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Alfredo Romero: «El Gobierno de Maduro usa las detenciones políticas para intimidar»

Alfredo Romero, director ejecutivo de Foro Penal Venezolano

  • Alfredo Romero, director ejecutivo de Foro Penal Venezolano
    Alfredo Romero, director ejecutivo de Foro Penal Venezolano

Tiempo de lectura 4 min.

14 de septiembre de 2017. 02:59h

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Foro Penal es la mayor organización de Venezuela que asiste a las víctimas de la represión. Tiene quince años de experiencia y cuenta con una red de 3.000 voluntarios por todo el país y un núcleo de 200 abogados. Su director ejecutivo, Alfredo Romero, ha entregado recientemente a la Unión Europea la lista certificada de presos políticos venezolanos. La liberación de esos prisioneros es precisamente una de las exigencias de la oposición antichavista para sentarse a negociar con el Gobierno.

–¿Cuántos presos políticos hay en Venezuela?

–El Foro Penal tiene un registro de más de 11.894 detenidos por motivos políticos desde 2014. De esos, 1.214 han sido presos políticos. En esta situación hay ahora mismo 603. Cuando Maduro llegó al poder en 2013 eran once. Lo que el Gobierno hace con los detenidos políticos es intimidar y con ellos logra un efecto extremadamente eficiente. Por eso, de los 11.894 detenidos políticos más de la mitad tienen aún medidas restrictivas de libertad y procesos, y en cualquier momento pueden ser presos nuevamente.

–¿Qué perfil tienen los presos políticos?

–En la categoría uno están los líderes políticos como Antonio Ledezma y Leopoldo López. Son apenas doce, pero son los más conocidos, aunque no los más importantes necesariamente. En la categoría dos están grupos como los estudiantes, militares o activistas. Se les detiene para generar miedo en el resto del grupo del que forman parte, para intimidar. El tercer grupo es el de aquellos presos políticos que el Gobierno utiliza como propaganda para hacerse la víctima. Por ejemplo, han detenido al dueño de los supermercados Día a Día, Manuel Morales, con el argumento de que es uno de los responsables de la «guerra económica».

–¿Las torturas se han convertido en una práctica habitual entre las fuerzas de seguridad?

–Las torturas se han convertido en algo sistemático. En torno al 15% de los detenidos políticos han denunciado tratos crueles o torturas. Y en este porcentaje no se incluyen a las personas que no han denunciado, así que son más.

–¿Cuál es el papel de los colectivos en esta crisis?

–Hay colectivos que son violentos y otros que no lo son. Los colectivos eran unas organizaciones que servían para ayudarse entre ellos mismos. Tenían una voluntad social. Lo que ha pasado es que los grupos paramilitares se han ocultado en estos colectivos. Así que yo prefiero llamarlos grupos paramilitares, civiles con armas que actúan disparando en contra de manifestantes o agrediéndoles.

–¿Por qué han disminuido las protestas si nada ha cambiado en la crisis que vive el país?

–Hay una ruptura entre el objetivo político y el social. La calle ha bajado, el mensaje político que se venía dando se dispersó. Hoy día lo que yo veo es un sentimiento de desánimo y frustración en la población, todo el mundo está esperando mientras hay un mensaje político que no se entiende. Hay una necesidad social distinta del mensaje político que está dando la oposición.

-¿Cuál ha sido la participación de las clases populares en las manifestaciones contra el Gobierno? ¿Apoyan las reivindicaciones de la oposición?

-Las clases populares sí han participado en estas manifestaciones. Puede ser cierto que no confíen en la oposición, pero por lo que se están manifestando es para protestar por una situación económica y política. De todos los que hemos representado en el Foro Penal, la gente de clase media no supera más del 10% de los casos. La gran mayoría de nuestros representados no son pro MUD. Lo cierto es que la mayor cantidad de personas con la posibilidad real de manifestarse son gente de clase media. Por otro lado, las manifestaciones de las clases populares son distintas, ellos reivindican más derechos sociales que políticos. Además, los sectores populares están más intimidados por los colectivos paramilitares y el Gobierno porque dependen del trabajo y de las bolsas de comida que les entregan.

-El Gobierno dice que los manifestantes también han matado a fuerzas del Estado. ¿Cuántos muertos hay de este lado?

-Hay 130 fallecidos en las protestas, de los cuales 103 fueron asesinados. De entre todos esos, nosotros hemos contado cuatro agentes del Estado entre los asesinados. Pero la gran mayoría son manifestantes que fueron asesinados por los cuerpos de seguridad del Estado. Esos cuerpos no han colaborado con la Fiscalía para determinar responsabilidades en esos asesinatos. Hay un ocultamiento de las verdades y desde las autoridades justifican los asesinatos y culpan a la oposición de estas muertes.

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