Alemania confisca el dinero y los bienes a los refugiados

Las autoridades de de Baviera y Baden-Württemberg copian la polémica medida tomada por el Gobierno suizo.

Es el país europeo que acogió el año pasado a más de un millón de refugiados y encabeza una de las políticas más hospitalarias del continente, pero, al igual que Dinamarca y Suiza, también está dispuesto a confiscar los efectos personales de los migrantes recién llegados. Hace sólo unas semanas, la Prensa alemana se manifestaba indignada ante el debate danés sobre la apropiación de objetos de valor a los demandantes de asilo para financiar su estancia en el país. Ayer, unas declaraciones del ministro del Interior bávaro, Joachim Herrmann, en el diario «Bild», desvelaron que dos Estados federados alemanes ya llevan a cabo esta práctica. Se trata de los «landers» de Baviera y Baden-Württemberg, los dos más ricos del país, sólo por detrás de Renania del Norte. Baviera, que soporta un gran peso migratorio por su proximidad con la frontera austriaca y se ha erigido como uno de los Estados más insistentes con la necesidad de un control exhaustivo en las fronteras, requisa el dinero en efectivo y los bienes de aquellos refugiados que dispongan de más de 750 euros. El caso de Baden-Württemberg es aún más impactante, ya que allí se confiscan los efectos personales cuyo valor sobrepase los 350 euros. En diciembre de 2015, según se supo ayer, una media de mil euros fue requisada a cada refugiados en el Estado.

La ministra alemana de Integración, Aydan Özoguz, aseguró que la polémica medida no contradice las leyes del país. «Un demandante de asilo debe servirse de sus propios ahorros y medios antes de poder recibir la prestación social alemana», remarcó, por lo que se considera que con estos bienes confiscados, «incluso joyas de familia», los migrantes ayudan a nutrir el presupuesto destinado a atender sus necesidades básicas.

La ministra explicó que un ciudadano alemán sólo recibe la ayuda social (una prestación que cubre poco más que los gastos básicos de alojamiento y alimentación llamado «Half IV») si demuestra, bajo autorización de acceso a sus cuentas bancarias, que no posee ni ahorros ni bienes. De lo contrario, la prestación le es denegada. «En ningún caso, los demandantes de asilo pueden tener ventaja sobre los ciudadanos alemanes o europeos que reciben ayudas sociales», apuntilló la ministra socialdemócrata. Baviera y Baden-Würtemberg son los principales puntos de entrada al país y llevan meses lanzando gritos de ayuda en dirección a la Cancillería por la cantidad de migrantes que acogen. Sólo durante diciembre, a pesar de las bajas temperaturas, el país recibió cerca de 5.000 refugiados diarios.

Ante estas revelaciones, nacen las críticas. Uno de los primeros en pronunciarse ha sido el activista Rupert Neudeck, que apunta que la situación de un ciudadano europeo no es equiparable a la de un asilado y asegura que esta medida elimina la libertad del inmigrante de poder retornar a su país, como los 400 refugiados iraquíes que prefirieron volver a sus casas en los últimos meses tras no haber encontrado las condiciones y seguridad esperadas en Alemania.

También la Prensa internacional se alarmó ante los planes de Dinamarca que ahora parecen estar causando un efecto dominó en otros países. Fue el caso de «The Washington Post», que comparó la propuesta confiscatoria con las usurpaciones masivas que los nazis realizaban a los judíos, una acusación que levantará viejas ampollas en el país gobernado por Merkel.