viernes, 28 julio 2017
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Si el éxito de una huelga general se mide por el grado de paralización de la actividad de un país que logran los sindicatos, la convocada ayer por CC OO y UGT debe ser considerada como un fracaso. Más allá de la «guerra de cifras» propia de este tipo de convocatorias, un paseo por las calles de Madrid o por cualquiera de las arterias de las grandes ciudades revelaba que la actividad, aunque más reducida que en una jornada laboral ordinaria, no se había ni mucho menos detenido. Los comercios estaban abiertos; los taxis realizaban servicios y la presencia de piquetes para coaccionar la actividad brillaba por su ausencia en una jornada en la que no se registraron incidentes reseñables, salvo los provocados por algunos radicales, y en la que los servicios mínimos de los transportes funcionaron con normalidad.

Discrepancias
Las propias centrales  pusieron en duda el éxito de la convocatoria en los datos de seguimiento que ofrecieron. La cifra global, según sus cálculos, rondó el 77%, superior a la que anunciaron en los paros de 2002 y 2010, aunque muy alejada del 90% de la huelga de 1994, por ejemplo. Sin embargo, las cifras apuntan a un seguimiento muy desigual según los sectores. En aquellos de mayor implantación sindical, como la industria o la construcción, las centrales hablaron de un seguimiento cercano al 97%, cifra que en el caso del sector del «ladrillo», su patronal (CNC) rebajó hasta apenas un 15%. Sin embargo, en el sector servicios los propios datos sindicales apuntan un importante pinchazo. CC OO y UGT reconocieron que el seguimiento global en este área se situó en un 70%, porcentaje que rebajaron hasta el 64% y el 60% en hostelería y comercio, respectivamente. En ambos casos, sus respectivas patronales rebajaron tales porcentajes de forma sustancial

Más chocante resultó el caso de la banca, pues mientras las centales situaban su incidencia en torno al 40%, la AEB aseguró que era «mínima», como ponía de manifiesto que la mayoría de las sucursales bancarias abrieron sus puertas a los clientes. Tampoco el sector sanitario y el educativo dejaron de funcionar.

Aunque sin duda uno de los datos más significativos fue el del  sector público, que tanto ha padecido la crisis con sucesivas congelaciones salariales o ampliaciones de jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales, y que no dio su apoyo de forma masiva a los sindicatos. CC OO situó su seguimiento en un escaso 57%.

Consumo eléctrico
Otro de los indicadores más utilizados para medir el éxito de una huelga general, el consumo eléctrico, tampoco apuntó a un mayor respaldo que en anteriores huelgas. Los datos de Red Eléctrica revelaron una caída del consumo similar a la de ambas convocatorias, lo que dio pie a la directora general de Política Interior, Cristina Díaz, a manifestar que el impacto de la huelga fue «claramente inferior» al de 2010, aunque no dio datos concretos. Sí lo hizo la patronal, que cifró el seguimiento en apenas un 15%. En un documento interno, la CEOE considera «lesiva» la protesta por los daños que provoca. «Esta huelga es altamente inoportuna y reduce las posibilidades de salir de la crisis» en un momento en que España está bajo vigilancia. 

La endeblez de los datos no fue óbice, sin embargo, para que los sindicatos asegurasen que la huelga había sido ampliamente respaldada y se sintiesen legitimados para amenazar al Gobierno con más movilizaciones si no rectifica su reforma laboral. Ambas centrales han pedido por carta al Ejecutivo que abra una negociación y avisaron de que, si no lo hace, habrá «un conflicto social creciente», como aseguró el líder de CC OO, Ignacio Fernández Toxo, que no quiso especificar si eso significaba más huelgas. «Rajoy tiene dos opciones: cambiar la reforma laboral o cambiarla», afirmó el líder de UGT, Cándido Méndez. Si España está al límite es «porque así lo provoca el Gobierno», añadió, pese a que Rajoy lleva cien días en Moncloa.

El Ejecutivo, pese a las amenazas, mantiene el pulso. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, aseguró que las «partes troncales» de la reforma no se van a cambiar, porque, según aseguró, la «principal preocupación y ocupación» del Gobierno es crear empleo y dar «oportunidades» a los más de cinco millones de parados.

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