La pareja de la portavoz del PSOE implicado en una estafa urbanística

Comprar una casa no es hoy en día tarea fácil. La cosa se complica aún más si, como les ha ocurrido a unos vecinos del PAU de Vallecas, la adquisición se ve envuelta en gestiones de dudosa legalidad, denuncias y episodios de amenazas. La historia se remonta a abril de 2004, en este mes hasta 53 vecinos del número 8 de la calle Embalse de Valmayor se inscribieron como socios en la cooperativa de viviendas «La Dehesa del Ensanche de Vallecas» promovida por la entidad Análisis Social de Gestión, S. L. (ASG), vinculada al sindicato UGT de Madrid.

Según explican los vecinos detrás de las irregularidades cometidas en sus pisos está Felix Palomo Alcaraz, miembro de UGT y apoderado de esta empresa de vivienda –se da la circunstancia de que también es pareja sentimental de la portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Maru Menéndez–. Al parecer, Palomo configuró el Consejo Rector de la cooperativa «colocando» a personas de su confianza en los puestos principales. Así, según añadieron los propietarios, José María Casares y Rafael Albor, presidente y vicepresidente del Consejo son cuñado y ex empleado del sidicalista. Ambos, explicaron las mismas fuentes, habrían actuado como «hombres de paja» de Palomo para contratatar, sin vincular oficialmente a éste en la operación, a la sociedad «amiga» Serproge S. A. para construir los pisos.

Según la denuncia que algunos de estos vecinos han remitido a la Fiscalía Especial para laRepresión de los Delitos Económicos relacionados con la Corrupción, la promotora (Serproge S. A.) les obligó a firmar dos contratos: El primero, visado por la Comunidad de Madrid con los precios máximos legales establecidos en la normativa de vivienda de protección pública. Y el segundo, con los precios que establecía la cooperativa. Según consta en la denuncia de los propietarios «se han constatado incrementos o sobreprecios muy importantes en los precios totales de las viviendas, muy superiores a los máximos legales establecidos». Los afectados denuncian que en la promoción de sus viviendas imperó el ánimo de lucro ya que «los aumentos registrados se sitúan por encima del 30 por ciento aproximadamente».

Otra de las reclamaciones se refiere al destino del dinero que los cooperativistas ingresaron en concepto de provisión de pérdidas, sólo dos meses después de la creación de la sociedad, y que podría haber ascendido hasta 1.211.610,04 euros. Según relataron los propietarios en varias ocasiones han solicitado a ASG la información de los gastos de la empresa para conocer el destino de estos fondos pero siempre se han negado a enseñárselas.

Al parecer, Serproge cursó la baja obligatoria de los propietarios como socios cooperativistas antes de la liquidación y extinción de la cooperativa, impidiendo así la participación y derecho a la información de los socios.

A esto se une también varios desperfectos en los pisos e irregularidades en las cuentas corrientes de la cooperativa que se constatan en la denuncia y que en este momento está tramitando la Fiscalía al encontrar indicios de delito.

Los problemas de estos vecinos con Palomo, el presidente de la cooperativa y el vicepresidente no se ciñen únicamente al ámbito urbanístico. Las mismas fuentes precisaron que existen también sendas denuncias por insultos y amenazas a raíz de la solicitud de las cuentas de la cooperativa. El mismo motivo llevó también a Palomo a interponer una denuncia contra dos vecinos de esta comunidad.