La Sanidad que más protege al inmigrante en Europa

MADRID- La reforma para racionalizar el uso de la Sanidad que hacen los residentes en España sigue generando debate. Un debate estéril si se analiza la realidad de los países de nuestro entorno. El Real Decreto aprobado por el Gobierno trata de dar una solución al uso ilegal del servicio. Es decir, los españoles con ingresos superiores a los 100.000 euros que no cotizan y los inmigrantes irregulares. Alrededor de este último colectivo se ha generado mucha polémica en los últimos días. A partir del 31 de agosto, los «irregulares» «sólo» podrán utilizar la Sanidad en casos de urgencia vital, las mujeres embarazadas (incluido el parto), los menores de 18 años y los enfermos crónicos. Para poder acceder a todos los servicios, podrán suscribir una especie de póliza con las comunidades autónomas que tendrá un coste de 60 euros mensuales.

«El único sistema que es garantista en Europa es el español. En ningún país se dan las coberturas sanitarias que se ofrecen aquí», explica Ricardo de Lorenzo, abogado experto en Derecho Sanitario. Para el socio director de de Lorenzo Abogados, «la clave es que partimos de una situación de ilegalidad de las coberturas y necesitábamos una regulación como la que ha hecho este Real Decreto, que en el preámbulo deja claro que se justifica en la preservación de la universalidad del sistema y que se ajusta a la situación económica del país». «Es una forma de dar cobertura en el sistema a personas que están fuera del ámbito legal», indica.

Racionalización
De la misma opinión es Julio Zarco, secretario del Observatorio de la Adherencia al Tratamiento: «España tiene prestaciones prácticamente universales para todos. Esta medida afecta a diferentes perfiles, no sólo a los inmigrantes, y se preservan las prestaciones necesarias. No se les excluye de una manera total y absoluta». «De todas formas, estamos ante un borrador que debe ser consensuado con las comunidades autónomas. Hay que racionalizar la prestación de servicios y preservar la equidad», explica.

A pesar de estos argumentos, los partidos de la oposición y los colectivos de inmigrantes se han echado las manos a la cabeza. aunque con esta reforma España sigue siendo el modelo más garantista de Europa, zona en la que este debate fue superado hace tiempo.

n Francia y Portugal. Tienen dos mecanismos de asistencia a los extranjeros irregulares, la asistencia sanitaria urgente y la asistencia médica del Estado. Ésta última puede ser solicitada por aquellas personas que puedan justificar una estancia en el país superior a tres meses y acrediten ingresos inferiores a los 600 euros. El resto sólo puede acceder a las urgencias y ser tratado de enfermedades contagiosas como el sida o la tuberculosis.

n Italia. La asistencia se gestiona a través de la tarjeta STP (Extranjero Temporalmente Presente) y ofrece asistencia ambulatoria y hospitalaria por enfermedad y accidente o considerada «esencial». El acceso a los médicos especialistas se realiza a través de un sistema de copago, pero la falta de definición clara de lo que es la atención «esencial» provoca que la administración intente cobrar los gastos al inmigrante.

n Dinamarca, Finlandia y Suecia son de los países más restrictivos y los extranjeros que no tienen su situación regularizada sólo pueden ser atendidos en caso de urgencia. En Dinamarca, la atención sólo se dispensa en hospitales y en Suecia obligan a pagar por la sistencia recibida (aunque pueden recibir subvenciones de las autoridades regionales, en función de cada caso). El gobierno finés cobra por los servicios: o bien al paciente o a su país, en el casod e que exista un acuerdo bilateral con su nación de origen.

Reino Unido es el sistema más parecido al español: permite la asistencia sanitaria gratuita y a la atención primaria en su área sanitaria. En el caso de necesitar hospitalización, tendrán derecho en caso de emergencia o accidente, planificación familar, enferemedades que puedan suponer una amenaza para la saludu pública, enfermedades de transmisión sexual y las consultas durante del embarazo, aunque en este supuesto deben pagar.

El caso de Alemania es más abierto, pero menos permisivo. Los extranjeros «irregulares» tienen derecho a toda terapia médica o odontológica necesaria para el tratamiento de enfermedades agudas y situación de dolor. El tratamiento incluye los medicamentos y material sanitario necesario. Sin embargo, para poder acceder a ellos, debe acudir primero a los servicios sociales, donde los funcionarios están obligados a denunciar la presencia de un «irregular».

Holanda estableció unan normativa muy restrictiva para lograr que los inmigrantes «sin papeles» abandonaran el país: sólo podían recibir atención en caso de «necesidad» o si tenían una enfermedad contagiosa que pusiera en peligro la salud pública. En la práctica, los médicos se opusieron a la medida y hacen una interpretación amplia del concepto de «necesidad».

Desarrollar la ley de salud pública
Uno de los asuntos derivados de esta reforma es qué va a ocurrir con el sistema de salud pública. El Gobierno socialista aprobó una ley que no ha sido desarrollada y que debe ser una prioridad para el Ministerio de Sanidad. Así, Julio Zarco afirma que «el Estado no debe depender de las comunidades autónomas. Por ello, el Gobierno debe desarrollar la ley para preservar la salud pública y potenciarla».