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La Justicia investiga a alcaldes y ex alcaldes socialistas por delitos de cohecho y prevaricación. El presidente de la FEMP, Pedro Castro, acusado de un «pelotazo» urbanístico de 40 millones

La corrupción cerca al PSOE de Madrid

Recalificaciones millonarias, contratos bajo sospecha y acoso laboral, entre los delitos de los que se les acusa.

  • Juan Jose Martín, alcalde de Pinto(c)
    Juan Jose Martín, alcalde de Pinto(c) / Efe
Marta Palacio.  Madrid.

Tiempo de lectura 4 min.

22 de febrero de 2009. 00:30h

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Marta Palacio.  Madrid. 22/2/2009

No corren buenos tiempos en el PSOE madrileño. En los últimos días, sus principales espadas, concentrados en el llamado «cinturón rojo», han ido saltando a los periódicos acusados de corrupción, prevaricación o cohecho. Imputaciones, citaciones... han convertido los juzgados de los últimos bastiones del PSOE en Madrid en una pasarela de primeros ediles socialistas. De hecho, la comunidad se ha convertido en epicentro de las tramas de corrupción que salpican a los socialistas.

Corrupción en Pinto

El primero en sentarse en el banquillo fue el alcalde de Pinto. Fue el 2 de febrero en el Juzgado de Instrucción número 7 de Parla, que investiga la «letra pequeña» del acuerdo de una moción de censura que arrebató la Alcaldía al PP el 22 de diciembre. Sus protagonistas: el actual alcalde socialista, Juan José Martín, IU, y el concejal independiente, Reyes Maestre, investigado por la Comisión del Pacto Antitransfuguismo.
Las informaciones publicadas en LA RAZÓN destaparon el telón de fondo de la maniobra: un desarrollo urbanístico llamado «Espacio del Motor», que prevé recalificar cinco millones de metros en los que varios promotores, apoyados por el PSOE, quieren construir un circuito de Fórmula 1 y 7.500 viviendas, acabando con casi todo el suelo libre. Las donaciones de promotores y constructores del municipio a una fundación ligada al PSOE, presuntos «favores» al concejal tránsfuga para ganar su voto y nombramientos «a dedo» han convertido a Martín y sus dos socios en imputados por presunta prevaricación, cohecho y corrupción.

Prevaricación en Getafe

También tendrá que rendir cuentas Pedro Castro, alcalde de Getafe y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias. Tras disculparse con los votantes del PP por llamarles «tontos de los cojones», deberá dar explicaciones a los suyos. El Juzgado de Instrucción número 1 de Getafe ha abierto diligencias por la querella por presuntos delitos de cohecho, prevaricación y falsedad documental en la permuta de unos terrenos para un campo de golf en Perales del Río.
En 2004, permutó 600.000 metros cuadrados de zona verde protegida por un terreno edificable. Y el juez ha de determinar si favoreció, con precios tres veces inferiores al mercado, a empresarios cercanos al PSOE, según la denuncia. Entre los implicados en este «pelotazo», con ingresos de 40  millones de euros, está el actual portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, David Lucas, concejal de Hacienda del municipio en 2004; y  uno de los beneficiarios de la permuta, Jesús Neira: uno de los principales promotores del municipio y ex edil de Urbanismo.
Pero no es la única querella contra Castro. Sobre él y su concejal de Vivienda pesa otra denuncia por manipulación de un sorteo de vivienda protegida, al pactar e incumplir con 600 cooperativistas de PSG su renuncia al sorteo a cambio de otras viviendas públicas.

Corrupción en Leganés

Afecta a uno de los ex alcaldes más fuertes del partido, José Luis Pérez Ráez; regidor durante 12 años y ahora diputado en la Asamblea de Madrid. Está acusado de presunta prevaricación al haber pagado a la empresa Cuadrifolio, tres días antes de los comicios de 2007, 101.000 euros por el alquiler de unas carpas, sin informes de intervención preceptivos. 

Acoso en Fuenlabrada
El director de Recursos Humanos del Ayuntamiento, que dirige el socialista Manuel Robles, otro  «hombre fuerte» del PSOE madrileño, instaló una cámara oculta en una sala en la que trabajaban cuatro funcionarios que habían interpuesto denuncias por acoso, insultos y traslados forzosos. Ni Ferraz ni su Dirección Regional han iniciado una investigación interna.

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