domingo, 28 mayo 2017
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289 millones de pérdidas al día por el retraso de la «Ley Sinde»

  • Los fontaneros de Moncloa alumbraron ese título tan chic de Ley de Economía Sostenible (LES)para encuadrar un cajón de sastre de medidas encaminadas a dejar paso a otro modelo productivo.

Poco podían imaginar entonces que la disposición adicional segunda, insertada a última hora para evitar una remodelación integral de la Ley de Propiedad Intelectual, iba acabar fagocitando al resto de medidas. De hecho, nadie esperaba ayer cómo iba a ser la configuración final de la LES, si no si se le daba luz verde o no la llamada «Ley Sinde», curiosa ironía, pues Cultura tuvo que aceptar este plato, cocinado en Presidencia.  

28,9 pérdidas diarias

Con mucho suspense, el Parlamento acabó por decir que no al intento de bloquear el contenido protegido de las webs de enlaces, que es, al fin y al cabo, el propósito de la ya célebre disposición adicional. Esto tiene su coste para la industria cultural, concretamente, 28,9 millones de euros al día, si tenemos en cuenta las cifras del último Observatorio de «piratería» y hábitos de consumo de contenidos digitales. Los que más van a notarlo son los músicos, pues cada jornada dejan de ingresar 14,7 millones (su tasa de «piratería» es del 97,8%), seguidos del sector cinematográfico con 10,3 millones de pérdidas diarias.

No sólo estas industrias pagarán la factura del retraso, también la Hacienda pública pierde cada 24 horas cerca de cuatro millones de euros en concepto de IVA e Impuesto de Sociedades por el material legal que se deja de vender y también por las empresas del sector que echan el cierre.
En total, el Estado deja de ingresar más de 1.400 millones anuales, es decir, lo que pretende ahorrarse el Gobierno el año que viene con el recorte de las pensiones.

La opinión pública se había olvidado de que además de la «Ley Sinde» se votaba la LES, pero Convergencia i Unió, no. Los catalanes consideran que, dada la necesidad que tienen los socialistas de aprobar la ley, pueden sacar tajada de otros temas como I+D, infraestructuras... que contempla el texto, por lo cual prefieren que se vuelva a discutir en el Senado para que algunas de sus reivindicaciones se incluyan. El portavoz de CiU, sin embargo, no se manifestó en contra de la «Ley Sinde», sino que habló de la falta de acuerdo con la totalidad del proyecto.

Derechos de autor y libertad

El resto de grupos fueron taxativos y se negó a votar el texto pues consideran que el derecho de los creadores, no puede estar por encima de las libertades individuales. No tuvieron en cuenta sus señorías que ya se introdujo en las negociaciones previas un mecanismo que convierte en necesaria  una autorización judicial para el cierre de las web denunciadas. El procedimiento que propone la norma es que el dueño de los derechos de autor pueda demandar a una página web frente a la Comisión de Propiedad Intelectual (adscrita a Cultura, pero con representante de los diversos sectores) la presunta utilización ilícita de contenidos protegidos. Si la Comisión la estima, será remitida a un juez de la Audiencia Nacional que tendrá cuatro días para resolver si bloquea dichos contenidos de la página denunciada. «Esta organización ya tiene identificadas a 300 páginas y servidores que denunciará en cuanto entre en vigor la ley», desveló hace unos días Aldo Olcese, presidente de la Coalición de Creadores e Industrias Culturales.

     El portavoz de la patronal de la Cultura recordó que cuando comenzó a defender estos intereses apenas eran 80 y que, además, mutan de manera constante para evadir los efectos de la futura ley. Por eso pidió al  Gobierno que la redacción fuera lo suficientemente  amplia como para no nacer obsoleta. Antes de ayer, la Coalición advirtió que recurrirá a Bruselas si el texto no se aprueba.

La normativa, por tanto, no plantea ninguna medida contra los internautas. Como señalaba ayer la representante del PSOE en la comisión de Economía y Hacienda, donde se discutió la medida:  «Es la justicia la que decide». Este mismo debate lleva días salpicando la red. Ayer el Twitter de personajes como Álex de la Iglesia empezó a echar chispas tras defender su postura en favor de la norma: «Robin Hood no está dando dinero a los pobres, sino a las compañías telefónicas».

El director de «Balada triste de trompeta» entró en el cuerpo a cuerpo con muchos internautas que censuraron su postura. Y algunos colegas, como José Corbacho, le aplaudieron.  «No hay por un lado los internautas y por otro lado los creadores. Yo soy internauta y soy creador», zanjó así  el realizador uno de los hilos de discusión.  

Disputas en Twitter

Alejandro Sanz también se manifestó en favor del corte a las páginas de enlaces: «Qué cobardes los políticos españoles, no van a votar la  «Ley Sinde» porque es impopular... Cobardes e hipócritas». Les cayó a ambos un buen chaparrón fomentado por los partidarios de la cultura gratis.

     Eran la excepción a una actitud general que denunciaba también en Twitter el ex director general del ICAA, Ignasi Guardans, en el que manifestaba: «En el debate de las descargas sin derechos, el silencio de músicos y cineastas españoles es triste y apoya la imagen de que se hace para Hollywood». Y apostilló: «En proporción a su capacidad financiera, la descarga ilegal hace muchísimo más daño al distribuidor español que a Hollywood».

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