, y puede que hayamos cometido errores, aunque todos los nombrados reunían méritos y capacidad, lo cual no significa que hubiera otro candidato mejor en algún caso. Asumimos la necesidad de introducir cambios y por ello reformamos el reglamento, para mejorar la política de nombramientos y garantizar la transparencia a través de las comparecencias publicas, para que sean los méritos y capacidad de los candidatos la base de nuestras decisiones, en un proceso absolutamente transparente, sin olvidar las dificultades propias de la mayoría cualificada exigida para muchos nombramientos.

– ¿Cuántos jueces en ejercicico se necesitan en España?
– Es evidente que necesitamos un mayor número de jueces, pero la primera cuestión que  hay que resolver es saber si tenemos bien distribuida la planta judicial y me parece que no. Es necesario  establecer una nueva organización judicial, que permita un mejor optimización del capital humano, y a partir de ahí deberíamos de valorar nuestras necesidades.Si invertimos en un modelo arcaico,  abundaremos mas en la ineficiencia funcional.

– ¿Qué balance hace de la gestión del ministro Caamaño al frente de Justicia?
– El Consejo mantiene unas excelentes relaciones con el Ministerio de Justicia basadas en el diálogo y la lealtad institucional,  pues todos estamos implicados en el proyecto común de mejorar y modernizar la Justicia.

– ¿Está a favor de que los fiscales asuman la instrucción? ¿Qué ventajas aporta frente al actual sistema?
–Éste es el modelo vigente en la mayor parte de los países europeos. Soy partidaria de un cambio en el proceso penal que evite la duplicidad de esfuerzos, agilice la investigación del delito y se fortalezcan las garantías constitucionales.

–¿La «tregua» de ETA puede cuestionar el papel de la Justicia frente al terrorismo?
–En absoluto. La Justicia trabaja, y seguirá trabajando, en la esfera de sus competencias, en la lucha contra el terrorismo. Y me parece que los ciudadanos han comprobado, incluso recientemente, que esto es así.

– ¿Se debe abrir la mano para que Batasuna esté en las próximas elecciones municipales?
– En las instituciones de un Estado de Derecho deben estar aquellos que condenen la violencia como medio de resolución de conflictos y aboguen por una convivencia pacifica.

– ¿Cree que la reforma de la Ley del Aborto puede tener pegas de inconstitucionalidad? ¿En su opinión supone una conquista social de la mujer?
– El tema fue ampliamente discutido en el seno del Consejo y no fuimos capaces de aprobar un informe. Corresponde ahora al Tribunal Constitucional la decisión de la cuestión planteada.

–Los juzgados de violencia de género no han conseguido detener la sangría de víctimas. ¿Qué reflexión le merece?
– Creo que la labor de estos juzgados ha sido y es muy importante, pero es éste un problema que hunde sus raíces más en la cultura, en la educación, en el histórico de una sociedad machista, a una parte de la cual le cuesta aceptar algo tan básico como  el respeto  y la igualdad.

– ¿Está conforme con que un procedimiento siga adelante sólo con la presencia de la acción popular?
–Es un tema controvertido, sobre el que el Tribunal Supremo se ha pronunciado en más de una ocasión y que ha sido cuestionado asímismo antae el TC en asuntos de impatos mediáticos.

 –Está conforme con que un procedimiento penal pueda seguir adelante sólo con la presencia de la acusación popular y en contra del criterio fiscal? ¿Es partidaria de limitar la acción popular?
–Es un tema controvertido, sobre el que el Tribunal Supremo se ha pronunciado en más de una ocasión y que ha sido cuestionado asimismo ante el TC en asuntos de impacto mediático.

– El próximo día 29 hay convocada una huelga general. ¿Hay motivos para llevarla a cabo?
– No es función del CGPJ entrar en el análisis político del derecho a la huelga y su oportunidad.

– Y los jueces ¿tienen o no derecho a la huelga?
– El pleno extraordinario del CGPJ acordó que el ejercicio del derecho a la huelga carecía de soporte normativo.

–Por último, ¿qué es lo que más le ha sorprendido hasta ahora de su paso por el CGPJ?
– La complejidad del órgano para  adoptar soluciones consensuadas y ello exige mucho trabajo, dialogo  y dedicación y sentido de la responsabilidad institucional es una realidad que asumes desde el primer momento, para garantizar el adecuado funcionamiento y el cumplimiento de nuestras funciones.


Corrupción y partidos
–¿Qué reflexión le merece que existan más de 700 asuntos, entre procedimientos judiciales y diligencias de investigación, abiertos contra partidos políticos?
–La ineficacia de los controles internos administrativos que deben operar en la fiscalización de los gastos de las obras y servicios públicos. Ahora bien, la alarma salta porque los controles democráticos, en este caso, a través de la acción de la Justicia, funcionan.
–¿Es partidaria de que los partidos políticos no se puedan personar en los procedimientos?
–Yo no soy muy partidaria de limitar derechos.  Pero tampoco soy partidadaria de librar en los Tribunales de justicia batallas políticas.

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