lunes, 25 julio 2016
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La reforma de servicios que prepara el Gobierno generará 200000 empleos

madrid- El Gobierno espera que la reforma del sector servicios que prepara genere una creación de 200.000 nuevos empleos entre 2010 y 2012 y una reactivación de la economía del 1,2% del PIB en el tercer trimestre de 2012, punto ágildo de la aplicación de estos cambios. Para conseguir estos retos económicos, el Consejo de Ministros aprobó ayer para su remisión a Las Cortes el Proyecto de Ley sobre el Libre Acceso a las Actividades de Servicios y su Ejercicio, denominado Ley Paraguas, en cumplimiento de la directiva comunitaria de servicios. Además, analizó, por primera vez, el anteproyecto de modificación de 46 leyes para su adaptación a la Ley Paraguas, conocido como Ley Ómnibus. La trasposición de la directiva supondrá un ahorro para ciudadanos y empresas al eliminar un elevado número de trabas y pasos administrativos que existen en la actualidad. Como botón de muestra, 750.000 pequeñas empresas se ahorrarán 450 millones por la simplificación administrativa en la prevención de riesgos laborales. Menos autorizaciones La Ley Paraguas suprimirá las autorizaciones administrativas que no estén justificadas por razones de interés general o sean desproporcionadas. Las que se mantengan deberán cumplir una serie de requisitos. Se garantizará, además, la libre prestación de servicios para prestadores ya establecidos en otro Estado miembro, que quieran ejercer temporalmente una actividad de servicios en territorio español. Simplificará al máximo todos los procedimientos administrativos y limitará el uso e trámites físicos muy excepcionales. Mientras, la Ley Omíbus eliminará completamente 14 regímenes de autorización previa y otros 27 se sustituirán por comunicaciones, notificaciones o declaraciones responsables. Esta norma sustituirá el régimen de autorización administrativa previa en las actividades industriales por el de comunicación o declaración rseponsable del interesado. En el sector energético cambiarán cuatro regímenes de autorización previa por comunicaciones de inicio de la actividad a la autoridad competente. En de telecomunicaciones y en servicios medioambientales y de agricultura ocurrirá algo similar. Este anteproyecto excluye la reforma de la Ley del Comercio y recoge una amplia y profunda modificación de la de Colegios Profesionales. Así, se eliminarán las restricciones injustificadas a la publicidad de los servicios profesionales, la función de los colegios de fijar baremos orientativos de honorarios o cualquier otra recomendación sobre precios. Además, la solicitud del visado colegial de los trabajos profesionales será voluntaria, salvo que lo exija la ley. Y se suprimirá las restricciones impuestas por los colegios al ejercicio conjunto o simultáneo de dos o más profesiones. La reforma implicará también un abaratamiento de las tarifas, en algunos casos abusivas, que cobran los colegios por la colegiación, que seguirá siendo obligatoria. Impulso Además de estudiar la reforma estructural del sector servicios, el Consejo de Ministros dio ayer luz verde a un nuevo paquete de medidas orientado a reactivar la economía, en el que incluye la bajada de dos puntos del interés de demora que se aplica en el aplazamiento de las deudas de los contribuyentes con Hacienda. A partir del lunes pagarán el 28,5% menos en sus aplazamientos con el Fisco, al situarse el tipo de demora en el 5%. En este ejercicio, comprobarán un ahorro real de unos 74,1 millones de euros (unos 12.500 millones de las antiguas pesetas). El Gobierno reduce también el tipo de interés legal del dinero, que pasa del 5,5% al 4%. El sector privado, salvo que pacte lo contrario, suele fijar este tipo en el aplazamiento de las deudas. Las medidas fiscales decididas ayer se completan con la determinación de mantener más allá de enero de 2012 la deducción en Sociedades por inversiones en I+D+i. En principio, el Gobierno valoraría en 2011, previo informe de Hacienda, la continuidad o no de esta deducción, después de decidir en la pasada reforma del impuesto la eliminación de deducciones. El plan anticrisis, articulado como decreto ley por la urgencia de la situación, establece que en caso de impago en una de las emisiones avaladas por el Estado, el inversor recibirá una compensación durante el tiempo que transcurra entre el impago por parte del emisor y el pago por parte del Estado de las cantidades avaladas. Esta modificación asegura que las emisiones con aval del Estado tendrán la misma calificación que el Reino de España por parte de las agencias de rating. Pymes, las beneficiadas El paquete incluye también una medida que favorecerá, sobre todo, a las pequeñas y medianas empresas. El Consorcio de Compensación de Seguros reasegurará pólizas de crédito de operaciones comerciales de 40.000 millones de euros, el 20% de las operaciones a crédito aseguradas en este momento en nuestro país. Este reaseguro funcionará de manera similar a las líneas del ICO. Para articular esta medida, el Consorcio firmarán un convenio con Unespa. De momento, las tres grandes compañías aseguradoras (Crédito Caución, Mapfre y Cespe) han expresado, según Economía, su interés por acogerse a la misma. El Consorcio generará por estos reaseguros, que se aplicarán desde enero pasado, pérdidas en 2009 y 2010. Economía calcula que en este ejercicio se elevarán a 160 millones. El Real Decreto establece también la reforma de la Ley Concursal para garantizar la refinanciación de empresas viables antes de que presenten recurso de acreedores. Estos cambios aumentan las garantías de las operaciones pre-concursales para evitar que puedan ser rescindidas en el proceso. La efectividad de las garantías se condiciona a que la refinanciación cuente con el respaldo de tres quintos de los acreedores, un plan de viabilidad, un informe independiente y constancia en escritura pública. A estos cambios no se podrán acoger las empresas que estén ya en concurso.
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