sábado, 22 julio 2017
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Un plan «antisocial» para rescatar Parla

  • El Ayuntamiento aprueba un plan «B» de ahorro a 20 años tras quedarse fuera de la oferta de pago a proveedores del Estado. El Consistorio dirigido por Fraile cobrará 3 euros en las bibliotecas y aumentará a 37,5 horas la jornada de sus funcionarios

MADRID- A grandes problemas, grandes soluciones, aunque llevarlas a cabo pueda dar al traste con promesas electorales y las más fieras reivindicaciones en el ámbito de las políticas sociales. Esto es precisamente lo que han debido de pensar en el Ayuntamiento de Parla: el cuarto consistorio con más deuda de España aprobó ayer en Pleno un plan de ajuste para poner límites a una deuda que en este momento podría ascender a la desorbitante cifra de 275 millones de euros. El alcalde de la localidad, el socialista José María Fraile, sacó adelante con el apoyo de los ediles de Izquierda Unida –con quienes ya no gobierna en coalición, pero que le ofrecieron un «sí crítico técnico»– un plan financiero con el que pretende acabar en 20 años con sus deudas a proveedores y entidades financieras.

El Gobierno municipal ha tratado por todos los medios de acogerse al plan de pago a proveedores puesto en marcha por el Ministerio de Hacienda  y, aunque los números rojos y el plazo máximo de diez años para «pintarlos» de negro han dejado a Parla fuera de la ayuda estatal, el equipo de Fraile ha elaborado un «plan B» a su medida que ahora deberá autorizar el Gobierno central.

El «plan B»
El Plan de Ajuste 2012-2032 prevé en su apartado de ingresos poner en marcha una subida media del 5,94 por ciento en el impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, así como subir las tasas y precios públicos actuales un 10 por ciento –además del IPC anual–. Pero entre la batería de medidas «antisociales» aprobadas por Fraile destaca, por ejemplo, la implantación de un impuesto de 3 euros por la utilización de los servicios de la biblioteca municipal. En 2011, según queda reflejado en el informe de la interventora del Ayuntamiento, «hubo 284.000 usuarios, lo que supondría un ingreso de 852.000 euros» anuales. Una recaudación que, en el plazo previsto de 20 años, apenas podrá «ahorrar» para las arcas municipales un 6,2 por ciento de la deuda actual de la localidad. Además, en su cuarto punto, el plan «contempla la posibilidad de la aprobación de nuevas tasas, aunque no se define cuáles». La interventora, que realizó el estudio para que Parla pudiera acogerse a la ayuda estatal propone, por ejemplo, crear una tasa de basuras de 22 euros, aumentar el IBI un 143,75 por ciento o reducir en un 60 por ciento el personal laboral temporal.

Precisamente esta última «recomendación» es la que trató de evitar por todos los medios el consistorio que, en palabras de María José López Bandera, su primera teniente de alcalde, han ampliado en diez años las fechas establecidas en el Decreto del Gobierno «porque un plan a diez años supondría reducir en un 60 por ciento los contratos de personal laboral temporal, pondría en riesgo los servicios públicos y obligaría al Ayuntamiento a triplicar los impuestos que pagan los ciudadanos», todo en una localidad de 122.000 habitantes que acarrea una deuda per cápita de 2.254 euros.

Pero la cosa no queda aquí. El plan también contempla un apartado de gastos en el que, para ahorrar, el equipo de Fraile sólo ofrece una cifra concreta: 37,5. «Implantación de la jornada laboral de 37,5 horas semanales lo que permitiría un ahorro por gratificaciones de 140.000 euros», asegura el informe que aprobó el Pleno. La cifra, que coincide con la ampliación del horario de los funcionarios impulsada por el Ejecutivo regional de Esperanza Aguirre en la ley de medidas fiscales que entró en vigor el pasado 1 de enero, ha sido fuertemente criticada tanto por el actual alcalde de Parla, que ahora la pone en marcha, como por su antecesor y coartifice de la deuda parleña, el secretario general del Partido Socialista de Madrid, Tomás Gómez.

El Ayuntamiento de Parla prevé también dejar de prestar servicios que han ido asumiendo y que, considera, no tiene «obligación de cumplir». En el capítulo de personal, los de Fraile han caído en otra contradicción: a pesar de que en 2009 ya aseguraron haber puesto fin a los gastos por antigüedad, fondo de absentismo o prestaciones a la Seguridad Social, en el plan de ahorro 2012-2032 vuelven a «prometer» la revisión de estas prebendas aprobadas en los convenios colectivos.

 

Subida de tasas con la venia de IU
Un plan conjunto unió de nuevo ayer a los ediles de PSOE e IU en Parla. A pesar de que ya no son socios de gobierno, y de que José María Fraile gestiona las maltrechas cuentas de la localidad en mayoría simple, los ediles de la coalición decidieron ayer ayudar a los socialistas a sacar adelante un plan que choca frontalmente con algunas de sus reivindicaciones, como la subida de impuestos o el aumento de horas en la jornada de los funcionarios. Tanto los concejales del PP como los de UPyD votaron en contra de un plan de ajuste con el que, según el portavoz de los populares, Miguel Ángel López, tampoco conseguirán las cuentas parleñas volver a tener sus cuentas en positivo.
 

Mentiras que no dejan de repetirse
El Plan de Ajuste 2012- 2032 esconde «sorpresas» que se creían resueltas hace mucho tiempo. Es el caso de los privilegios ilegales que tienen los funcionarios del Ayuntamiento parlense que Tomás Gómez creó para ellos justo antes de irse de la alcaldía y que su sucesor, José María Fraile, mantuvo a pesar de que Delegación del Gobierno, por entoces comandada por la socialista Soledad Mestre, pidió su anulación poco después de ser aprobados, en el año 2008. Bonificaciones por no faltar al trabajo, regalos por cumplir 25 años como funcionario, una semana más de permiso de paternidad o días libres por bautizos, comuniones y congresos sindicales son algunos de los privilegios de los trabajadores, que cuestan 200.000 euros a las arcas parleñas. Fraile los mantuvo en 2009, en 2010 y en 2011 porque se prorrogaron los presupuestos. Esto  provocó que el Tribunal de Cuentas abriera una investigación al respecto a principios del pasado año. ¿La sorpresa? Que cuatro años después del requerimiento de Delegación, aún no se han eliminado los privilegios, ya que el Plan de Ajuste 2012-2032 aún contiene la revisión de los convenios.

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