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Rajoy no revisará la dispersión de presos si ETA no se disuelve

El nuevo Gobierno está empezando a tomar el control de la gestión de la política antiterrorista en silencio y dejando que todo lo ocupe, como por otra parte es inevitable, la respuesta a la crisis económica y las primeras medidas para contener el déficit público.

Familiares de presos de ETA el pasado 8 de enero en Bilbao
Familiares de presos de ETA el pasado 8 de enero en Bilbaolarazon

MADRID- Para tomar ese «fuerte» lo prioritario son los nombramientos pendientes en la estructura por debajo del ministro del Interior, Jorge Fernández, entre ellos el del secretario de Estado de Seguridad. A partir de ahí empezará a fluir el trasvase de la información más sensible en materia antiterrorista y su correspondiente análisis en clave política.

Que nadie espere golpes en la mesa ni decisiones sonoras porque Rajoy ha decidido mantener el perfil bajo en esta materia una vez en el poder, como ya hizo en la campaña electoral, y hablar cuanto menos mejor, sobre todo para no enredarse en dimes y diretes con los nacionalistas y con la izquierda abertzale. Está convencido –dicen en Moncloa– de que ese pulso que intenta avivar el mundo de Batasuna sólo sirve para reforzar a esta marca proetarra en sus planteamientos. Y cree que siempre que se cede ante sus exigencias, es un gol al Estado de Derecho y un balón de oxígeno a la banda terrorista.

Pero de esa prudencia y perfil bajo que quiere imponer en el ámbito público cuelgan decisiones contundentes que ya fueron anticipadas, o sugeridas, en campaña, y que han sido ratificadas una vez en el poder. Por ejemplo, el presidente del Gobierno no revisará la política de dispersión de los presos etarras si ETA no entrega las armas y se disuelve.
 
«La dispersión de presos fue puesta en marcha para dificultar el control de la banda de sus presos, y sigue teniendo pleno sentido en tanto que ETA continúe existiendo», explican las fuentes consultadas.

Salvo que ETA anunciase esa disolución en el nuevo comunicado que prepara para mediados de enero, según adelantó LA RAZÓN, esta decisión de no introducir ningún cambio en la política penitenciaria traerá marejada política y en el Gobierno cuentan incluso con que el PSOE «se ponga a bailar» con los nacionalistas. Las presiones para que se modifique la política penitenciaria que se ha aplicado hasta este momento ya han empezado por parte de la izquierda abertzale, y también del PNV y del propio PSC para que al menos –dicen– se lleven a cabo medidas de acercamiento de los reclusos a cárceles más próximas a sus domicilios.

Una semana después de tomar el poder, desde el Gobierno señalan que en su hoja de ruta no está utilizar el amplio margen de discrecionalidad que otorga la Ley en materia de acercamientos y que no hay lugar para aplicar otra política penitenciaria que la que se ha practicado hasta ahora, que es la de los beneficios penitenciarios de carácter individualizado.
Recuerdan, con especial énfasis, que para acceder a ellos hay que hacer los méritos para conseguirlos, que están perfectamente reglados. Además de signos inequívocos de ruptura con los fines y los medios de la actividad terrorista y de su entorno; petición expresa de perdón a sus víctimas; asumir la responsabilidad civil de sus acciones; y colaborar activamente con las autoridades en el esclarecimiento de los crímenes de ETA y en la detención de sus responsables.

En Moncloa sostienen que Rajoy cree que se busca convertir la excarcelación de terroristas en el preámbulo de futuros éxitos en el terreno político, y que esta última clave, es decir, que ETA siga tratando de rentabilizar políticamente la extrema debilidad que le ha llevado a renunciar a la violencia, es la que obliga a ser todavía más prudente y más contundente en el «no» a cualquier movimiento que sea visto como una cesión.

«ETA, sus presos y su entorno político, amén de un importante sector nacionalista, siempre han reclamado la amnistía, que no sólo es el perdón por sus delitos, sino el olvido legal de los mismos. Y eso no es posible con o sin ETA», sostiene un alto cargo popular. A la espera de que ETA se mueva, el jefe del Ejecutivo ha marcado su terreno en el Parlamento ante Amaiur –la novedad de esta legislatura– y el PNV al dejar la dirección del Grupo en dos dirigentes vascos, el nuevo portavoz, Alfonso Alonso, y Leopoldo Barreda, que será su mano derecha.

 

LA LUPA
El ministro del Interior contacta con la AVT

El nuevo ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, se ha puesto en contacto con la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Ángeles Pedraza, a la que ha citado para una reunión formal para el próximo mes de enero.Pedraza agradeció enormemente en nombre de todas las víctimas el gesto del ministro, que fue «próximo, cordial» y mostró su interés por las víctimas. Fue el propio Fernández Díaz quien se dirigió a la presidenta de la AVT, lo que Pedraza calificó de «buen comienzo». Su antecesor en el cargo, Alfredo Pérez Rubalcaba, en los cinco años como ministro del Interior sólo se reunió una vez con la AVT, en mayo de 2010. Nunca más les volvió a recibir. Informa C. S. Macías.