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Retrasan su comparecencia tras confirmar el Interventor que avisó de la ilegalidad

Plantón de Griñán y Chaves tras caer la versión de la Junta sobre los ERE

  • Zarrías proclamó ayer su amistad con el consejero Fernández
    Zarrías proclamó ayer su amistad con el consejero Fernández

Tiempo de lectura 4 min.

29 de agosto de 2012. 23:32h

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30/8/2012

SEVILLA- Griñán y Chaves no acudirán mañana a la comisión de investigación constituida en el Parlamento de Andalucía para analizar las irregularidades en las ayudas sociolaborales y subvenciones directas a empresas concedidas por la Administración andaluza entre 2001 y 2010. El PSOE forzó ayer, con la habitual complacencia de IU, un cambio en el calendario para permitir que ambos cierren la segunda tanda de comparecencias que aún debe aprobarse en el mes de septiembre. La comisión se reunirá esta tarde en sesión extraordinaria para aceptar esa propuesta, que sólo cuenta con la oposición del PP. La versión ofrecida ayer por el Grupo Socialista es que ese aplazamiento está razonado en cuestiones «institucionales»: como presidente y ex presidente son los cargos de la Junta de Andalucía de mayor relevancia durante el periodo investigado (2001-2010) y deben cerrar los trabajos.

La versión oficial tiene matices. La comparecencia del ex interventor general de la Junta de Andalucía Manuel Gómez del pasado martes no sentó bien en el seno del Ejecutivo andaluz ni en el Grupo Socialista. Aseguró que los avisos del órgano de control fueron desatendidos en 2005. Lo hizo de una manera muy gráfica: : «Si su vecino le advierte a voces por la ventana que salen llamas por su extractor de humo, usted qué haría. ¿Llamaría a los bomberos para evitar la catástrofe o esperaría a que su vecino confirmara la noticia por carta o correo electrónico?».

El PP andaluz vinculó la decisión de Griñán y Chaves con las afirmaciones del ex interventor y aseguró que quieren «huir» y «ganar tiempo» para preparar su versión.

No fue lo único que reseñó éste. Aclaró que el procedimiento de ayudas implantado por la Consejería de Empleo «no lo había visto nunca» y enumeró hasta 15 avisos correspondientes a otros tantos informes de control financiero entregados a distintas Consejerías en varias fases y que podían haber frenado el presunto fraude con un cambio de procedimiento. Sólo con que se hubieran atendido las recomendaciones de uno de estos trabajos de auditoría hubiera sido suficiente.

Este testimonio rompió la versión oficial diseñada por la Junta de Andalucía, que mantiene la legalidad de las ayudas y del procedimiento «discrecional» para su reparto. Todos los comparecientes hasta ese día –incluidos varios ex consejeros– repartieron la responsabilidad con los Grupos Políticos en el Parlamento –algo que molestó mucho a IU, el socio en el bipartito–, ya que todos los años aprobaban la Ley de Presupuestos donde se incluía la partida 31L, la conocida popularmente como «fondo de reptiles». El ex interventor se cargó esa teoría: las transferencias de financiación al ente instrumental para pagar las subvenciones sí tienen rango de ley porque aparecen en las cuentas públicas, pero el soporte legal –o la ausencia del mismo– con el que se concedían las ayudas –prescindiendo de la Ley de Subvenciones por ejemplo–, no.

Ante la caída de ese castillo de naipes, el PSOE cambió de estrategia. La intención original era finalizar los trabajos de la comisión antes de septiembre para iniciar el curso político sin el «molesto» tema de los ERE en la agenda. Ésa era la hoja de ruta. Aparcar el tema y centrar los esfuerzos en «combatir» las políticas del Gobierno central, ya que la oposición a Rajoy es el principal punto de unión entre PSOE e IU, socios en la Junta. Sin embargo, la coalición de izquierdas mantuvo abierta desde el primer momento la opción de formalizar una segunda ronda de asistentes para ampliar la información, opción que se confirmó tras el anuncio de dos de los citados de que no acudirían: la ex consejera de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez y el ex alcalde del municipio sevillano de Cazalla de la Sierra Ángel Rodríguez de la Borbolla. Ahora quieren ganar tiempo y «cerrar» la comisión una vez que se formalice otra tanda de citaciones: un plante a la Cámara andaluza. El 5 de septiembre habrá una reunión para fijar los nuevos trabajos de la comisión.
 

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