La oscura alianza entre sindicatos y patronal minera

MADRID-Las empresas del carbón están librando su propia guerra para subsistir en el conflicto de la minería. El recorte del 63 por ciento en las ayudas al sector afecta en primera persona a estas compañías, que ven cerca su final y se aferran a cualquier reivindicación, aunque sea sindical, para seguir recibiendo subvenciones.

El mantenimiento de las minas tiene fecha de caducidad. La Comisión Europea ya anunció en una directiva que las ayudas a la producción del carbón finalizarán en 2018, y que, a partir de 2019 solamente subsistirán las cuencas que sean rentables sin subvenciones. Y en España, todo apunta a que la mina de Cerredo será una de las supervivientes.

Esta cuenca, cuya residencia fiscal se encuentra en Asturias pero donde trabajan mineros de Villablino (Castilla y León), al situarse al límite entre las comunidades autónomas, pertenece al conocido empresario Victorino Alonso. Presidente de la patronal minera Carbunión y propietario de las dos empresas del carbón más rentables, Unión Minera del Norte (Uminsa) y Coto Minero Cantábrico (CMC), es uno de los protagonistas del conflicto minero que se está viviendo en España durante las últimas semanas. Según han informado fuentes sindicales a LA RAZÓN, cuando históricamente el SOMA-UGT y el empresario han sido verdaderos enemigos, el fuerte conflicto económico que se está librando entre las empresas mineras por la reducción de ingresos ha hecho que se unan por la causa. En este sentido, las mismas fuentes indican que parece que existe un pacto no escrito entre el sindicato y la empresa en virtud del cual el SOMA-UGT se quede con la hegemonía sindical en el sector minero privado –en el que no tiene tanta visibilidad–, considerando que Cerredo será una mina rentable a partir de 2019, cuando se acaben las ayudas.

La patronal minera y los sindicatos se han unido en esta lucha soterrada contra el Gobierno para mantener su financiación. Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de este año han reducido la partida para las empresas -lo que se destina de manera íntegra a la producción- desde los 300 millones de euros del ejercicio pasado hasta los 111 millones de euros en 2012, pero los principales sindicatos, UGT y CC OO, también han sufrido el recorte. La parte relacionada con la formación y la reindustrialización, que gestionan ellos, se ha reducido hasta los 101 millones de euros, como informó ayer este periódico, una cantidad a la que no han renunciado pese a la crisis del sector. Se trata de una cuestión de fondo que dista mucho de las protestas públicas contra los despidos en el sector. Sin embargo, desde el año pasado, las empresas del carbón han realizado Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) y reducciones de plantilla y salarios, esto es, antes de la publicación de los Presupuestos Generales para 2012, y sobre los que se resguardan para denunciar que los recortes los obligan a realizar concurso de acreedores.

Además, Carbunión, la asociación de las principales empresas mineras privadas, publicó hace unos días un informe en el que estima el coste del cierre de la industria del carbón en más de 6.000 millones de euros, cuando, no hay que olvidar que las ayudas que se están dando al sector son para facilitar un cierre paulatino y escalonado hasta 2018.

Algunas de las principales organizaciones sindicales han echado a los mineros a la calle, y las empresas lo han apoyado. Lo último, la «marcha negra» que culminará mañana en una manifestación contra los despidos en el sector.

Carbunión recibe el 35% de las ayudas
Carbunión, empresa que preside Victorino Alonso, en la imagen, ha recibido en los últimos veintidós años ayudas por valor de 2.100 millones de euros, el 35% de los cerca de 6.000 millones en subvenciones que ha recibido todo el sector del carbón nacional desde el año 1990.